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ASAMBLEA MUNICIPAL CONSTITUYENTE,

SOBERANÍA EJERCIDA DIRECTAMENTE POR EL PUEBLO SOBERANO

 

 

Qué es la Asamblea Municipal Constituyente?: es el mayor espacio con que cuenta el pueblo para el ejercicio de su soberania.

 

Cómo está conformada la Asamblea?: Está conformada por los delegados y delegadas de las Asambleas Locales.

 

Qué es una Asamblea Local?: Es espacio local: vereda, barrio, gremio, organización e institución a donde confluyen todas las personas a ese nivel.

 

Cuáles son esos espacios ?: Encuentros de productores, distribuidores y comerciantes

 

OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA:

La puesta en marcha de un proceso de evangelización y concientización que conduzca a:

·               ·               El ejercicio de la soberanía popular

·               ·               Construcción del desarrollo integral

·               ·               Consecución de la paz en la justicia social

 

 

RESULTADOS ESPERADOS:

 

·               ·               Consolidación de la convivencia ciudadana: Dentro de una sana discrepancia, lograr que los diferentes grupos políticos coloquen sus ideologías al servicio de los objetivos y que las diferentes manifestaciones culturales traten de poner la tradición al servicio de los intereses del pueblo.

·               ·               Freno a la corrupción administrativa: Se espera que las veedurías ciudadanas sean tan sólidas que le den garantía a las instituciones del municipio y de todo el pueblo.

·               ·               Desarrollo Integral: Estamos seguros que nuestra organización sera el mayor apoyo para el fortalecimiento del cooperativismo para la tecnificación agropecuaria, el mejoramiento de la salud y la educación y la capacitación del pueblo para manejar los destinos del municipio.

·               ·               Participacion ciudadana: basada en la política de “todos ponen”.

 

ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE SOBERANIA POPULAR Y PAZ DE MOGOTES

 

Con esto queremos señalar el conjunto de metodologías, estrategias y acciones que nos han permitido consolidar el proceso tan original y novedoso como es el de Mogotes

 

Consultas directas al pueblo: sobre decisiones trascendentales del munic

Sesiones ordinarias y extraordinarias de las asambleas constituyentes locales

Sesiones ordinarias y estraordinarias de las AMC

Encuentros de comisiones de trabajo

 Encuentros periódicos del Comité Operativo (cada 15 dias)

Acompañamiento permanente y directo del equipo asesor diocesano

Formación entrenamiento de líderes en participación y soberanía, en paz y derechos humanos, etc.

Participación de los delgados en eventos regionales y nacionales

Movilizaciones, peregrinaciones y marchas a nivel local y regional

Recepción de peregrinos, visitantes y observadores

Diálogos con la Policía Nacional, el Ejército, la guerrilla y los paramilitares

marchas de silencio

Utilización de símbolos y signos que tiene que ver con la vida y la historia de los HABITANTES. Canciones, etc.

 Promulgación de mandatos populares

Diálogo con las autoridades a nivel local, regional y nacional.

 

·               Respeto de los grupos armados por el proceso

·               ·               Conocimiento de la Constitución Nacional y su aplicación a hechos concretos

·               ·               Encuentros con la comunidad nacional e internacional para socializar el proceso

 

DESARROLLO INTEGRAL

·               ·               Participación activa de la comunidad en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal

·               ·               Conformación de la escuela de liderazgo democrático

·               ·               Reorganización de la administración municipal

·               ·               Vinculación del 80% de la población al proceso

·               ·               Desarrollo de foros sobre educación, salud, con los candidatos a la Alcaldía y a las corporaciones

·               ·               Conocimiento del municipio y su proceso

·               ·               Organización de grupos asociados y empresas para combatir la pobreza y favorecer el desarrollo, tales como: Gremio de artesanos del fique, Asociación de Discapacitados, Asociación de Caficultores, asociaciones para los invernaderos, gremios de paneleros, conductores, educadores, comerciantes y programa de granjas Integrales.

 

PAZ

·               ·               Se creó la escuela de Artesanos y Constructores de Paz

·               ·               Disminución de muertes violentas

·               ·               Capacitación a los conciliadores de las Juntas de Acción Comunal para la solución pacífica de los conflictos

·               ·               Se ha concientizado al pueblo y se ha involucrado en la búsqueda de la paz

·               ·               Se ha introducido un lenguaje de paz y de reconciliación

·               ·               Ha recibido en 1999 el Primer Premio Nacional de Paz

 

IMPACTO

La gente ha descubierto como el gran logro, que la pobreza y la miseria se combaten con la participación y organización de la ciudadanía, prueba de ello es la consolidación de los gremios existentes y la organización de otros nuevos. Igualmente, son muchas las delegaciones de Colombia y del exterior que visitan esta experiencia.

 

POTENCIAL PARA REPLICAR EL CASO

Vemos la posibilidad de replicar el caso en muchos lugares de Colombia y de Latinoamerica, con los respectivos cambios, acomodaciones y adaptaciones, prueba de ellos son las constituyentes de Tarso en el Departamento de Antioquia en Colombia y en varios municipios del Tolima, tambien de Colombia, inspiradas en gran parte en la Constituyente de Mogotes Pueblo Soberano.

 

OBSTACULOS

·               ·               La influecia politiquera: Los grupos políticos de turno han manejado durante muchos años a la mayoría de los pueblos de provincia en Colombia y esto es muy dificil de desarraigar

·               ·               Las calumnias e injurias hacia los líderes comunitarios

·               ·               Fuerte oposición por quienes siempre han mantenido el poder

·               ·               No toda la comunidad participa

·               ·               Tratandose de la Iglesia Católica, no todo el clero está de acuerdo con que la Iglesia lidere esta clase de procesos

·               ·               El asesinato de un exalcalde y otros más

·               ·               Sañalamientos, amenazas, anónimos, etc

·               ·               La insistencia de grupos armados en hacer presencia

·               ·               Falta de apoyo y respaldo por parte del Estado colombiano a ésta clase de experiencias

 

ERRORES

·               ·               Mandatos emitidos por la Asamblea a personas que están fuera del proceso

·               ·               Mal uso del lenguaje

·               ·               Elegir presidentes colegiados o delegados sin que éstos demuestren antes el verdadero perfil de servidor

·               ·               Dar imagen de un nuevo partido político en Mogotes o de un movimiento cívico cuando el proceso es de todo el pueblo soberano de Mogotes

·               ·               No hacer presencia como asamblea en momentos trascendentales de la vida del municipio, tales como en la fusión de los establecimientos educativos propiciados por el Gobierno Nacional, etc.

·               ·               Algunas veces dar apariencia de ser un movimineto de carácter clerical por la exagerada intervención de los sacerdotes

·               ·               Iniciar el funcionamiento de la Asamblea sin antes haber fortalecido en la base de las organizaciones y los gremios

 

FORTALEZAS

·               ·               Comité Operativo comprometido y consolidado

·               ·               Representación de la mayor parte de la comunidad

·               ·               Vinculación constante de los gremios y asociaciones

·               ·               En un pueblo de católicos demostrar una fe comprometida con el desarrollo integral, la paz y la soberanía popular.

·               ·               La conciencia de participación ciudadana

·               ·               El ambiente positivo hacia el desarrollo, la conviviencia y la organización popular

·               ·               El estímulo que ocasionó el premio Nacional de Paz

 

DESAFIOS

·               ·               El presente estado de cosas requiere el estímulo permanente del Estado para evitar desilusiones y que el pueblo se desmoralice

·               ·               Se necesita permanentemente tener en cuenta que se trata de un proceso que es lento, que es progresivo e incluyente

·               ·               Continuamente se deben fortalecer las organizaciones de base como son: los grupos eclesiales, las Juntas de Acción Comunal, los gremiso, etc.

·               ·               La Iglesia Cátolica como líder en este caso debe tener en cuenta ésto: el proceso es para todo el pueblo y no solo para los católicos

·               ·               Sin embargo, la Iglesia debe mantener el acompañamiento permanente

·               ·               La Asamble Municipal Constituyente debe mantener siempre neutralidad ante los diferentes partidos políticos

 

FUENTES DE INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE SOBERANIA Y PAZ DE MOGOTES PUEBLO SOBERANO

 

Esto se refiere a lo que se conoce como memoria histórica del proceso de soberanía y paz, donde se van registrando las vivencias de un proceso vivo y dinámico en permanente construcción. Las fuentes mas importantes son:

 

·               ·               Todos los Mogotanos y Mogotanas y de manera particular los delegados de la AMC, Comité Operativo, el Obispo Diocesano, el Equipo Asesor.

·               ·               Memoria fotográfica

·               ·               Memoria escrita

·               ·               CD Rom

·               ·               Testimonios escritos

·               ·               Programas de televisión

·               ·               Memoria periodística

 

BOLIVIA

La conclusión principal del Seminario Asamblea Constituyente y TLC

Más de 250 representantes de organizaciones de todo el país formularon una propuesta de la sociedad para la Asamblea Constituyente. Casi todos coinciden en que es necesario nacionalizar todos los recursos naturales.

El 13 y 14 de abril, al menos 250 representantes de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, de trabajadores, mujeres, jóvenes, de derechos humanos, religiosas, culturales y miembros de organismos no gubernamentales se reunieron en un seminario taller para delinear una propuesta de la sociedad civil con miras a la Asamblea Constituyente. En el encuentro, los asistentes coincidieron en que la Constitución Política del Estado (CPE) tiene rango jurídico superior a cualquier ley comercial, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

El Seminario Nacional Asamblea Constituyente y Libre Comercio organizado por el Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLC y el ALCA cumplió su objetivo de elaborar los lineamientos básicos que debería tener la futura Carta Magna. En los dos días de debates, los asistentes abordaron y discutieron los temas más controvertidos que plantea el TLC y elaboraron propuestas para “blindar” y proteger a la Constitución de las presiones que ejercen las empresas transnacionales y el gobierno de Estados Unidos.

En el Seminario, que es una actividad más que realiza el Movimiento social boliviano en el marco de la Semana de Acción Mundial por un Comercio Justo y Solidario, se elaboró la propuesta a partir de cuatro grandes áreas: 1. Agricultura, medio ambiente, recursos naturales y transgénicos; 2. Propiedad Intelectual, salud, biodiversidad y medicamentos; 3. Inversiones transnacionales, empresas estatales y compras del Estado; y 4. Servicios básicos como el agua, energía, transporte, entre otros.

El régimen socioeconómico
Los participantes propusieron incluir el siguiente acápite como una de las premisas de la futura Constitución: El Estado boliviano se fundamenta en la democracia, justicia social, solidaridad, que permita una vida digna a los bolivianos para el desarrollo pleno de las libertades económicas y socioculturales.

Según los asistentes, el Estado debería reconocer la Economía Solidaria entendida como una forma económica que se basa en formas asociativas solidarias con distribución equitativa de los beneficios sociales y económicos entre sus asociados y hacia el conjunto de la población. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas de producción, transformación y comercialización como base para la economía solidaria, que es la base para un desarrollo sustentable y equitativo

Además, en el Seminario se propuso que el Estado promueva y defienda la Soberanía Alimentaria. Un pilar importante para una economía es la producción de alimentos básicos, y se reservará el derecho a establecer políticas agropecuarias. El Estado fomentará la agricultura familiar campesina e iniciativas que provean fuentes de trabajo, y en especial las iniciativas de la misma población, incluyendo OECAs, microempresas, cooperativas, etc.

En Seminario se acordó también definir al régimen latifundista como contrario al interés social. Los campesinos y campesinas tienen prioridad en ejercer el derecho sobre la tierra.

Por la una revolución agropecuaria
Los asistentes al Seminario plantearon que el Estado promueva la producción, acopio, transformación, comercialización e industrialización de acuerdo a los usos y costumbres de cada región del país.

Según el Art. 173 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de conceder créditos de fomento a los CIO para elevar la producción agropecuaria y promover la soberanía alimentaria. Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización y educación del campesino en los ciclos fundamentales, técnico y profesional.

El Estado dará preferencias impositivas a las iniciativas de economía solidaria y creará fondos de fomento a las iniciativas de economía solidaria. El Estado promoverá la agricultura sustentable (Sostenible) a fin de garantizar la soberanía alimentaria del país. Esta soberanía se logrará privilegiando y desenvolviendo la producción agropecuaria interna.

El Estado debe promover también la producción de productos naturales para garantizar la soberanía alimentaria de acuerdo a usos y costumbres de los CIO.

El Estado debe reconocer, promover y proteger las distintas formas de asociación de producción, transformación y comercialización como la economía solidaria de reciprocidad, de cooperativas, OECAs y microempresas. Fomentar la producción nacional dando preferencias en compras estatales a la producción CIO. El Estado debe priorizar la infraestructura productiva para la producción agropecuaria sostenible de las CIO.

Se debe garantizar las compras del Estado para los pequeños y medianos empresarios, haciendo énfasis en el sector agrícola. La producción nacional tiene preferencias y exclusividad en las compras estatales

Los Municipios tienen el deber de fomentar la producción local, generando incentivos al desarrollo local, privilegiando la producción campesina e indígena.

Tierra y territorio
Se propuso que el Estado respete la propiedad de la tierra y el territorio para indígenas y campesinos y originarios según sus usos y costumbres, que son las leyes originarias.

El Estado debe reconocer, garantizar y proteger los derechos económicos y culturales de pueblos. Se debe elaborar una Ley de tierra y territorio, donde se contemple el derecho propietario y administrativo de los pueblos y no así del Estado.

Es preciso conformar un Consejo Agrario nacional de comunidades indígenas y originarias (CIO) que se encargue de la administración de tierra y territorio. El Estado debe prohibir y eliminar el latifundio y minifundio en el territorio boliviano. Las tierras fiscales deben ser redistribuidas a los CIO.

Recursos naturales y medio ambiente
Es preciso detener el saqueo indiscriminado de recursos naturales. Para esto la legislación debe dar prioridad a la satisfacción de las necesidades de todo el pueblo boliviano. La prioridad de la Asamblea Constituyente debería ser la nacionalización de todos los recursos naturales e iniciar un proceso de legislación sobre este tema, dice una de las conclusiones del Seminario.

El manejo de los recursos naturales debe regirse por los principios de responsabilidad con las generaciones futuras y reciprocidad con la naturaleza. Los entes públicos encargados de la gestión del agua están obligados a reinvertir sus ganancias en el servicio.

El Estado debe cumplir el Convenio 169 de la OIT, en su acápite que dice que las comunidades deben ser consultadas antes de emprender cualquier proyecto petrolero, minero o forestal. La explotación de recursos naturales debe ser consultada a los CIO y beneficiarlas directamente, plantearon los asistentes al Seminario Nacional.

Los pueblos originarios tienen todo el derecho de intervenir en la designación de contratos que afecten a los recursos naturales, principalmente hidrocarburos, minerales, agua, biodiversidad y otros.

Los recursos naturales deben ser administrados por las CIO de acuerdo a usos y costumbres. Las actividades de protección y manejo sostenible de la biodiversidad en las áreas protegidas, administradas por el Estado, deben pasar a manos de las CIO. Deben anularse todas las concesiones forestales mineras, petroleras y dotar tierras a las CIO de manera igualitaria.

Es un deber de las generaciones proteger y mantener el ambiente en su beneficio y de las generaciones futuras bajo principios bioéticos. No se permitirá el ingreso (en ninguna de sus usos: investigación, producción y comercialización) de organismos Transgénicos. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica en sus diferentes niveles: genético, específico y sistémico.

El Estado no debe permitir el uso de semillas transgénicas para el cultivo y producción agrícola en el país porque daña el medio ambiente y la tierra. El Estado debe promover el uso de insumos orgánicos para la agricultura ecológica

El Estado debe garantizar que el genoma de los seres vivos no sea patentado, de la misma manera no se podrá patentar animales ni plantas. Las actividades susceptibles de ocasionar daño al medioambiente y ecosistema deben ser sometidas a estudios de impacto ambiental y sociocultural, con la participación de CIO.

El Estado debe impedir la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. El turismo debe ser manejado por los CIO y no por empresas transnacionales. Además, el turismo debe ser comunitario y sostenible, coincidieron indígenas, campesinos y ambientalistas.

Hidrocarburos
Se debe iniciar un proceso de nacionalización de todos los yacimientos de hidrocarburos. El 80% de los recursos que genera de la explotación del gas debe ser para el Estado y el resto para la empresa inversionista.

El 50% de la generación de los recursos por la exportación del gas no constituyen un ingreso real para la nación y por lo tanto debe ser rechazado, opinaron algunos asistentes.

Los hidrocarburos deben pasar por un proceso de industrialización que beneficie a todo el país. El gobierno debe fomentar la industrialización de los productos nacionales para exportar productos con valor agregado y no vender solo materias primas.

Tratados internacionales
Para cada Tratado internacional, el Estado debe hacer un estudio de costos y beneficios para el país en su conjunto tomando en cuenta los diferentes sectores sociales y productivos. Las negociaciones serán transparentes, y serán sometidas a consultas a la población boliviana, sugirieron los participantes.

En tratados internacionales, no se permitirá negociar los siguientes puntos: Soberanía del Estado; Entrega del poder de decisión sobre recursos naturales a países o empresas extranjeras; La privatización o exportación de aguas, privatización de la educación y la salud.

El Estado deberá consultar a todos los sectores sociales principalmente a los productores CIO para cualquier Tratado Internacional.

TLC y servicios
Los responsables del grupo encargado de evaluar el impacto del TLC en el sector servicios sugirieron dejar bien en claro en la futura Carta Magna que la Constitución Política del Estado (CPE) tiene rango jurídico superior a cualquier ley comercial. En virtud al artículo 7 de la CPE (derechos fundamentales de la persona), la prestación de servicios públicos esenciales se rige por la CPE.

Los servicios son un bien público, no una mercancía. Por tanto, el fin de las políticas de manejo de servicios es satisfacer las necesidades básicas del ciudadano, respetar los derechos humanos y medioambientales, antes que garantizar el lucro.

Los servicios básicos y esenciales para los ciudadanos se administran a través de entidades públicas. La prestación de servicios públicos se rige por los principios de solidaridad, universalidad, de respeto de los derechos humanos y del medioambiente.

Como instruye el artículo 135 de la CPE, todas las empresas establecidas en el país estarán sometidas a la soberanía nacional. Todo prestador de servicios debe necesariamente establecer sus oficinas en territorio nacional someterse a las leyes y autoridades de la república y resolver sus controversias en el marco de la justicia nacional.

El Estado tiene la potestad y el derecho de otorgar preferencias a los prestadores de servicios públicos nacionales. El gasto público en salud y educación no es considerado una carga para el Estado, sino un aporte colectivo de la sociedad que se fundamenta en la solidaridad social.

También se propuso que la comunidad tenga el derecho a participar en la gestión del agua y en la fiscalización de la administración del servicio, considerando que los artículos 2 y 4 de la Constitución indican que la soberanía reside en el pueblo.

La regulación de los servicios de agua, educación, salud, energía eléctrica, telecomunicaciones y transportes está a cargo de Consejos Nacionales conformados por representantes del gobierno central, de los municipios y de la comunidad.

En función de la necesidad pública, el Estado tiene la potestad de imponer limitaciones al número de proveedores de servicios, al número total de operaciones y de personas naturales que puedan emplearse en un determinado sector. Ejerce esta función a través de normas o calificaciones, las cuales en ningún caso pueden ser consideradas barreras o trabas al comercio.

Servicios de prestación de agua
El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Por principio, la prestación de estos servicios se antepone a razones de orden económico.

Los servicios públicos de saneamiento y de abastecimiento de agua para consumo humano deberían ser prestados exclusivamente por personas jurídicas estatales, se propuso en el Seminario Nacional.

Servicios educativos y de salud
Los servicios de sanidad pública y los servicios de educación primaria, secundaria y superior son gratuitos y gestionados por el Estado.

La nación boliviana hace suyos los principios de soberanía educativa considerando que: 1. La educación pública en todos sus niveles es atribución privativa del Estado. 2. El derecho a la educación y a la salud están por encima de las reglas de cualquier acuerdo comercial por cuanto son derechos humanos y sociales. 3. El Estado tiene la potestad de normar y vigilar el servicio que prestan las instituciones privadas que brindan servicios de educación y salud, por cuanto ambos sectores son estratégicos.

La educación es gratuita en todos sus niveles, integral y respetuosa de la diversidad cultural. El Estado promoverá una educación solidaria productiva, científica, revolucionaria y comunitaria. El Ministerio de Educación debe incluir la materia de agropecuaria en el currículum educativo nacional.

Inversiones
Las inversiones extranjeras necesarias para el desarrollo del país no deben vulnerar las normas que rigen la Nación y por tanto deben someterse a las leyes bolivianas, dice una de las conclusiones del Seminario.

Todo inversionista extranjero debe dar un informe anual al Estado y al pueblo sobre las inversiones que ha hecho. Los contratos firmados con inversionistas extranjeros, que no exceden los 20 años, deben ser revisados y en caso de anomalías se debe proceder al rompimiento de los mismos. Los contratos deben ser sometidos a la consulta del pueblo mediante Referéndum o Cabildos.

Las inversiones extranjeras nacionales deben estar orientadas a la innovación, productividad, y competitividad, como elementos estratégicos para el desarrollo de la economía. La distribución de las ganancias de todas las empresas nacionales debe destinarse primordialmente a los pueblos con más necesidades

¿Servirá de algo la Asamblea Constituyente?
En el Seminario Nacional fue notorio el escepticismo de ciertos sectores sociales respecto a la efectividad de la futura Asamblea Constituyente.

La Constituyente no transformará nada mientras esté vigente el sistema neoliberal, corresponde transformar el sistema capitalista. La Asamblea Constituyente en el marco en que está planteada es una trampa; por ello debería transformarse en una Asamblea popular, opinaron algunos asistentes.

No se debe permitir que los participantes en la Asamblea Constituyente sean elegidos por el gobierno y menos por los partidos políticos. La Asamblea debe contar con representación genuina del pueblo.

La Asamblea Constituyente debe definir el tipo de Estado y una visión de construcción del país donde se refleje el espíritu de justicia social, coincidió la generalidad.

 

 

 

La Asamblea Constituyente desde la perspectiva indígena.

Por Alejandro Almaraz
Cochabamba, 7 de septiembre de 2005.

            La sociedad boliviana se halla próxima, aparentemente, a vivir el extraordinario acontecimiento político de la Asamblea Constituyente. De acuerdo con la función y atribuciones que le otorga la Constitución Política del Estado, y las propias expectativas de amplios sectores de la sociedad, la Asamblea Constituyente podrá tener la especial trascendencia de determinar, desde el texto de una nueva Constitución Política del Estado, integrales y profundas transformaciones en el Estado y la sociedad bolivianos. No obstante, como se podrá advertir más adelante, existen suficientes elementos de juicio para considerar que su realización no está aún garantizada.

 

            Una primera reflexión necesaria en torno a la Asamblea Constituyente es la relacionada con su génesis histórica. A diferencia del conjunto de las reformas legales e institucionales que se aplicaron en el país a lo largo de las dos últimas décadas, que en general respondieron a la iniciativa de la centralidad política y al patrocinio de los organismos financieros multilaterales, y se orientaron bajo el paradigma neoliberal, la Asamblea Constituyente se genera en el campo de los movimientos sociales populares y de la contestación a aquel paradigma dominante. En efecto, es probablemente el año 2000, en la ciudad de Cochabamba, que desde las movilizaciones sociales que protagonizaban la “guerra del agua” se plantea por primera vez la necesidad de canalizar grandes transformaciones en el país por la vía de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, es recién el movimiento indígena el que transforma este postulado en una demanda social propiamente dicha, al dotarle de un sustento propositivo e impulsarlo vigorosa y sostenidamente con su movilización.

 

            Éste fue, como parte central de un proceso más extenso, el sentido de la marcha que realizaron a mediados del año 2002 las organizaciones indígenas del país, y que tuvo la singularidad histórica de enmarcar la confluencia física y programática de los movimientos indígenas de tierras bajas y altas en torno a la demanda de la Asamblea Constituyente. Esta marcha fue también singular en su desenlace y resultados, puesto que, hasta su culminación en la ciudad de La Paz, no logró de los poderes públicos ningún acto significativo en favor de la Asamblea Constituyente, y fue con el transcurso del tiempo y el desencadenamiento de la crisis económica y política que los otros movimientos sociales le dieron la victoria. Esto revela que, si bien los indígenas en marcha no lograron conmover al poder político en aquel mes de junio de 2003, sí lograron transmitir sus demandas a un vasto conjunto de movimientos sociales que han encontrado en la Asamblea Constituyente el medio institucional para resolver, pacífica y democráticamente, la agobiante crisis nacional desde sus más profundas e históricas raíces, y para construir un país nuevo y más justo.

 

Así, hoy la necesidad de realizar prontamente una Asamblea Constituyente es un innegable consenso nacional, y los propios sectores políticos, que en su momento fueron irreductibles en su negativa a la demanda de la marcha indígena y firmes en su descalificación de la Asamblea constituyente, ahora pugnan por arrogarse méritos y protagonismo frente a la inminente realización de la misma. De haberse escuchado y atendido las demandas de la marcha indígena desde el poder político, es altamente probable que se hubiesen podido evitar la conmoción, los enfrentamientos y las muertes que ocurrieron después, demostrando dramáticamente la impostergable necesidad de adoptar soluciones profundas a la crisis nacional, desde la más genuina y directa voluntad de la sociedad boliviana.

 

ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 

            Como se ha sostenido líneas atrás, el movimiento indígena nacional se ha constituido en un actor fundamental en la construcción de la demanda social de la Asamblea Constituyente y en el rápido proceso de su adopción expandida al amplio conjunto de los movimientos sociales del país. En el propósito de una mejor comprensión de tales procesos, es conveniente detenerse en una rápida consideración de sus principales antecedentes históricos.

 

            Para empezar, cabe advertir que no debe entenderse al movimiento indígena como un actor social con unidad orgánica nacional, o una determinada organización indígena. Es más bien pertinente reconocer en él, a la amplia convergencia de muy diversas organizaciones indígenas de todo el país, incluyendo a las que denominándose campesinas reconocen y reivindican su identidad indígena u originaria, en torno a las reivindicaciones  históricas que postulan la emancipación indígena de la dominación colonial y neocolonial. Así visto, el movimiento indígena ha insurgido históricamente a partir de la década de los ochenta, convirtiéndose, mediante un intenso y complejo proceso de emergencia reivindicativa, en el más vigoroso y dinámico movimiento popular en la contemporánea configuración social y política del país.

 

            Al interior del amplio y diverso espectro que supone el movimiento indígena nacional, el movimiento indígena de las tierras bajas del país ha cumplido un rol precursor, no solamente respecto a la definición de las iniciativas y estrategias indígenas dirigidas a las Asamblea Constituyente, sino también respecto a la identidad y construcción programática del propio movimiento indígena nacional. En efecto, es el movimiento indígena de tierras bajas el primero en asumir, superando en muchos casos la experiencia sindical campesina, la explícita identidad indígena. Son también los indígenas de tierras bajas los primeros en sustentar la construcción programática integral del movimiento indígena en la reivindicación del derecho al territorio. Por último, es también del movimiento de tierras bajas que surge la definición estratégicas de incorporar al ordenamiento legal el conjunto de derechos indígenas especiales, articulados en torno al concepto central de territorio, concentrando en ello las principales iniciativas y esfuerzos reivindicativos.

 

            El preponderante rol cumplido por el movimiento de tierras bajas en la emergencia nacional del movimiento indígena, está directamente determinado por el proceso histórico de colonización desarrollado en las tierras bajas con características distintas al producido en la región andina. Los pueblos indígenas de la región andina del país, por una parte, han obtenido el reconocimiento de determinados derechos desde el inicio mismo de su temprana colonización, aunque los mismos se insertaran en el orden global de segregación y discriminación impuesto en la base de la dominación colonial. Por otra parte, estas comunidades fueron beneficiarias de la Reforma Agraria de 1953 al recuperar su original dominio sobre las tierras hacendales en la región andina, aunque este importante beneficio tuviera el precio de la negación de sus particulares identidades étnicas, impuesto por el nacionalismos revolucionario mediante la implantación de un sentido de ciudadanía culturalmente homogeneizante en torno a la identidad campesina y mestiza. Estas circunstancias históricas determinaron que al momento de agotarse el modelo jurídico y político de la Reforma Agraria, menos de cuatro décadas después de su dictación legal, las comunidades originarias de los ande bolivianos se encontraran en un momento aún difícil y conflictivo, aunque ya irreversible, del proceso de recuperación de su identidad étnica.

 

            En las tierras bajas, en cambio, la visión dominante que el Estado y la propia sociedad mayor tuvieron de los pueblos indígenas históricamente, fue la de interpretarlos, ante todo, como un obstáculo natural para la ansiada apropiación y explotación de los espacios tropicales, cuya colonización era deseada en función de sus riquezas naturales y no de sus habitantes. Debido a ello, estas poblaciones indígenas no merecieron ningún tratamiento formal en las políticas del Estado ni en sus leyes, mientras que, en los hechos y silenciosamente, eran sometidos con extrema violencia al despojo territorial y a la esclavitud. La Reforma Agraria en las tierras bajas de Bolivia tuvo un sentido en general inverso al adquirido en la región andina. La legalidad y las políticas públicas emergentes de la Reforma Agraria, consideraron a los hasta entonces insubordinados pueblos indígenas de los llanos tropicales, como “grupos selvícolas”, cuyo “estado salvaje” y “organización primitiva”exigía una suerte de tutelaje estatal que los convertía en interdictos colectivos para el ejercicio de los derechos comunes a las personas, sin reconocerles, claro está, los derechos especiales indígenas. Esta negación partía de la descalificación de los sistemas migratorios tradicionales de ocupación del espacio practicados por estos pueblos como formas legítimas de posesión de la tierra. Consecuentemente, se consideró en las políticas públicas que solo cuando se sedentarizaran y convirtieran en agricultores independientes, mediante la labor de las misiones evangélicas norteamericanas agrupadas en la Academia Lingüística de Verano, podrían estos indígenas ser titulares de los vitales derechos agrarios.

 

            La política de fomento a la agroindustria adoptada por el Estado de la Revolución Nacional como filosofía de la Reforma Agraria en las tierras bajas, significó, además de la legitimación y ampliación de las formas tradicionales de latifundio en la región, la agresiva incursión de nuevos actores empresariales, como es especialmente el caso de las empresas madereras. A causa de todo ello, los pueblos indígenas de las tierras bajas sufrieron, en este periodo, el más intenso y devastador proceso de despojo de sus espacios territoriales. Así, al comenzar la década de los años 80, la presión ejercida por los distintos actores no indígenas se hizo insostenible para estos pueblos, al amenazar, de modo cierto e inminente, la posibilidad de retener sus últimos espacios territoriales y, aun más, de recuperar algunos otros ya próximos a perderse. Ante esta ineludible y letal amenaza, surge el movimiento indígena de las tierras bajas, unificando a un amplio y heterogéneo conjunto de organizaciones étnicas hasta entonces dispersas, en torno a la fundamental misión de defender y reivindicar el territorio, y al desarrollo de una nueva estrategia para este propósito, centrada las especiales potencialidades del movimiento para generar la masiva solidaridad social y para interpelar al Estado.

 

            Desde su mismo inicio, el movimiento indígena de las tierras bajas buscó ocupar, mediante sus principales demandas, los espacios de la legalidad pública en los que se había aplicado históricamente la exclusión y la discriminación contra la sociedad indígena. En esta perspectiva, desarrolló rápidamente una importante capacidad propositiva en el campo de las reformas legales alternativas y, aun más, dio al conjunto de su accionar una fuerte inclinación jurídica. Una muy significativa demostración de ello está dada en la propuesta de Ley Indígena elaborada y demandada por CIDOB, cuya especial trascendencia fue la de constituirse, en los hechos, en el programa fundacional del movimiento indígena de tierras bajas y en la simiente de las muchas propuestas legales con las que posteriormente expreso sus demandas. Asimismo, es también en el ámbito de las reformas del ordenamiento legal que el movimiento de tierras bajas obtiene sus primeras victorias reivindicativas, como es el caso, con particular importancia, de la suscripción y ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado boliviano, constituido desde 1991 en el primer instrumento legal que dio reconocimiento a los derechos especiales indígenas en el país, y sobre cuya base se fundamentaron jurídicamente las demandas concretas con las que se avanzó en la vigencia y ejercicio de los derechos territoriales indígenas.

 

EL MOVIMIENTO INDÍGENA EN LOS PROCESOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL           

 

A muy poco de iniciado este camino, en 1994, el movimiento indígena de las tierras bajas encontró, en el proceso de Reforma Constitucional de aquel año, la oportunidad de incorporar sus reivindicaciones históricas en la base misma del ordenamiento legal, donde, hasta aquella coyuntura, habían sido siempre ignoradas.

 

            El proceso de Reforma Constitucional de 1994, surgió, en el contexto de las reformas de ajuste estructural, de la iniciativa de los actores dominantes dirigida a otorgar a las radicales reformas liberalizadoras que se hallaban en curso, el sustento constitucional que les era necesario para su viabilidad dentro el estado de derecho. No obstante, también desde la sociedad civil existía la expectativa de darle un carácter más justo y democrático a la institucionalidad pública mediante una reforma constitucional. Ante esta expectativa social, la iniciativa gubernamental de activar el proceso de reforma supuso la apertura de una oportunidad, en todo caso, no exenta de riesgos y conflictos. Fue este el razonamiento adoptado por el movimiento indígena de tierras bajas, que asumió aquella oportunidad desplegando la capacidad de proposición e interpelación ya adquirida por entonces.

 

            De manera coherente con la orientación neoliberal del conjunto de reformas en el que se inscribió aquel proceso de Reforma Constitucional, el proyecto gubernamental  de nuevo texto constitucional supuso omisiones fundamentales en el tratamiento del tema indígena. En efecto, en la redacción del artículo 171 de la respectiva Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, plenamente expresiva del proyecto gubernamental, la declaración de los derechos indígenas hacía total omisión del derecho al territorio, incluso al de la sola tierra, asumido por el derecho internacional y los mismos pueblos indígenas, como fundamental y decisivo para su propia subsistencia. El transcurso de los últimos acontecimientos en la problemática agraria del país, y particularmente en el proceso de saneamiento y titulación de las tierras comunitarias de origen, no deja dudas acerca de que aquella ostensible omisión no respondía al error ni a la casualidad, sino que pretendía reservar para la inversión privada y el mercado los diversos recursos naturales del país, inevitablemente disputados por los procesos de reestructuración, reapropiación y demanda territorial que los pueblos indígenas se ven favorecidos de realizar al amparo del reconocimiento legal de sus derechos territoriales. Ante esta grave adversidad, fue necesario que las organizaciones indígenas de tierras bajas desarrollaran una intensa estrategia elaborando y canalizando, hacia el poder constituyente y la sociedad civil, una propuesta de inclusión de los derechos indígenas en la nueva CPE. Consecuente con las ya referidas definiciones programáticas del movimiento indígena, aquella propuesta se centró en una amplia conceptualización del territorio indígena, básicamente coincidente con la noción de hábitat acogida en el Convenio 169 de la OIT.

 

            La figura constitucional de las tierras comunitarias de origen es el resultado transaccional de compulsa entre la demanda indígena de una holgada y explícita inclusión del derecho al territorio, y la absoluta e irreductible negativa gubernamental al reconocimiento de tal derecho. Si se considera que para el movimiento indígena el punto de partida en esta confrontación era el de la absoluta exclusión de los derechos territoriales indígenas, cabe reconocer que el resultado transaccional logrado representó un substancial e histórico avance en su fundamental reivindicación social. Este resultado ha cobrado todavía mayor importancia con la adopción y aplicación del nuevo marco legal en materia agraria, pues la figura constitucional de las tierras comunitarias de origen ha encontrado, también merced a la iniciativa e interpeladota de las organizaciones indígenas, una regulación que la configura en una aceptable cobertura legal de la dimensión patrimonial de los derechos contenidos en la noción integral de territorio indígena.

 

            Por su parte, las organizaciones indígenas y campesinas de la región andina del país, que hasta entonces no habían asumido la demanda de territorio indígena, encontraron en este proceso de apertura de la constitucionalidad a los derechos indígenas, desencadenado por la emergencia del movimiento indígena de tierras bajas, la circunstancia propicia para hacerlo, profundizando su proceso de reivindicación étnica e iniciando su histórica convergencia con los pueblos de tierras bajas, de la que devino la emergencia nacional del movimiento indígena.

 

            No obstante los importantes logros reivindicativos del movimiento indígena en la Reforma Constitucional de 1994, las aspiraciones del mismo respecto a la normativa constitucional no se detuvieron. Por el contrario, el acrecentado movimiento indígena multiplicó y profundizó sus demandas en este campo. Este comportamiento se debió, en primer término, a la necesidad de ampliar y profundizar la preceptuación constitucional del derecho al territorio indígena. Si bien en la Reforma Constitucional de 1994 se logró con la estipulación del derecho a las tierras comunitarias de origen un primer y valioso reconocimiento constitucional de los derechos territoriales indígenas, los alcances prácticos del mismo se han restringido al ámbito de los derechos patrimoniales, básicamente de propiedad de la tierra y acceso a los recursos naturales renovables, dejando un sensible vacío en relación a los recursos naturales no renovables. Pero además, en el ámbito político de tales derechos, básicamente expresados en las potestades políticas y administrativas que corresponden al ejercicio de la territorialidad indígena, el soporte que brindan los preceptos constitucionales es mínimo.

 

            Por otra parte, el conflictivo proceso de efectivización de los derechos territoriales indígenas, centralmente contenido en el saneamiento y titulación de TCOs, viene demostrando con creciente elocuencia que la declaración formal de los derechos indígenas será muy poco útil si la vigencia real de los mismos está mediada por estructuras de poder excluyentes y adversas, como las que hasta hoy han regido la institucionalidad pública del Estado boliviano. La percepción indígena a este respecto revela que, si bien la causa de este poder adverso no radica en la CPE, una profunda e integral reforma de ésta contribuiría a desplazarlo en función de un nuevo y más auténtico sistema democrático, en el que tengan lugar los derechos indígenas en la realidad y no sólo en la formalidad jurídica.

 

            Es así que el movimiento indígena dio continuidad a sus iniciativas y demandas de reforma constitucional, esta vez fortalecido por su articulación nacional y por el enfoque integral de reforma estatal en el que pasaron a sustentan sus propuestas de reforma constitucional. Si en la reforma de 1994 el movimiento indígena concurrió a un escenario de reforma abierto por los actores dominantes, con el razonamiento de aprovechar la oportunidad para incorporar los particulares derechos indígenas a la normativa constitucional, en el proceso de la reforma constitucional de 2004, es la estrategia y la movilización indígena la que desencadena el proceso, orientada en la perspectiva de promover la reforma global y profunda del Estado, y no sólo de continuar la inclusión de los derechos indígenas en la CPE.

 

            La influencia indígena en la reciente Reforma Constitucional se centró en el desarrollo e impacto de la marcha nacional realizada a mediados de 2003, exigiendo la convocatoria y realización de una Asamblea Constituyente. Esta acción respondió, por un lado, a la percepción indígena recién mencionada, de que una más amplia, profunda y, sobre todo, efectiva preceptuación constitucional de los derechos indígenas sólo sería posible en el marco de una reforma integral de la institucionalidad pública, capaz de satisfacer las crecientes aspiraciones de transformación democrática de la sociedad boliviana en su conjunto, y de resolver la profunda crisis nacional desde sus causas históricas  y no sólo desde sus manifestaciones coyunturales. Por otro lado, partió también del convencimiento de que una Reforma Constitucional, con las características y alcances mencionados, debería operar mediante un mecanismo que asegure la más amplia y directa participación social que sea posible, y garantice la efectividad inmediata de sus resultados, necesaria para resolver los impostergables problemas nacionales. Respecto a ambas premisas, el procedimiento de reforma constitucional previsto hasta entonces sin alternativa en la CPE, resultaba drásticamente adverso, pues subordinaba las posibilidades de participación ciudadana a la mediación monopólica de los partidos políticos, y difería los resultados del proceso en un plazo inaceptablemente largo.                                      

 

     Si en la Reforma Constitucional de 1994 la iniciativa indígena fue determinante para el reconocimiento constitucional de los derechos territoriales indígenas, en el caso de la reforma producida 10 años después, fue decisiva para la propia apertura de la reforma y para la adopción de La Asamblea Constituyente como su principal contenido. Esto último se desprende de la interpretación de los mismos actores políticos que sancionaron la reforma, lo que, en cierta medida, le da a la misma un sentido histórico instrumental respecto al más pleno y profundo proceso de reforma constitucional que se producirá en el marco de la Asamblea Constituyente en proceso de convocarse.

 

LA PROPUESTA INDÍGENA DE CARÁCTER Y COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

 

            En relación a las propuestas que actualmente sostiene el movimiento indígena con miras a la Asamblea Constituyente, tiene especial importancia una previa consideración de las condiciones organizativas en las cuales se vienen construyendo y socializando dichas propuestas.

 

            En tal sentido, se debe advertir que la marcha por la Asamblea Constituyente del año 2003 fue el punto de partida en el arduo proceso de intercambio y reflexión conjunta por medio de cual, las organizaciones indígenas de los llanos y los andes que confluyeron en la marcha, han consolidado y profundizado su articulación programática y estratégica y la han ampliado a las demás vertientes orgánicas del movimiento indígena en el país. La expresión formal de este trascendental logro organizativo unitario del movimiento indígena fue la constitución, en septiembre del pasado año, del Pacto de Unidad del Movimiento Indígena y Campesino de Bolivia, como instancia de coordinación y acción conjunta de las organizaciones indígenas y campesinas de todo el país. En el Pacto de Unidad participan, además del conjunto de organizaciones indígenas de todo el país, con contadas excepciones, todas las organizaciones nacionales campesinas, como son la CSUTCB, la CSCB, la FNMCBS, el MSTB y varias otras organizaciones de carácter sectorial, como las organizaciones de trabajadores asalariados del campo o de afectados por los desastres ambientales. Es desde esta inédita instancia de aglutinación nacional que el movimiento indígena y campesino ha venido construyendo y expresando sus propuestas en relación a la Asamblea Constituyente.

 

            Las propuestas del Pacto de Unidad Indígena y Campesino frente a la Asamblea Constituyente abordan dos asuntos principales. Por un lado, las reformas que deberá tratar y aprobar la Asamblea Constituyente y, por otro, las condiciones en las que deberá reunirse la Asamblea y que deberán contenerse en la respectiva Ley Especial de Convocatoria. En razón a que este segundo asunto debe resolverse primero dando viabilidad jurídica y política a la realización de la Asamblea, y a que de él depende su carácter democrático y sus posibilidades transformadoras, las propuestas indígenas relacionadas al mismo son las más acabadas. A su vez, los contenidos fundamentales de las propuestas indígenas en este asunto pueden sintetizarse en el carácter y la composición de la Asamblea Constituyente.

 

            En relación al carácter que debe tener la Asamblea Constituyente, el movimiento indígena ha definido que el mismo debe sustentarse en los conceptos de soberanía y participación. En el documento público en el que el Pacto de Unidad Indígena y campesino difunde su propuesta frente a la Asamblea Constituyente, se hace la siguiente formulación referida al carácter soberano de la misma: “La Asamblea Constituyente tiene que ser soberana por que es, al mismo tiempo, depositaria y máxima expresión de la voluntad popular; debe ser autónoma respecto a los poderes constituidos y debe actuar libremente, sin subordinaciones ni condicionantes, como el máximo poder del Estado. Para no desvirtuar este principio fundamental, mientras la Asamblea Constituyente se instale y sesione, las atribuciones y facultades ejecutivas y parlamentarias deben ser restringidas.”

 

            En el mismo documento, se dice lo siguiente respecto al carácter participativo de la Asamblea: “La Asamblea Constituyente tiene que ser participativa por que sólo la participación social garantiza una Asamblea útil, fecunda, integradora en su mirada al país, y capaz de reflejar la realidad nacional; debe ser incluyente por que está abierta a todos los sectores sociales, pueblos indígenas, naciones originarias y regiones del país. La sociedad debe apropiarse –en primera persona e indelegablemente- de la Asamblea Constituyente para que ésta sea un espejo de los deseos, esperanzas y convicciones de todos los bolivianos.”

 

            En cuanto a la composición de la Asamblea Constituyente, asunto decisivo en representatividad y su potencialidad trasformadora, el movimiento indígena ha diseñado una propuesta caracterizada por su amplitud. El propósito fundamental de dicha propuesta es el de brindar las mayores posibilidades o en su caso garantías, para que el conjunto de la sociedad boliviana, con todos sus componentes sociales, políticos y étnicos, esté representada en aquella suprema instancia del poder público, facultada para decidir sobre futuro nacional en el mediano o largo plazo, que se quiere que sea la Asamblea Constituyente.

 

            Bajo este criterio básico, la propuesta indígena postula una Asamblea Constituyente compuesta por 248 representantes elegidos en 3 niveles o circunscripciones. Un primer nivel es el de las circunscripciones locales, correspondientes geográficamente a las circunscripciones uninominales vigentes para la elección de diputados, en cada una de las cuales se elegirían por voto directo a los 3 candidatos más votados. Un segundo nivel, sería el de las 9 circunscripciones departamentales, en cada una de las cuales se elegirían por voto directo a los 2 candidatos más votados. Por último, existirían 26 representantes indígenas, 16 de ellos representando a las naciones originarias de la región andina y elegidos según los usos y costumbre de sus respectivas naciones, y 10 elegidos por voto directo en circunscripciones especiales indígenas en las tierras bajas.

 

Como puede apreciarse, esta propuesta combina  distintos factores de representatividad social y política vigentes. Así, se rescata el mandato local y personalizado que en los últimos años ha revitalizado la representación política y ha constituido un evidente avance en el sistema democrático del país, y, a la vez, se contempla la representación departamental, como nivel adecuado par acoger la articulación de visiones y propuestas intersectoriales y para canalizar la participación de sectores organizados sin referencias territoriales locales. Asimismo, con las representaciones indígenas se garantiza que la diversidad étnica del país se exprese en la Asamblea, haciendo que los excluidos de siempre no sean nuevamente excluidos, lo que negaría el más elemental carácter democrático en el evento llamado definir las bases institucionales de un nuevo y mejor país. Más específicamente, las representaciones indígenas tiene la función y justificación de contrarrestar las severas desventajas a las que las comunidades indígenas, sobre todo en las tierras bajas, se hallan sometidas en los procesos electorales a causa de sus condiciones demográficas, de sus altos y eternos porcentajes de indocumentados y, más en general, de las distintas formas de exclusión cultural que sufren.

 

Un importante dato que actualiza la situación de la propuesta indígena referida al carácter y composición de la Asamblea Constituyente, da cuente de que en el Proyecto de Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente recientemente aprobado por la Comisión Especial para la Convocatoria a la Asamblea Constituyente del Congreso Nacional, en una de las redacciones alternativas respecto a la composición de la Asamblea, se ha recogido la propuesta indígena con la sola variación de establecer 2 representantes por circunscripción local en lugar de 3. Al mismo tiempo, este Proyecto establece, en virtud al acuerdo unánime de los miembros de la comisión, las 26 representaciones indígenas propuestas por el movimiento indígena. No obstante, para las organizaciones indígenas sería precipitado acoger un especial optimismo, dado que los contenidos del mencionado Proyecto pueden ser totalmente modificados en el proceso de aprobación de la Ley, y que en ellos mismo existe otra alternativa de composición de la Asamblea absolutamente adversa a las aspiraciones indígenas.

 

LA PROPUESTA INDÍGENA DE REFORMAS A SER ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

 

            Como se ha anticipado líneas atrás, las propuestas y demandas indígenas en el ámbito de las reformas constitucionales, que representan la finalidad de la Asamblea Constituyente, están centralmente orientadas por la articulación, en una visión y propuesta globales, del desarrollo de los derechos indígenas y la reforma general de la institucionalidad pública. Esta orientación básica resulta indiscutiblemente pertinente ante la realidad nacional, en la que lo indígena atraviesa y satura todos los espacios y aspectos de la problemática social.

 

            Esta visión integradora de las trasformaciones institucionales que el movimiento indígena sostiene en función de la Constituyente no se ha expresado aún en propuestas acabadas y unificadas, pese a los varios años de discusión y construcción que se vienen desarrollando a su interior y a la existencia de múltiples aportes y demandas al respecto. Sin embargo, en el nivel de la convergencia programática y coordinación organizativa nación que se expresa en el Pacto de Unidad, las organizaciones indígenas han traducido aquella visión de las reformas esperadas en la siguiente agenda para la Asamblea Constituyente:

 

1.                                   El nuevo carácter incluyente y plurinacional del Estado que permita la construcción de un país compartido.

2.                                   Las reformas de los poderes públicos, la relación y la efectiva independencia entre ellos, para garantizar que actúen con transparencia y con controles efectivos a la corrupción.

3.                                   La recuperación de la independencia y soberanía nacionales, para que las decisiones que nos afectan a todos no las sigan tomando organismos multilaterales y gobiernos extranjeros.

4.                                   La profundización de la democracia participativa, la democracia comunitaria y el respeto a los sistemas organizativos de las naciones originarias.

5.                                   La recuperación y reconocimiento de la justicia comunitaria y los usos y costumbres, estableciendo en Bolivia el pluralismo jurídico.

6.                                   La profundización y vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos, incluyendo los derechos indígenas.

7.                                   El reordenamiento territorial, reconociendo las autonomías territoriales indígenas y departamentales.

8.                                   Un nuevo modelo económico que reemplazará al que todavía se aplica.

9.                                   Un nuevo modelo de gestión de los recursos naturales renovables y no renovables, que garantice el control soberano y el uso sustentable de ellos.

10.                               La cuestión de la tierra y el territorio, para resolver con justicia su distribución y administración.

 

En todo caso, es indudable que el mayor bagaje propositivo, que el movimiento indígena genere y traslade a la Asamblea Constituyente, estará referido a la preceptuación de los derechos indígenas, y, en ese marco, es también evidente que la noción integral de territorio continuará ocupando el centro temático y la orientación estratégica de las propuestas indígenas. En este marco, y atendiendo siempre a la doble dimensión en la que los derechos territoriales indígenas han venido siendo internacionalmente concebidos y estipulados, la expectativa indígena general es la profundizar y ampliar los derechos de orden patrimonial, ya acogidos básicamente en la CPE, y conquistar el reconocimiento de los derechos de orden político, casi totalmente ignorados en el ordenamiento constitucional vigente.

 

En la esfera de los derechos patrimoniales se tratará, en lo fundamental, de consolidar y complementar la figura de las tierras comunitarias de origen contenida en el actual artículo 171 de la CPE. Más allá de este propósito básico, los principales y más apremiantes problemas que los pueblos indígenas vienen confrontando en el ejercicio de sus derechos a la tierra y el territorio, y sus más sentidas demandas y esfuerzos de defensa territorial, permiten identificar las siguientes propuestas específicas frente a la Asamblea Constituyente:

 

1. La declaración estableciendo que todas las tierras fiscales y disponibles en el país, se distribuirán exclusivamente por dotación a favor de pueblos indígenas u originarios y de comunidades campesinas.

2. El reconocimiento de los derechos indígenas sobre los recursos no renovables existentes en el subsuelo de sus tierras, expresados principalmente en el derecho a la consulta y la participación en beneficios económicos respecto a las operaciones de explotación de hidrocarburos, y el derecho de aprobación previa y participación en beneficios económicos respecto a las operaciones mineras.

3. El reconocimiento de los derechos intelectuales colectivos de los pueblos indígenas sobre el uso y aprovechamiento de los recursos de biodiversidad.

4. La garantía y protección del uso y consumo tradicional que los pueblos indígenas hacen de los recursos hídricos que existen o discurren por sus tierras.

5. El reconocimiento de los sistemas normativos tradicionales y de las autoridades comunitarias indígenas para regir la administración y el aprovechamiento de sus tierras y de los recursos naturales existentes en ellas.

 

En la dimensión política de los derechos territoriales, las propuestas indígenas serán previsiblemente más amplias y complejas y se dirigirán, en general, al reconocimiento de la autonomía política y administrativa de los territorios indígenas. Si bien al momento no existe aún una propuesta específica y común al respecto, puede reconocerse una tendencia dominante a interpretar la autonomía en cuestión, como la facultad de los pueblos indígenas de autogobernarse en sus espacios territoriales de acuerdo a sus propias normas comunitarias y sistemas de organización social, sin dejar de formar parte del Estado boliviano, sino más bien, fortaleciéndolo desde sus propias identidades y voluntades comunitarias. Esta idea general de autonomía, se ha desarrollado hasta ahora en dos mecanismos institucionales específicos y susceptibles de regularse complementariamente: el de la entidad político-administrativa y el del municipio indígena.

 

El mecanismo de la entidad territorial político-administrativa, sigue, básicamente, las experiencias logradas en las reformas constitucionales de Colombia y Ecuador, y supone esencialmente la inclusión de los territorios indígenas en la división político-administrativa del Estado, otorgando a sus pueblos la potestad de ejercer, por medio de sus normas y autoridades comunitarias, las facultades políticas y administrativas descentralizadas que corresponden a los gobiernos departamentales. Por su parte, el mecanismo del municipio indígena, respecto al que las propuestas indígenas tienen ya una importante y relativamente larga trayectoria, supone otorgar a los territorios indígenas la condición de municipios especiales, que, en el marco de las funciones y la autonomía municipales, eventualmente ampliadas a algunas otras atribuciones pertinentes, se rijan también por las normas y las autoridades comunitarias.