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AUTOGÉNESIS BASE PARA UN MODELO COLABORATIVO SOBERANÍA DIRECTA POR LA DEMOCRACIA DECISIVA

 

 

 

MAS DE 3 DÉCADAS DE NEOLIBERALISMO EN LA REGIÓN

 

autor  ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO  ( propiedad intelectual registrada )

  

3 DÉCADAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD, LA AUTOGENERACIÓN DE RECURSOS, CONCEPTO GENERAL, EN LA ORINOQUIA       

 

MARCO CIENTÍFICO

 

La naturaleza por medio de la fotosíntesis, transforma la energía solar en biomasa (materia viva) y en factores abióticos (materia inerte).

 

El movimiento de los seres humanos y de los animales, es un proceso de autogénesis, de transformación de materia en energía dinámica(movimiento), en energía calórica(temperatura corporal); segundo a segundo, los seres vivos transformamos la materia en energía y la energía en materia, existe un transcurso natural de autogeneración de recursos que produce agua, oxígeno y otros tipos de materia no viva y factores abióticos que además son fundamentales para la vida, este es un proceso inherente a la biodiversidad y a la geología, que evoluciona el valor social, que es tan importante en la medida en que se comprende socialmente y se adquiere sentido de pertenencia colectiva sobre él; el constante y generoso aporte del sol, los egoístas pretenden apropiárselo privadamente, manteniendo en la ignorancia a las mayorías, se impide a las comunidades su manejo y comprensión, los nuevos recursos que se producen instante a instante, son patrimonio de la humanidad, ningún descubrimiento o ningún invento justifican su individual apropiación.

 

La autogénesis, para los seres vivos, es el fundamento de su sistema inmunológico; es la base de la vacuna que genera los anticuerpos, o del estímulo de las barreras celulares que atacan los virus y bacterias malignas. El transporte de genes en virus inofensivos, como vehículos de terapia genética, se soporta en la autogénesis para agilizar y acelerar la actuación del medicamento contra el factor de desorden y tener mayor alcance en la corrección del defecto en el genoma del individuo; en la actualidad, esta terapia genética, aporta nuevas alternativas a la evolución de la medicina y la relación sociedad-salud e inclusive se puede considerar en el rescate de colectividades e individuos con serios problemas mentales; las neuronas se pueden reestimular hacia actitudes sociales, corrigiendo comportamientos antisociales y corrigiendo degeneraciones naturales.

 

La biósfera aporta también soluciones normal y espontáneamente en el proceso salud-enfermedad, como en lo económico, la emisión local de las monedas nativas y métodos de intercambio justo, que reproducen y estimulan la autogeneración de relaciones sociales, de convivencia, de respeto, de armonía y ecología.

 

La fotosíntesis incide en la autogénesis de conocimiento, con la alimentación del cerebro, entre más óptima sea la irrigación sanguínea del cerebro mejor será su funcionamiento, reflejado en evolución permanente de la conciencia y sabiduría del individuo; la autogeneración de creatividad, en lo colectivo, se estimula mediante la investigación, por razón del análisis, mediante la reflexión, por medio de la orientación o educación, con la ayuda del estudio y mediante el manejo de la soledad que es el fundamento primordial de la democracia.

 

 

ANTECEDENTES CENTENARIOS

 

En el año 1492, llegaron unos individuos que estimulados con una concepción aristócrata terrateniente ganadera y creyéndose superiores, se apoderaron del patrimonio de los indígenas; la soberanía es eliminada en América, por estos agresores españoles e italianos y posteriormente por los ingleses; la perversa conquista, para evangelizar a los sometidos indígenas, instaura gobiernos confesionales que ocultan la autogénesis de la abundancia, ignoran toda la sabiduría milenaria de los aborígenes y eluden el conocimiento ambiental nativo, solo toman en cuenta la cuantiosa riqueza a granel criolla, para saquearla, nunca para reproducirla en América.

 

La agresión económico-cultural, imposibilita recapacitar de manera diferente a la religiosa, instala como superiores a los extraños y coloca como inferiores a los nativos, cinco siglos, ha durado este lastre psicológico que impide pensar con total independencia; con ella se exterminan comunidades armónicas, se impone el ecocidio, la potrerización y la masacre biológica, porque sistemáticamente se introducen los métodos violentos e imposiciones, orientados por dogmas, así fue disminuido el conocimiento autóctono que fue aberrantemente avasallado por la religión católica; esta desafortunada y descontextualizada concepción clerical, choca permanentemente contra la realidad, porque está impuesta diaria y violentamente por ellos, quienes se acostumbraron a tomar medidas desde afuera, los testaferros se prestaron a permitir que otros decidieran.

 

Portugal, no trae el impedimento religioso, y Brasil se salva de ese nocivo efecto, durante mas de tres siglos.

 

Desde la llegada de los españoles, se engendra un morboso ataque contra la autogénesis de la abundancia y contra la propiedad colectiva, se impone la propiedad feudal que permite la apropiación de grandes latifundios, permite fundar pueblos para controlar los terrenos conquistados y saqueados; en torno a los pueblos en los que la burocracia clerical crea a su imagen y semejanza una burocracia política, se va creando la violencia institucionalizada e institucional, en contra de los nativos, en contra del espacio itinerante vital de la población, en contra de la biodiversidad del terruño; la región, aunque es bastante resistente a toda este esta indescriptible agresión, debe ser protegida y preservada por razones humanas, naturales y científicas: en ella, se ha garantizado la soberanía alimentaria, la pervivencia aquí se posibilita y se ha facilitado el estudio empírico por parte de los mismos aborígenes y conocimiento de los ecosistemas.

 

Las exuberantes riquezas económicas, el agua en abundancia, la producción de alimentos, fibras, medicinas, productos industriales o combustibles y éticas, el germoplasma, permiten definir circunstancias alternas con las que los pueblos del mundo se defienden; la autogénesis, fundamental principio en la medicina preventiva, con las vacunas controla e impide las epidemias y enfermedades mortales, este aporte de la ciencia mundial, impidió el exterminio de la comunidades aborígenes no católicas que nunca aceptaron el monoteismo; esta situación cambió totalmente, mediante una dinámica de apropiación social, de construcción de comunidad y convivencia, la labor constructiva de las mesas de decisión, de los trabajadores, asociaciones de usuarios y de la comunidad en general, consiste fundamentalmente en promover la organización; buscar, establecer, crear y concertar creativas formas de fortalecer los mercados locales, apoyados en el concepto de crear un sistema solidario de manejo de nuestro ahorro, bancos regionales de producción, ahorro y vivienda, que promueven la concurrencia entre la red de solidaridad y las cooperativas del ahorro social basada en la colaboración de los trabajadores, para aterrizar proyectos productivos generadores de empleo, sobre la base de los Fondos de producción local.

 

La conquista dirigida por la aristocracia terrateniente ganadera española que gobernaba allí, ordena arbitrariamente, acabar la propiedad colectiva de los indígenas, contra este precepto de pervivencia, no es favorable a la religión, y esta  cumple un papel desordenador de primer orden en la conquista, porque rabiosa y piadosamente trae la propiedad privada y su modelo latifundista, que ataca violentamente la función social y ecológica de la propiedad precedente.

 

El saqueo y la alienación, orientados por una ética perversa que manipula a los individuos, despreciando e incomprendiendo la biodiversidad que encuentran y tosa esa abiogénesis que es inmensamente disponible, los invasores imponen la propiedad privada acompañada de la carga religiosa, todas estas equivocaciones han significado grandes pérdidas para la humanidad, fruto de la arbitrariedad institucionalizada; la autogeneración de recursos, es atacada por los europeos en la conquista de América, con su modelo depredador, expropiante y acumulativo; la vida digna, le es inherente al ser humano, de ésta aspiración altruista de cada ser humano, tenemos muestras de comportamientos en las zonas indígenas, donde la autogénesis le permite a los nativos pervivir armónicamente y les facilita la recolección en abundancia, es allí, donde la especulación se ahoga en la abundancia, por eso aquí, no han existido, ni existen, ni existirán Bancos Financieros.

 

Durante los cinco siglos todas las comunidades no creyentes, han sido aniquiladas, o apabullantemente disminuidas como los Achaguas que habitaban orinoquia venezolana y colombiana, los piapocos, los guahibos y muchas colectividades precedentes; los caribes fueron exterminados, porque no encajan en la estúpida concepción metafísica.

 

Agregando masacres, al genocidio de la comunidad guayupe que habitaba en el piedemonte llanero desde Medina hasta la Sierra de la Macarena, es otra muestra de la ética perversa que manipula a los individuos hacia expoliación por parte de foráneos que creen que los nativos no tienen derechos; esta sociedad nativa, fue exterminada en el siglo comprendido entre el año 1600 y el año 1700, esta centuria fue la del saqueo del oro de río Ariari, y la comunidad indígena fue acribillada después de ser obligada a esta explotación, para llevar el precioso metal a los reyes de España.

 

Arbitraria y violentamente se institucionaliza el despojo de grandes extensiones; a los testaferros de los foráneos que se creen con derecho a apropiarse de lo nuestro, su excluyente y siniestra concepción de la vida, les evita pervivir con base en la autogénesis que autoriza al nativo a subsistir sabiamente, la cultura indígena, el precedente armónico, es todo un prospecto colaborativo que no se ha dejado exterminar, propositivamente rescata e institucionaliza principios y los lleva a la práctica con resistencia pacífica que es una maravillosa educación contextual y ecológica, es todo un proceso desechado por los partidarios de la hegemonía, el miedo de esta élite los lleva a atacar los modelos e ideas alternativos, para no tenerlos en cuenta; el daño ambiental y humano, contiene una ética perversa que manipula a los individuos, con efectos de deuda social, peligrosidad inconmensurable, difícil de medir. Aunque en el año 1780, los Estados Unidos, se independizan de Inglaterra, los vínculos entre Washington y Londres se mantienen, y en adelante se llamará por el presidente de USA, de ese entonces James Monroe, Doctrina Monroe: “América para los americanos.”, en el año 1822, con el respaldo y firma secreta del “TRATADO de VERONA”, los países europeos acuerdan retomar las antiguas colonias ahora independizadas de Europa.

 

En el período colonial, con enfermedades traídas de Europa, hubo un desconocimiento de la autogénesis preventiva, que en la medicina milenaria, es el fundamento de la vacuna que genera los anticuerpos que atacan las bacterias o virus malignos, hubo una soterrada y perversa ética de desprotección para los pueblos indígenas, de ejercicio diario de la arbitrariedad; después, en los movimientos independentistas y en la creación de las repúblicas, en este contexto latinoamericano, son confundidas las metas sociales por el modelo excluyente que impedía el reconocimiento de la autogénesis y la evolución de sanos propósitos, porque en el período republicano, financiando las guerras de independencia Inglaterra reemplaza a España.

 

¿ Cómo intervienen los ingleses en los asuntos internos de los países de América ? y ¿ qué consecuencias tiene en Colombia, y en la historia de Latino América, la Doctrina Monroe ?.

 

Los ingleses hicieron del Opio un gran negocio, y para ocultar su actitud, acusaban a los chinos de viciosos, de basura humana y de todo lo malo que pudiera decirse sobre los que utilizaban el opio; los ingleses impulsaban e inducían a los chinos a usar el opio, pero los ingleses fueron precisamente aquellos que criticaban su consumo, tan dados a dominar al mundo y usar y abusar de su poder en todas partes, toman el tabaco originario de América y lo exaltan en Inglaterra y en los países que giraban en su órbita económica.

 

Por otra parte, los ingleses empezaron lo que más adelante se llamó el “Opium trade”, porque vieron un excelente negocio en el opio, que fumaban los chinos, la disculpa de su agresión, mientras trabajaban como esclavos en la construcción del sistema ferroviario de USA. Los chinos lo utilizaban culturalmente, pero, no se enloquecieron ni se lucraron con ese “negocio”, pero los ingleses no han entendido ni comprenderán su equivocación.

 

Con una ética basada en la reciprocidad, en la responsabilidad, la colaboración de los nativos, distribuye la abundancia, ha promovido durante 5 siglos, la protección de la biodiversidad de sus países; poco a poco, sobre esta riqueza biótica, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, se está teniendo en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Permanentemente la renegociación colaborativa, ha generado el replanteamiento de la relación entre producción, distribución y consumo, hacia la reproducción de relaciones armónicas de pervivencia y de la propiedad colectiva sobre la base fundamental del hábitat autosuficiente.

 

Al conocimiento ambiental de los indígenas, a toda esa hermosa precedencia, le es inherente una reproducción de sanas relaciones sociales que los hace manejar así sea empíricamente, la autogénesis que los autoriza a subsistir integralmente; pero la orden de entregar estos terrenos a la corona española, introduce perversamente el homicidio y el genocidio, e introduce el desprecio por la naturaleza, así se institucionaliza el modelo depredador que a bellas cuencas y microcuencas las denomina y las convierte en caños; la comprensión de los nativos sobre su entorno, fue brutalmente agredida, para introducir la propiedad privada latifundista ganadera, pero aún así, esta sabiduría, ha estado aquí durante estos siglos, suavizada por el sincretismo religioso, no pudo ser sustituida por el monoteísmo y las creencias religiosas católicas. Las comunidades indígenas, comprenden que la energía solar, como parte de nuestros ecosistemas genera, seres inermes como el agua y otros tipos de materia no viva.

 

La ampliación del espacio vital y la repotencialización de los recursos propios, constituyen la base estructural para la solución a todos los problemas sociales, fue disminuida por las pavorosas reducciones indígenas desde el año 1942, los conquistadores, no pudieron acabar con el comunismo primitivo, en el que perviven las comunidades indígenas, donde la noción de propiedad no concurre ni es pertinente, porque la autogénesis les ha autorizado a subsistir sabia e integralmente; aunque se niega y se desconoce conciente e inconscientemente, el antecedente étnico y su entorno, se trata de ignorar, porque es una realidad que evoluciona esencialmente, sobre la base innegable de las sociedades indígenas que perviven con un pacífico plan de vida y que está llena de experiencias que promueven nuevas formas de intercambio proporcional, que demuestran alternativas, contra el modelo violento, excluyente, acumulativo, depredador y a la propiedad elitista y latifundista que nos impusieron los colonizadores.

 

Este paradigma que desprotegía y desconocía la abundancia, actúa en contra de la autogeneración de recursos, poco a poco, introduce el tema monetario creando bancos estatales e introduce ideas sobre banca central comunes en Europa y en el naciente imperio de los Estados Unidos; se defiende el interés público con limitaciones al ejercicio de los derechos individuales, pero reproduciendo la dominación externa.

 

El intangible valor social de la prospectiva colaborativa, que crea el Gobierno de Artesanos, primer gobierno socialista en el mundo, es todo un nuevo método científico e incluyente, fundamentado en la solución a los problemas y que renace fundamentado en luchas auténticas como la que se gestó desde la corta pero trascendental administración de Melo en 1854, en contra de la ética perversa que manipulaba a los testaferros draconianos y en resistencia contra el control británico a la producción y al comercio; en contra de la producción de los artesanos, de la manera más retrógrada, se instala el régimen bancario, con la Regeneración que viabiliza la dependencia económica y de manera incipiente empieza a imponer el crédito bancario y la política de tasa de interés que controla el desarrollo económico.

 

Miguel Antonio Caro, permite que a largo plazo, el gobierno tenga fuerte poder sobre la emisión y que la sociedad con el sofisma se organice centralizadamente, sobre una pobreza que permite que exista la caridad, en el período comprendido entre 1857 y 1886; impone la arbitrariedad, porque los gobiernos de la Regeneración, no permite la expresión verbal y anula la expresión política, continuamente convocan al Estado de excepción, eliminando la libertad de pensamiento, bloqueando la legitimidad, Desde el punto de vista de la política, el proyecto de la Regeneración fortaleció el estado central y monopolizó la violencia. El Banco Nacional fue parte de esa estrategia, al darle un poder de financiamiento de los excesos de gasto que implicaron las guerras civiles y que se convirtieron en un elemento clave que garantizó el triunfo de los regeneradores.

 

En cuanto a condiciones para entrar a la modernidad, Caro sentó las bases de un sistema político unitario que pudo prosperar después. La idea del Banco Nacional era más moderna y apropiada que las propuestas por los liberales, pero le faltaba no tanto la esencial independencia legal, sino la estructura de un Estado balanceado que limitara el poder central, para no abusar de su emisión y un enfoque más cooperativo con la banca privada. No hay que olvidar que los bancos centrales modernos surgieron en tiempos de crisis económicas como garantes del sistema de pagos y de apoyo a un sistema financiero más seguro.

 

Con relación a los impuestos, el proyecto regenerador fue regresivo e impediría desarrollar un Estado fuerte, más legítimo, más eficiente y dotado de una amplia capacidad para construir la infraestructura física y de educación que requería el desarrollo económico del país. Sería un Estado manejado por una burocracia poco educada, mal paga cuando se le pagaba y con muchos incentivos para ser corrupta. Sobre todo, era un sistema despótico en donde los impuestos eran evadidos y los que se recaudaban eran mal asignados, despilfarrados o robados.

 

Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, implementan políticas económicas y monetarias que introducen en la Constitución de 1886.

 

En Colombia había una tradición parlamentaria limitada y el Congreso y la propia asamblea constituyente montada por Núñez y los conservadores fue precisamente en contra de una burguesía liberal, los comerciantes y los banqueros, aunque hubiera una pequeña representación en ellas de la oposición liberal más conciliadora. En el año 1880, Miguel Samper, rechaza el papel dinero, pero acepta algunas de las bondades de los bancos de emisión públicos, bajo la dependencia del gobierno limitado y absurdamente controlado por determinaciones impuestas desde afuera. Cree que la moneda sana, que la emisión de papel moneda por un banco público central, sea convertible en metal cuando el portador quiera; la emisión, debe estar respaldad por el trabajo, por la producción nacional de oro, plata y excedentes en el comercio exterior del país, quitándole el poder de emitir discrecionalmente al gobierno.

 

Es con premisas erróneas, como la Regeneración, logra el control estrecho de la sociedad por parte de un Estado religioso, se anticipa al manejo monetario del siglo XX; los gólgotas comprendían y apoyaban a las comunidades artesanas e indígenas que comprenden la reciprocidad y se resisten a desaparecer; reviviendo la coincidencia generalizada y el intercambio justo, porque son procedimientos lógicos y científicos para resolver los problemas, ya que cortan esencial y radicalmente con círculos viciosos de intermediarios innecesarios y especuladores de todo tipo, repotencializando el pensamiento, recuperando la energía, el espacio vital, distribuyendo abundancia y fundamentalmente motivando la imaginación, en contra de las premisas falsas, como la deuda impagable pública externa o familiar.

 

La prensa quedó  amordazada, la independencia de la prensa fue restringida y la autonomía de expresión, se bloquean afectando al partido liberal, Rafael Uribe Uribe era el único representante, dando lago de representación a los antioqueños, así, se empezó a utilizar a los medios de comunicación, como órganos de poder, manipulados por el ejecutivo. El nombramiento de gobernadores y alcaldes, arrasó la política local, postrando la burocracia política ser imagen y semejanza de la burocracia clerical y su doble moral católica, que logran llevarla al orden constitucional.

 

La Regeneración, es un movimiento político que retorna al centralismo aristócrata ganadero y latifundista traído por los españoles, en reacción contra el federalismo que pretendió orientar hacia el desarrollo capitalista e integración al mercado mundial, que era la tendencia mundial predominante, con argumentos sobre la banca central, como parte integral de su concepción del Estado que terminaron por aplicarse en el siglo XX; a la representación en el Congreso se le introduce la posibilidad de ser manipulada por el propio ejecutivo, se implanta la aterradora alianza entre represión e interés especulativo, con desprecio y atropello contra los derechos individuales, de pensamiento, civiles y religiosos, de expresión y participación, y se va haciendo creer que la autoridad del Estado no está basada en el pueblo soberano ni en el consenso de los ciudadanos sino en su carácter divino al que los ciudadanos deben obedecer.

 

Las extremas se tocan; los Estados Unidos, elaboran el complot para apoderarse de Panamá y posteriormente del Canal de Panamá, este es el capitalismo en su etapa superior el imperialismo, entrando a Colombia; se crean situaciones contradictorias, porque el liberalismo asocial coincide con el conservatismo económico, como la circunstancia en la que un importante dirigente del partido liberal, Rafael Uribe Uribe, se apoye en el fundador de la República Conservadora, justificando ingenuamente una política económica intervencionista, pero en esencia antiliberal y apátrida que facilita la intervención norteamericana para que se separe Panamá de Colombia; esta ruptura territorial, afecta negativamente los intereses individuales, poniendo toda la práctica social en torno a una visión paternalista católica caritativa y feudal.

 

Aunque el Partido liberal no tenía un programa de revolución democrática, al menos habían confiscado los bienes de la Iglesia católica, abolido los diezmos y primicias, y le había arrebatado a ésta su monopolio sobre el crédito, que mantuvo hasta 1850, haciendo posible el despegue de la acumulación de capital financiero que aceitaría la inversión cafetera y todas las ramas de los negocios, Rafael Núñez, en el año 1884, cree que el papel moneda era “un peligro continuo para toda propiedad circulante”, se la habían jugado al librecambio, cuya suerte corrió paralela a la de las exportaciones de tabaco. La crisis del tabaco y la posterior del añil, significó la ruina económica y el desgaste político del modelo liberal y federal.

 

En el año de la Constitución de 1886, el Banco Nacional, recibe el monopolio de la emisión monetaria, restringiendo la banca libre privada; no garantiza libertades políticas ni derechos fundamentales, la oposición fue encarcelada, fusilada o desterrada por un sistema servidor del gobierno central, y la vida municipal fue disminuida. La emisión autónoma del papel dinero, es introducida con garantía del Estado, sin respaldo en oro para los billetes, en oposición a los bancos europeos y a la tesorería norteamericana que mantenían creen en la emisión limitada al respaldo en oro; en reemplazo de impuestos, impuso limosnas voluntarias, que los ricos donan con la condición de que sean administradas por la Iglesia. Se regenera la expoliación y la desigualdad como condiciones necesarias y permanentes.

 

La emisión monetaria,  entre los años 1880 y 1898, financia la guerra de los Mil Días, hace primar la fe en lo sobrenatural sobre la realidad, la burocracia clerical retoma un nuevo poder; entre el año 1850 y el año 1920, fueron impuestos los códigos civiles que reconocían únicamente la propiedad privada, como que anula cualquier contemplación sobre el hábitat autosuficiente, y dando un nuevo aire al modelo depredador, promueven el irrespeto al entorno natural y se inaugura la primera época comercial en la que los sistemas agrarios latinoamericanos fueron incorporados al mercado mundial; en Colombia se cristaliza un aterrador dogmatismo en la Constitución de 1886, el elemento religioso en la Constitución de 1886, implanta una burocracia clerical, un Estado Confesional.

 

Rafael Uribe Uribe, alcanzó a opinar:

“Porque el Estado remplazó la moneda metálica, de estimación y curso libres, por el papel moneda, de estimación y curso forzosos; porque lo ha emitido sin regla ni medida; porque repetidas veces ha quebrantado la fe pública con respecto a ese papel, o sea a la cantidad existente y a las promesas de cambio o valorización; y aunque en virtud de ese atropello de la libertad económica suministró el instrumento del agio, trastornó las nociones de valor, desquició las bases de la propiedad y del trabajo, alteró la medida de los cambios y fundó los elementos del desastre, sonsacando los capitales del empleo útil y reproductivo de las industrias, para lanzarlos en el juego de bolsa y en la usura...”

 

“La emisión de papel es un recurso especialísimo, gratuito”, repite Caro.

 

Aníbal Galindo, en el siglo XIX, afirma: “Auméntese la masa de los signos representativos y no se habrá agregado una sola partícula a la riqueza del país; se habrá elevado solamente el precio nominal de los productos; pero la tasa de interés no variará, porque la masa relativa de los valores reales, es decir, de los instrumentos de trabajo, permanecerá la misma en presencia de las mismas necesidades”, con esta versión, desconoce la autogénesis, básicamente por ignorancia al respecto, aunque existían investigaciones precedentes como la Expedición Botánica que señala la autosuficiencia y la dinámica propia de la riqueza de nuestra geografía, flora y fauna.

 

El financiamiento de la guerra de los Mil Días se hizo casi exclusivamente con emisión primaria, porque el gobierno no pudo recurrir a más impuestos ni al crédito externo, que tenía cerrado por incumplimiento, ni al crédito interno, porque había empleado formas involuntarias para extraerlo y había sido nuevamente incumplido con sus compromisos, y tampoco a los impuestos, porque el Congreso dejó de colaborarle y echó para atrás, entre otros, el impuesto al café en 1898.

 

La poca visión de los liberales se concentró en concebir no tanto un gobierno limitado en su sentido de que impidiera el despotismo, sino en abogar por un Estado demasiado pequeño, incapaz de garantizar el imperio de la ley y el orden y de construir la infraestructura física que aceitara el desarrollo económico. La Constitución de 1886 introdujo elecciones indirectas, requisitos de alfabetismo y propiedad para votar mientras que el fortalecimiento del ejecutivo hizo raquítica la vida política de las localidades. Sin una célula elemental de elección y acción política para los ciudadanos, sería muy difícil en el tiempo un desarrollo democrático del país y un Estado que respondiera eficientemente frente a las necesidades de sus ciudadanos.

 

A finales del siglo XIX, al contrario, de los partidos liberales europeos, racistas, xenófobos, excluyentes, clasistas y dogmáticos, los liberales en Colombia, tenían una visión más progresista: desarrollar un sistema político federal y tributario que acercara el contribuyente al político, con algo que decir tanto sobre su cuantía como sobre el destino que podía tener, pues el sufragio era universal y aplicado a los niveles locales, estatales y nacionales. Se preocuparon también por que la tributación fuera progresiva y no afectara negativamente a los que menos tenían, como lo defiende y reconoce en varias ocasiones Rafael Uribe Uribe: el liberalismo bebe en las fuentes del socialismo.

 

La venganza religiosa, contra las expulsiones, organiza un complot, impulsa una agresión orquestada desde el año 1900, cohonestada desde Europa, en Guatemala y El Salvador, para que cultivos como el café de exportación, que necesitaban mano de obra indígena, eliminara las tierras comunales, esta agresión también se implementó con religiosos como en Colombia; es evidente que el pensamiento de Caro está en los cimientos del modo de pensar colombiano moderno, aunque la idea del Banco Nacional fracasa y la tradición de banca central colombiana después de la hiperinflación que resultó del financiamiento de la guerra de los Mil Días sería de emisión moderada.

 

El monopolio de la emisión, lo adapta Colombia, desconociendo la abundancia y la autosuficiencia, sin la comprensión de la importancia de este recurso económico; el banco emisor, se concibe no como regulador del sistema financiero, organizado moralmente por la Iglesia católica, así, se plantea como financista del gobierno y accidentalmente como competencia de la banca privada y prestamista de última instancia.

 

Miguel Antonio Caro, inspirado en Alfonso el Sabio, del siglo XIII, quien unificó a España y para fortalecer los reinos que concentraron el proceso abusó de la emisión de moneda de baja ley, afirmó que: “la moneda cara es lujo de pueblos ricos, y el pueblo atrasado que, preocupado por ser rico, se empeña en competir en fondos pecuniarios con aquellas naciones a las cuales no puede emular en población, en organización y en industria, presenta claramente síntomas de que su debilidad física se agrava con su debilidad mental”, afirma además que ”La sobrevaluación de la moneda es prerrogativa del soberano, sólo que pugna con preocupaciones arraigadas”. También se equivoca, “libre estipulación”, lo que hoy en día se entendería como una dolarización limitada, que permitía la circulación de monedas de oro y plata de otros países y del dólar en el país. Según Caro, “ella significa la repudiación legal del papel moneda, o mejor dicho, de la moneda nacional, tan mala como se quiera, pero único numerario que hoy tenemos por obra de aquellas leyes de que antes se ha hecho mérito y de la sanción de la costumbre”

 

Estas afirmaciones erróneas, sobre una emisión mayor de la que necesita la economía, causa problemas, consideran imposible un orden político que no esté basado en la esclavitud o en la religión, falacias basadas en premisas falsas, para justificar un Estado controlado por la Iglesia católica que impone su autoridad sobre toda la población, que se opone a la libertad de cultos, a todo el pensamiento ilustrado, a la racionalidad moderna, al liberalismo, al utilitarismo y al pragmatismo, a las ciencias y en particular las sociales porque el fanatismo cree que son elementos pecaminosos que si no confluyen con la religión, contribuyen al desorden político, al ateísmo, a la confusión mental y a la anarquía.

 

La deuda pública en Colombia estaba constituida por papelitos en manos de particulares, préstamos que habían sido tomados a la fuerza, ya fuera suministros de guerra, contratos no cancelados o préstamos contra la vida del sujeto y que por lo general no se pagaban, a menos que éste contara con mucha influencia posterior y pusiera sus papeles al frente de la larga cola de obligaciones pendientes. Los pagos incluyeron propiedades eclesiásticas y millones de hectáreas de los baldíos que tenía el despoblado país (Rojas).

 

Caro aduce que el papel moneda favoreció el desarrollo económico del país y que, en particular, facilitó la expansión cafetera.

 

Miguel Antonio Caro en el año 1902, trata de hacer coincidir las necesidades del comercio con una oferta limitada de billetes; rechaza los excesos de circulante y emisión, cree que estos excesos generan pérdida de confianza en la moneda, en el peso colombiano de papel, hacia el que la gente dudaba; le ordenaba a la fuerza pública detener al que transara en otra moneda distinta, frenar nuevas emisiones, recoger billetes mal impresos y cambiarlos; después de la guerra de los Mil Días, mediante la ley 33 de 1903, se estableció como unidad monetaria el peso oro.

 

Una agresión muy fuerte contra los sistemas indígenas tradicionales de tenencia de el hábitat autosuficiente comunal, con la ley y disposiciones legales planteaban e insistían en la abolición de sistemas comunales de tenencia de tierra; en Villavicencio Colombia, se disuelve la comuna de Apiay conformada por una sociedad eminentemente hidráulica con una extensión aproximada de 100.000 hectáreas, en el año 1903, la tenencia es transformada de propiedad colectiva a posesión particular; en esos años, llegan los hermanos cristianos de La Salle, y otras comunidades católicas europeas a imponer la propiedad privada, a eliminar la comuna de Apiay, la orden es imponer el dogma católico para impedir la repotencialización de los recursos propios, que mundialmente ha demostrado ser la solución a todos los problemas sociales.

 

Desde el año 1903, con la pérdida de Panamá por Colombia, se reafirma la intención imperialista de los Estados Unidos, aprovechando las secuelas de la primera guerra mundial, deja sometida nuestra nación a sus intereses, así se pierde la vergüenza por parte de las clases sociales que cohonestan y aceptan la independencia de Panamá, eliminando el equilibrio en las relaciones bilaterales en 1914 con el Tratado Urrutia-Thompson, y se protocoliza el sometimiento en la indemnización en el Gobierno de Marco Fidel Suárez (1918-1922).

 

En el año 1905, Sergio Convers, en Villavicencio, en preliminares de la primera guerra mundial, tiene la misión de acabar la propiedad colectiva con la compra de el hábitat autosuficientes a los comuneros, en esta oscura negociación, con los católicos insistían en que si los agricultores no registraban sus espacios itinerantes en un período de tiempo, las demás pertenencias de esta sociedad hidráulica por excelencia, pasaban al Estado para ser tratadas como baldíos, así, las venganza religiosa se implementó y se utilizó al Estado para su posterior apropiación por particulares.

 

Venezuela, elimina la propiedad privada sobre el hábitat autosuficiente, elimina el apetito individual sobre la tierra, esta es la ambición que causa tanta violencia. En Brasil, la enorme extensión y la ausencia de intenciones proselitistas religiosas, impiden la guerra por el control territorial, la guerra por la tierra.

 

La desinformación, o el saber ancestral, generalmente reguló las relaciones hombre-naturaleza, pues esencialmente se regulaban las relaciones patrimoniales y por eso es difícil reconocer los derechos colectivos o difusos que suponen una interrelación entre el hombre con la comunidad y el entorno que habita.

 

De 1920 a 1930, contra esta agresión y apropiación, la Revolución Mexicana rescata la función social y ecológica de la propiedad, limita el tamaño máximo de cualquier propiedad, define que el sistema de producción no debe ser feudal ni explotador, y avanza trascendentalmente hacia el reconocimiento del intangible valor social de la autogénesis que autoriza al nativo a subsistir sabiamente. Pero posteriormente varias reformas en toda América Latina, degenerando el contenido del aporte mexicano, infiltradas e influenciadas principalmente por europeos, ignoran al campesino sin tierra, quisieron acabar con el feudalismo e introducir el capitalismo en el campo, favorecieron a la pequeña y mediana propiedad, pero con un desprecio por los campesinos sin tierras, para estos no hubo esfuerzos para dotarlos de tierras.

 

El patrón oro fue reemplazado desde 1930, para la emisiones de moneda, se implementan para resolver la crisis económica y financiera del año 1929, se había abandonado, que era un ancla disciplinaria sobre la emisión monetaria, las emisiones no lograban alcanzar el pleno empleo y, si acaso, frenaban la deflación de precios, mientras que los países se encerraban en el proteccionismo y los gobiernos acudían al control de precios.

 

En el año 1943, se acepta internacionalmente que deben abolirse las restricciones para emitir. La Alemania nazi, emite para la guerra, esta moneda constituye una solución que puede acelerar el desarrollo económico, cuando los factores que explican la acumulación de capital de largo plazo tienen que ver con factores institucionales y reales más importantes que el de la circulación monetaria: el ahorro, la inversión, el clima favorable para la profundización de ambos, la legitimidad de los derechos de propiedad, una justicia rápida y eficiente, la educación y disciplina de la fuerza de trabajo, los bajos costos de transacción, la capacidad exportadora. Cuando el exceso monetario deviene en inflaciones altas se nubla el clima que hace posible el desarrollo económico y éste aborta.

 

La moneda sana, es una herramienta de autosostenimiento; el partido liberal con Salvador Camacho Roldán, Miguel Samper y Rafael Uribe Uribe, promueven la emisión autónoma; pero de la mano de la falta de vergüenza, se promueve la entrega de Panamá a los Estados Unidos, la soberanía monetaria y esta traición a la patria con la pérdida del territorio panameño se va bloqueando simultáneamente con la ampliación de las ambiciones norteamericanas; la intimidación se institucionaliza con la entrega del canal de Panamá, y en particular la guerra de los mil días y invasión marcan varias generaciones que se vienen a reencontrar hasta después del regreso del partido liberal al gobierno en el año 1930.

 

La función social de la propiedad, fue reconocida en la legislación colombiana, desde el año 1932, por el Presidente Alfonso López Pumarejo; a partir de ese gobierno, se reconceptualiza la necesidad del hábitat autosuficiente y se trata de pervivir con base en modelos e ideas alternativas para tener en cuenta el intangible valor social del trueque que se fundamenta en la autogénesis que autoriza al nativo a subsistir sabiamente; la humanidad trata de proponer y comprender la economía basada en los recursos propios, y en lo ideológico hasta el año 1936, se garantiza nuevamente la libertad de conciencia y de cultos.

 

Con la Revolución Mexicana, hay un reconocimiento expreso del derecho a un hábitat autosuficiente; en general a los campesinos, se le registran derechos laborales, seguro social, y se reconocen derechos de las sociedades indígenas. Ese es el concepto y contenido de la función social que se recupera, reinició y cambia todo el panorama legal en América Latina, preparó el contexto jurídico, para los nuevos enfoques internacionales sobre los derechos fundamentales e influyó enormemente sobre los convenios internacionales sobre los derechos de las sociedades indígenas, por la restitución a los indígenas de las tierras que les han sido despojadas; reconoce el ejido, como sistema de propiedad que está entre el sistema comunista y el sistema capitalista occidental, donde hay un Estado fuerte que tiene el derecho de intervenir sobre la tenencia de el hábitat autosuficiente, pero a la vez respeta la propiedad privada si cumple con su función social; reconoce derechos a vivienda, salud, seguridad social, estos derechos laborales en el campo, el salario mínimo, para que el propietario asuma obligaciones hacia su fuerza de trabajo.

 

En el año 1940, en el Gobierno de Olaya Herrera, la concepción hegemónica, se impone al vincular el futuro de Colombia con Estados Unidos; se crea la dependencia de las inversiones extranjeras y se introduce su participación en la balanza comercial, el déficit en cuenta corriente, se resuelve decretando una devaluación del peso, haciéndolo convertible por una menor cantidad de plata, con un aumento de la emisión comprometido a no abusar de ella, en este período se oficializan los préstamos a nuestro país.

 

El 22 de julio de 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, se pactó la creación de instituciones como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, durante la segunda guerra mundial, en el documento denominado "Pilares de la paz", se difundieron acuerdos que le dan facultades al dinero, creando un monstruoso imperio de los billetes, contenido en este tipo de conceptos: "las materias del dinero internacional y de las finanzas son importantes para la paz y la prosperidad"; se impone la convertibilidad del dólar con respecto al oro, asignando al comercio exterior privilegios que afectan la vida de toda la humanidad, asumiendo que todos los países tienen un interés vital en el intercambio de divisas nacionales; así se apropian de las regulaciones y condiciones que gobiernan su funcionamiento. A los billetes de Estados Unidos que circulaban por el mundo, se les facilitó la equivalencia a reservas en oro existentes en Fort Knox.

 

Todos estos procesos están profundamente marcados por los conceptos de la Revolución Mexicana; derechos laborales, extensión máxima del hábitat autosuficiente y la confiscación de la tierra con ánimo de lucro posterior, que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del Tercer y Cuarto Mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta. Cuando las supuestas amenazas al paranoico y salvaje capitalismo, han desaparecido y no quedan ya pretextos para las guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, deben cesar los egoísmos, los hegemonismos, la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño.

 

Por medio de la dialéctica que combina el cambio de actitud familiar con la lucha colectiva, se califica el intangible valor social de la autogénesis que autoriza al nativo a subsistir sabiamente; se pone en evidencia la injusticia y violencia institucionalizada, se rechaza la agresión corporativa ejercida indolente y principalmente por los especuladores financieros; desde 1944 a 1972, el Superestado de las Multinacionales, se refuerza y desconoce toda la economía real existente, la controla y la sujeta a la inversión extranjera e ignora la recolección que protege la cobertura boscosa, desprecia el trueque que dinamiza las relaciones entre los municipios y sus habitantes, abandona la economía compartida, y desconoce el comunismo primitivo con el que perviven las comunidades indígenas desde 1492, por esto, en relación al concepto de función social no puede dejar de considerarse lo que piensan los pueblos indígenas.

 

Las agrupaciones consumistas, nacieron de las antiguas potencias coloniales y de políticas imperiales que engendran el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad, pero, los abusos no son eternos, la lucha por los derechos humanos evoluciona; con el fin del apartheid, el nuevo gobierno, de África del Sur, donde han tenido el sistema de propiedad privada más fuerte del mundo y donde ni siquiera se reconocían los derechos laborales en el campo, se ha visto la necesidad de recuperar la identidad, de rescatar la autonomía para enfrentar los conflictos agrarios y solucionar problemas creados en el pasado, con tigritud y alcaravanidad.

 

El movimiento de derechos humanos, para que desaparezca el hambre y no el hombre, debe incorporar como fundamento, la solución que no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan; con la función social y ecológica de la propiedad, no se pueden privatizar bienes de uso público porque estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

 

Lo que aumente el negativo proceso con el que numerosas especies se extinguen, bosques desaparecen, desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar; han envenenando los mares y ríos, han contaminado el aire, han perforado y debilitado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer.

 

Para los pueblos indígenas ya es un hecho el reconocimiento internacional del derecho que poseen sobre sus espacios itinerantes, nuevamente la autogénesis retoma lo que desde la Primera Internacional Comunista, decidió: luchar contra la propiedad privada, como una de las causas fundamentales de los problemas sociales en toda la historia.

 

La repotencialización de los recursos propios, principalmente del cerebro humano, es solución a problemas sociales, sobre todo en zonas de abundancia ambiental como la orinoquia colombo-venezolana.

 

La lucha por la protección del patrimonio colectivo contra la adjudicación individual de la propiedad, es similar a la lucha entre los que generan bien común contra los egoístas que se apropian de la propiedad colectiva o de lo que otros generan o de la naturaleza aporta expontáneamente. Esta lucha, es análoga a la disputa entre los librecambistas y los intervencionistas en el siglo XIX, es similar a la lucha entre los partidarios de la propiedad privada contra los que quieren abolirla; en el siglo XX, las últimas tres décadas desde el año 1970 al año 2000, son ricas en esta confrontación, donde por una parte maquiavélicamente la geopolítica desconoce la función social y ecológica de la propiedad y por otra parte se la protege e institucionaliza.

 

El indígena, comprende instintiva y empíricamente la autogénesis. La madre naturaleza, para el aborigen, es la fuente de vida, produce alimentos, genera vida para la población indígena, cumpliendo con la función social que se traduce en bienestar para ésta; el espacio itinerante, cumple con una función social cuando le produce sus medios de subsistencia y los medios para cubrir sus necesidades en un tiempo determinado; se necesita una reingeniería y reconceptualización del saber ancestral para brindar protección al medio ambiente, con democracia decisiva, se toman determinaciones autónomas sobre la tierra y sus ecosistemas, para resolver problemas de tierras de esos campesinos, comprendiendo la la hermosa exhuberancia disponible.

 

En contra de esta abundancia, se programan continuas masacres desde la llegada de los europeos en el año 1492, se implementa la expoliación institucionalizada por foráneos que creen que los nativos no tienen derechos; el asesinato, la masacre, el genocidio, el destierro, la reducción del hábitat a los indígenas y muchas infamias se implementan e institucionalizan para justificar la conquista y la entrega de las tierras a la Corona; contra estas imposiciones e importaciones absurdas, la cultura indígena, el precedente armónico, es todo un prospecto colaborativo que no se ha dejado exterminar, propositivamente rescata e institucionaliza principios y los lleva a la práctica con resistencia pacífica que es una maravillosa educación contextual y ecológica.

 

El latifundio, aún existe en el año 2003, se prolonga inexplicablemente, hasta con un absurdo respeto por la propiedad feudal, este lastre antiecológico producto de la potrerización, que fue impuesto desde la globalización del año 1492, engendrado por la conquista, con él sistemáticamente se ignora, se rechaza y se ataca la autogénesis, que autoriza al nativo a pervivir sabiamente, dentro de su espacio itinerante; desde el año 1958, Villavicencio, es el municipio de la Orinoquia Colombiana, en el que se construyen nuevos asentamientos para trabajadores de la agroindustria, con un respeto ilógico de la gran propiedad territorial; el hegemonismo, con su modelo neoconservador de la gran propiedad privada, trata de permitir que los grandes terratenientes se beneficien de la especulación financiera y los incorpora al negocio inmobiliario, los vincula al tráfico de divisas y a todas las formas creadoras de subnormalidad; este paradigma, orienta la concepción de los barrios que se edifican en la década del 60, en la región orinoquense; además, se construye para grupos humanos que no llegan, y la inexistencia de adjudicatarios, o son reemplazados y se les sustituye burocráticamente por habitantes que se someten al modelo depredador que contamina, destroza y seca las microcuencas.

 

Desde 1944, Estados Unidos, acepta que para que el dólar reemplace al oro, debía tener superávit en su balanza de pagos. En el Gobierno de Franklin D. Roosevelt, antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eduardo Santos se opuso a la estrategia americana de unificar los ejércitos frente a la amenaza nazi, advirtiendo los peligros que para los países de la región significaba el armamentismo que hacía carrera en sectores del coloso del norte; finalizada la guerra, el país se alineó en lo militar con los intereses estadounidenses de seguridad continental y participó activamente en la guerra de Corea con el envío del Batallón Colombia, con una política militar anticomunista y nuestras relaciones bilaterales disfrutaban una luna de miel.

 

Desde el año 1944, se crea la preponderancia del nuevo dios, el dólar; se degenera el significado de la propiedad, se crea un superestado al servicio de la acumulación del capital de las multi y transnacionales, a la orden del poder hegemónico beneficiando a los USA y a los países desarrollados; el concepto de ahorro es orientado por el modelo neoconservador de la gran propiedad privada. Además, en todo el mundo impone la confusión conceptual, alrededor de la idea del desconocimiento del patrimonio público, permitiendo su apropiación por particulares, engendrando un aberrante saqueo a las riquezas de los pueblos.

 

Durante las próximas dos o tres décadas se dan las reformas agrarias impuestas desde Europa, por gobiernos que querían acabar con el feudalismo en el campo y querían imponer sistemas modernos de producción de alimentos con bajo precio, esto ocurre en casi toda la región entre 1950 y 1975. En Perú, tuvo poco impacto la orden extranjera. En contraste con Colombia, donde si existe propiedad privada sobre el hábitat autosuficiente, en Venezuela, la inexistencia de la propiedad privada sobre el hábitat autosuficiente, es un avance trascendental en cuanto a la democratización de la oportunidad; en 1961, el 2,2% de las explotaciones abarcaban el 78% de la superficie cultivable, después en 1971 un 3,1% de las explotaciones se producen en el 76,5% de las tierras, la oportunidad es manipulada.

 

Específicamente en la cabecera de Villavicencio, se ordena aumentar el área de la ciudad, con programas habitacionales, eliminando programas de albergues rurales que se construyeron con financiación de la Caja Agraria, por ejemplo urbanizando zonas de reserva ambiental, en el Zacatón hoy barrio Panorama de Villavicencio, que era la despoblada salida hacia Bogotá, en las décadas del 60, 70, 80 se urbanizó esta zona, además, se construye en zonas de expansión urbana de la década de los años 50, en los municipios llaneros, existe inmensa cantidad y disponibilidad de terrenos aptos para la construcción, pero se descarta la posibilidad de la gratuidad de la vivienda, debido a la subliminal influencia de un modelo urbano de vida, que hace creer que sin acceder a sistemas de crédito, es imposible abordar el derecho a la vivienda.

 

Las falacias juegan un papel negativo que evita la verdadera libertad y favorecen el abuso de autoridad. La injusticia, se prolonga en la Orinoquia colombiana, desde el año 1960, conservando un oscuro respeto por el latifundio, populista e hipócritamente la geopolítica desconoce la función social y ecológica de la propiedad, y con la disculpa de dotar de vivienda a los trabajadores de la agroindustria, se crean asentamientos con una concepción errónea, urbana y clasista que introducen la competitividad espacial y reducen el espacio vital; el hábitat se disminuye, se diluye en la cadena de falacias del consumismo; al aceptar paradigmas importados y promover la producción arrocera en el piedemonte llanero, se entrega vivienda imitando el constructivismo de los países dominados por el socialimperialismo.

 

Ese es un concepto central a la hora de pensar el derecho a un hábitat autosuficiente, que está consagrado en la mayoría de las constituciones latinoamericanas pero que en estos tiempos, desde el año 1970, debido a la avanzada del modelo económico neoliberal, se ha visto seriamente amenazado y se ha revertido.

 

Conjuntamente con los problemas y conflictos en torno al hábitat autosuficiente en América Latina, se ha venido analizando en los últimos años, el intangible valor social de la autogénesis que autoriza al nativo a subsistir sabiamente. Dentro de los aspectos positivos de estos tiempos destaca el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus espacios itinerantes y territorios tradicionales. Todavía hay muchos conflictos; todavía hay muchas invasiones y desplazamientos, pero se ha logrado en el plano internacional, el reconocimiento a los pueblos indígenas, sobre los derechos específicos sobre las tierras, el ambiente y el hábitat tradicionalmente ocupado por ellos.

 

La creación de las corporaciones de ahorro y vivienda, permite la acusación falsa contra las entidades del estado que construyen vivienda. En el año 1972, la vivienda se convierte en una excusa para la devaluación, con la creación de la UPAC, unidad de valor adquisitivo constante, partiendo de la premisa falsa de proteger el valor del tesoro de los grandes ahorradores; durante estas tres décadas la construcción se utiliza para alterar toda la macroeconomía.

 

La vivienda se convierte poco a poco en una mercancía, desde el momento en el que se le va quitando la calidad de servicio de dotar de vivienda al estado, con la disculpa de construir vivienda para las clases medias; el espacio vital se reduce, paulatinamente se va entrando en una competitividad absurda que se nutre de la migración masiva del campo a la ciudad.

 

El grupo humano que se aguanta la reducción del espacio vital, es una población dócil que no comprende la función social y ecológica de la propiedad, son rezanderos y antiguos habitantes de la misma cabecera municipal que aceptaban la imposición feudal y que cambian de vecindario para mejorar socialmente y acercarse a la clase que maneja el poder político, o sea que no son habitados por las familias trabajadoras para quienes se concibió y se diseño inicialmente; la sal taller es reemplazada por la sala símbolo, que aparenta ascenso social; estos nuevos asentamientos aunque rompen con el modelo feudal de crecimiento de los asentamientos, son habitados por familias pequeño burguesas que se someten a equivocaciones y a influencias que los marca de por vida, impidiéndoles comprender la autogénesis y asimilar la amplitud.

 

Esta equivocación conceptual, con nefastas consecuencias económicas, en estos nuevos asentamientos humanos, ha creado un desprecio por el autoabastecimiento en zonas donde la repotencialización de los recursos propios, es la solución a todos los problemas sociales. El superestado, impide fórmulas de autogeneración de recursos, fórmulas de autoreconocimiento.

 

El enfoque que concibe a la vivienda, como cualquier bien alienable, es una visión errada, absurda e inhumana, que desde el año 1970, debido a la subliminal influencia de un modelo urbano de vida, promociona el enriquecimiento ilícito y logra que desde esta década se desprecie al ser humano y lo convierta en un objeto de consumo, degenera la vivienda en una mercancía; la orden es sacar la población del campo, implementando una masiva migración del campo a la ciudad y crear un mercado obligado de clientes de vivienda para endeudarlos indefinidamente.

 

El terrateniente, autoriza construir a su lado, en la década desde el año 1960 al año 1970, acepta nuevas construcciones en sus propiedades urbanas, ofreciendo lo que cree que puede vender, da permiso hasta para construir la vía, la iglesia, la Universidad, el campo deportivo, controla empíricamente la renta y el incipiente mercado inmobiliario; la lucha entre los librecambistas e intervencionistas, es equivalente a la riña por la adjudicación de la propiedad y su definición, es comparable con la lucha entre los partidarios de la propiedad privada contra los que quieren abolirla.

 

Desde el mismo año de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, no se han ejecutado sus recomendaciones; se desconoce a nivel municipal, han pasado ya más de 3 décadas desde el año 1972, hasta el año 2003, poco a poco, se va ampliando el perímetro urbano en el municipio de Villavicencio, para llegar a 6.000 hectáreas de las 136.600 hectáreas que lo constituyen, con una equivocada planeación que minimiza la relación con el contexto regional, se desprecia la autogénesis, y se atropella la función social y ecológica de propiedad.

 

La vivienda taller, es una forma de autogeneración de recursos, que transforma los espacios de consumo y asentamientos dormitorio, en espacios de producción y vecindarios productivos; la economía que se basa en los recursos propios es subestimada totalmente por los manipuladores del poder económico; el recurso humano es despreciado; tampoco reconocen, otros recursos como el agua, toda la sociedad hidráulica en este caso, es desconocida, la biodiversidad, el aire, el oxígeno, la temperatura, el paisaje, el horizonte, la infraestructura, la topografía, los megaecosistemas, los ecosistemas estratégicos, las cuencas y microcuencas.

 

La función social de la propiedad, es un concepto que fue introducido en la legislación colombiana, desde 1932 por el Presidente Alfonso López Pumarejo. A nivel mundial la socialdemocracia, ha sido reacia a tomar decisiones al respecto, en estos 71 años, influenciada por el modelo neoconservador de la gran propiedad privada, que evita por todos los medios, la redistribución pacífica de la abundancia.

 

El prospecto colaborativo, evoluciona lentamente, institucionalizando y llevando a la práctica experiencias que demuestran alternativas a la propiedad elitista.

 

En la década de 1970 a 1980, se incita violenta y erróneamente la migración del campo a la ciudad, creando cinturones de miseria en las ciudades, se estimula un caos organizado, se destapa el neoliberalismo y debido a la subliminal influencia de un modelo urbano de vida, se institucionaliza la pérdida de valor del peso colombiano, revivida en el año 1999, se impone la devaluación, que es una figura económica asociada a la corrección monetaria, definida por el Banco de la República colombiano, como: "la tasa que se utilizaba para actualizar el valor de la unidad de poder adquisitivo constante UPAC, hoy la U.V.R.. A esa tasa se redefine el valor de las deudas a los ahorros denominados en UPAC.”,  La UVR, calculada en función matemática de la inflación en Colombia y América Latina es un escenario de violación de todo tipo de Derechos Humanos y sus gobiernos han buscado su solución en una pérdida de poder adquisitivo legalizado.

 

Desde el decenio de los 70, en Villavicencio los programas que se financiaban por entidades como el Instituto de Crédito Territorial, empiezan a sustituirse por los programas del Banco Central Hipotecario, de la manera más  insensible atropellando la función social y ecológica de la propiedad, como en otros países, se empiezan a crear formas que justifican la corrección monetaria; queda claro que la devaluación en Colombia, se legaliza y se implementa, utilizando la industria de la construcción.

 

Con estos índices se está prolongando la existencia del modelo excluyente, la devaluación, es impuesta para retrazar la función social y ecológica de la propiedad, para detener y bloquear el crecimiento económico; por medio de premisas falsas se favorece a los ahorradores en moneda extranjera y a exportadores sumisos, minimiza de manera arrolladora la economía basada en los recursos propios, ataca la autodeterminación, con un descarado enriquecimiento ilícito y en desafío total contra la prevalencia del interés general, recortando derechos de las mayorías.

 

Llevándolos a las ciudades, a la competitividad y a la disminución del espacio vital, se desplaza a millones de seres humanos violenta o pacíficamente, para esclavizarlos mediante el crédito, este desplazamiento genera una desventaja cultural, pérdida de referentes, se les empuja hacia una proletarización del campesinado en América Latina, que se agudiza con el ataque neoliberal y para institucionalizar además, la pérdida de poder adquisitivo de la familia, por medio de la inflación y de la devaluación.

 

La reconceptualización de la necesidad del hábitat autosuficiente, reaparece en el año 1976, en la Declaración de Vancouver, contemplando una vez más la opción que permite pervivir con base en la autogénesis que autoriza al nativo a subsistir sabiamente en colaboración permanente, y a su vez se fundamenta en el trueque;  modelos e ideas alternativas para tener en cuenta el intangible valor social la humanidad trata de proponer y comprender la economía basada en los recursos propios, se avanzó en el replanteamiento de la relación entre producción, distribución y consumo, en los asentamientos humanos de 1976 se hacía la referencia a que el hábitat autosuficiente, no puede ser tratado como un bien ordinario, controlado por individuos, sujeto a presiones e ineficiencias del mercado, al modo de utilizar el suelo debería determinarse de acuerdo con los intereses de la comunidad.

 

Científica, eempírica e ingenuamente, en las academias que comprendieron la agresión hegemónica, se lucha en contra del ecocidio rural estimulado por el crecimiento urbano, con estudios que propenden por:

 

La vivienda en Colombia, es convertida en mercancía desde el año 1972, con la disculpa de proteger al ahorrador de la pérdida de valor de sus ahorros; en ese año el "Club de Roma" publica en su texto "Los límites del crecimiento", con el se justifica e institucionaliza la unidad de poder adquisitivo constante, upac, que frenan descaradamente el desarrollo, para impulsar la nefasta corrección monetaria que es la fórmula para justificar matemáticamente la inconstitucional devaluación, que como su nombre lo indica, es la institucionalización de la pérdida de poder de valor del peso colombiano, con relación a otras monedas, principalmente con relación al dólar. Se justifica la pérdida de poder de compra de las monedas nacionales en el mercado interno, que va de la mano con la inflación con incidencia directa en lo interno, la devaluación implanta la pérdida de valor del peso en lo externo. La inflación y la devaluación, son índices macabros que institucionalizan y destruyen la capacidad adquisitiva de nuestro dinero.

 

Al final de la década del 7O se publica: "Interfuturos" de la OCDE y el "Global 2OOO" de la Administración Carter. A mediados de los 8O lo hace el "Informe Brandt"; en 1988 le tocó al de la ONU sobre "Nuestro Futuro Común", llamado Informe Brundtland. La irrupción del narcotráfico altera costumbres y tradiciones colombianas, impone el pragmatismo que justifica el enriquecimiento fácil.

 

¿Cómo evitar que entidades, que constituyen un Superestado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo y otras relacionadas con la especulación, avalen despropósitos e influyan sobre las decisiones de los funcionarios colombianos?

 

La respuesta es, respetar nuestra autoestima, recuperar la vergüenza, “para impedir la burla al marco jurídico, para no permitir que se evada el orden justo, para proteger el patrimonio público, y crear conocimiento soberano”.

 

La Devaluación, institucionaliza la dependencia económica inexistente en todos los artículos de la Constitución colombiana; crea innumerables círculos viciosos, que se transforman en miseria, en subnormalidad, y con la inflación se utilizan como índices globales para hacer perder masivamente el poder de compra al pueblo, para generar volatilidad financiera, inestabilidad económica e ingobernabilidad; la devaluación, es inconstitucional o sea, que es una variable deprimente; la investigación sociojurídica, analiza su inconstitucionalidad, pone en evidencia a los especuladores financieros y permite definir quienes han hecho los promedios para mantener las tasas especulativas, con la DTF.

 

La Dependencia económica, Institucionalizada por la Devaluación, no aparece en ningún Artículo de la Constitución Colombiana. El saqueo de la biodiversidad colombiana está legitimado por la Devaluación. El Modelo Depredador, COMPETITIVO, Devaluador, Subnormalizante, viola el Artículo 58 de la Constitución porque permite la primacía del interés particular sobre el interés general y le  quita la función ecológica a la propiedad, porque en esencia el Modelo Neoliberal es, Ultradefensor de la Gran propiedad privada de la acumulación inhumana que tanta violencia y tanta miseria irriga por el planeta.

 

Ni la devaluación ni la deuda externa impagable aparecen en la Constitución Colombiana, pero el endeudamiento sistemático, con la premisa falsa de que existe un sector real, el sector financiero, causa el daño que desemboca en conflictos armados, en megasaqueo y perversas manifestaciones de especulación institucionalizada, de violación a la dignidad, a la autodeterminación, a la soberanía y al bien común.

 

La Devaluación, viola la esencia de la Constitución Colombiana, donde la Carta Magna, le exige al Banco de la República, gestionar en función de la preservación del Poder Adquisitivo de nuestra moneda.  El Artículo 90 de la Constitución está sistemáticamente violado por la Devaluación, por esta razón todas las imprevisiones del Estado que permiten la pérdida del Patrimonio están cohonestadas por las medidas que legitiman la devaluación.

 

Se ataca la dignidad e integridad de los Colombianos al aceptar la Devaluación.  El Artículo 13 de la Constitución es violado porque se viola la igualdad ante la Ley, está demostrado que los beneficiados con la Devaluación son solamente los exportadores y especuladores Financieros. La Devaluación legitima el descuento comercial que es abusivo y las especulaciones cambiarias.

 

Colombia no tiene porqué admitir que nuestra Moneda Legal se Devalúe al vaivén de los mandamientos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o del Superestado de  las Multinacionales, o de la Multibanca especulativa. La pobreza, la dependencia, el dogmatismo, alienación y muchas otras  situaciones de desequilibrio social, son generadas por la devaluación, acto violatorio de la Constitución.

 

La principal razón de imponer la Devaluación por parte del Exterior hacia Colombia, radica en la legitimación del saqueo de las materias primas  nuestras, para mantener unos precios manipulables internacionalmente, para impedir la transformación de esas materias primas en nuestro País y después vendérnoslas más caras.

 

Se viola el Artículo Primero de la Constitución Política de 1991, donde se  inicia que en Colombia impera un Estado Social de Derecho, no un Estado dependiente de otras economías. 

 

Devaluar es desatender la autoestima, es despreciar el sentido de pertenencia y descuidar innumerables cualidades culturales, que se ven atacadas por la “superioridad” de otros Países con monedas “más fuertes”. El poder judicial, tiene una oportunidad histórica para crear  y ser el poder masivo que nace del rechazo al abuso de autoridad y entienda que la casa por cárcel es la forma transitoria para reintegrar a los infractores, hacer respetar la igualdad ante la ley y fundamentalmente para recuperar la vergüenza, porque este es un trascendental proceso que se reconstruye desde la familia.

 

En el año 1999, con las demandas de inconstitucionalidad contra los sistemas inadecuados de financiación de vivienda, se reconquista la inembargabilidad de la vivienda, y se recupera la función social y ecológica de la propiedad.

 

Cuba, en el año 2002, todavía estaba modificando la Ley de Protección Ambiental adecuándola a los cambios internos ocurridos en el país y a los principios más modernos y progresistas en el ámbito internacional para lo que se hace necesario con posterioridad una revisión de los principales cuerpos jurídicos que deben tutelar estos derechos como son el Código Civil, Código Penal, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral entre otros.

 

Todavía falta la comprensión sobre la necesidad de tener una nueva visión, una nueva conceptualización de los derechos sobre el hábitat autosuficiente, la cuestión es, ¿existe derecho sobre el derecho a un hábitat autosuficiente?, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la función social y ecológica de la propiedad?

 

No tenemos que ser competitivos, ni tenemos que acceder a nuevos mercados, lo cual supone crear las condiciones de autosuficiencia en lo fundamental, o sea en la alimentación y en la economía sin intermediaciones innecesarias, para transformarla hacia productos con valor agregado, incorporando desde la vivienda, la ciencia y tecnología a los procesos productivos la Autogeneración de recursos, Independencia Económica, Autenticidad, Autonomía y toda una serie de posibilidades de trabajo intelectual y material, superando modelos y paradigmas que impiden la verdadera evolución social.

 

La necesidad de identificar nuestros potenciales, nos hace repensar en alternativas económicas a la dependencia.  El reconocimiento de nuestra geografía y de nuestro gran recurso humano, conlleva a una reflexión profunda sobre la verdadera capacidad de una nación. Por el avance vertiginoso de las comunicaciones, de economía a pequeña escala, tiene una trascendencia mundial, por la intercomunicación entre los Seres Humanos, por la velocidad entre la transmisión de información.  Esta cuantiosa información, disponible en cualquier lugar del Planeta se convierte en conocimiento cuando la Economía Solidaria aplica sus principios filosóficos transformando la cantidad en calidad, la información en conocimiento. Los impuestos son eso, imposiciones de una élite que no comprende las salidas y soluciones a unas circunstancias específicas. El Estado Alcabalero, fue rechazado desde 1781, por los comuneros, rehusado por la Independencia de España en 1810 y 1819 y contraindicado por los artesanos en el Gobierno del General Melo, en 1854, es una demostración que el pueblo soberano, sí ha eliminado los impuestos y sobrepasado los regímenes autoritarios y expoliantes.

 

Pero en contra del patrimonio de nuestras naciones, se incrementa la violencia institucionalizada, manejada desde el extranjero con un modelo acumulativo exageradamente sensible, a las presiones desestabilizadoras externas que apoyando una estructura de la gran propiedad privada, en la década de 1990 al 2000, y se incrementa con un marcado proceso de acumulación, de transnacionalización. Al examinar los antecedentes del ALCA, se ve que éste sintetiza las relaciones políticas y comerciales de carácter unilateral que Colombia ha mantenido con EU, y que quedó descrito desde el siglo XIX, por Bolívar en la Carta de Jamaica.

 

En abril de 2001 en Québec Canadá, se fijaron las fechas de negociación y las condiciones IMPOSITIVAS para permanecer dentro del ALCA, que en el caso de Colombia debe integrarse como Nación con viabilidad económica y política, rechazando falacias, cláusulas antidemocráticas y mecanismo de evaluación manipulable de drogas. Contra estos sofismas, están a la orden del día, la Autogeneración de recursos, Independencia Económica, Autenticidad, Autonomía y toda una serie de posibilidades de trabajo intelectual y material, superando modelos y paradigmas que impiden la verdadera evolución social.  La crisis del modelo neoliberal, es principalmente ocasionada, por la excesiva acumulación y la defensa violenta de la gran propiedad privada. No tenemos que ser competidores para acceder a nuevos mercados, porque se están creando condiciones para incorporar ciencia y tecnología a los procesos productivos fundamentalmente colaborativos no competitivos.

 

Las premisas falsas, en los objetivos del ALCA de atraer capitales, liberar el comercio y los términos de intercambio desde Alaska hasta la Patagonia antes de 2005, que según el presidente Bush crearía un mercado común de 800 millones de consumidores y 10 miles de millones de productos, que contribuirían a crear empleo en la toda América, aumentar la oferta exportable y, por tanto, sus ventas externas, no son otra cosa que formas de intervención en los asuntos internos de nuestras naciones.

 

Cuando la comunidad y la familia principalmente, retoman la función del manejo de las relaciones sociales, recuperan su capacidad y se proyectan independientemente autogenerando recursos, alternativas y procesos.  La familia, cuando supera el consumismo, y entiende, comprende y maneja su hábitat y sus integrantes, proyecta cambios sustanciales en el comportamiento con el vecindario y con la sociedad en general.  El teletrabajo por ejemplo, esta generando una capacidad de generación de ingresos, disminución de costos, optimización de la infraestructura  y eliminación de desplazamientos innecesarios.

 

La vivienda taller, otro por ejemplo similar, es otra forma de autogeneración de recursos, que transforma los espacios de consumo y asentamientos dormitorio, en espacios de producción y vecindarios productivos. La Cepal y la ONU destacan cómo en 2000, en un modelo basado en el crecimiento con alta dependencia de la inversión extranjera, en un modelo corrupto fundamentado en el megalavado, proliferan acuerdos tendientes a dar mayor seguridad y garantías a las estructuras organizacionales delictivas, la Cepal y la ONU cohonestan por medio de análisis sofistas la intervención del moribundo superestado e implementan sus equivocaciones en algunos momentos.

 

"los flujos de IED dirigidos a algunos países andinos como Colombia y Perú, se mantuvieron por debajo del promedio de años anteriores, reflejando su reciente inestabilidad política y económica, mientras los flujos destinados a Venezuela aumentaron considerablemente" .

 

En efecto, "las empresas transnacionales incrementaron su participación en las ventas totales de las 500 empresas más grandes de la región, al pasar de 27% en el trienio 1990-1992 a 43% en 1998-1999.En el mismo periodo las empresas privadas nacionales mantuvieron su participación en las ventas totales de estas empresas levemente por debajo del 40%, y las empresas estatales disminuyeron su participación de 33% a 19%".

 

La relación macroeconómica entre producción, distribución y consumo, se equilibra cuando se evitan las intermediaciones innecesarias.  La historia no concluye del todo. Después de la Cumbre de Québec en el año 2002, aparecen nuevos elementos que replantean la estrategia del comercio internacional: 1. El 11 de septiembre, que dio un giro en la política de occidente a través de la alianza contra el terrorismo, y bajo cuyo enfoque se da la prórroga del ATPA mediante el Atpdea. 2. La desconfianza generada en los mercados de capitales por la falta de transparencia en la información contable de las grandes multinacionales, que muestra las dificultades de la liberalización a ultranza. 3.La crisis de Argentina que pone en duda el modelo de ajustes fiscales y deuda externa del FMI y del Banco Mundial. 4. El triunfo de Lula en Brasil, que aunque no afectó los mercados, genera incertidumbre al privilegiar a Mercosur para negociar con el Norte.

 

 

 

El derecho a la subsistencia, también incluye el derecho a un hábitat autosuficiente para otros grupos rurales, contra el subdesarrollo y contra el aumento de la pobreza, porque subdesarrollo y pobreza, constituyen violaciones flagrantes a la función ecológica de la propiedad; la atroz destrucción del medio ambiente, promovida por el modelo subnormalizante y depredador, utiliza a las sociedades de consumo, que son el 20 % de la población mundial, que consumen las 2 terceras partes de los metales y las 3 cuartas partes de la energía que se produce en el mundo.

 

América, ha contribuido más que ninguna otra parte del mundo al derecho a la lucha contra el modelo depredador. En este sentido es pertinente recordar la importancia de la Revolución Mexicana, porque se progreso con todos sus efectos sobre los logros de la reforma agraria, el concepto de la función social y ecológica de la propiedad, los ejidos y las tierras comunales. El peligro que representa la avanzada de la privatización, las reformas neoliberales de las Constituciones, tienen impacto a nivel latinoamericano.

 

La región enfrenta actualmente una crisis. Uno de los principales legados de la década perdida de los 80, del ajuste estructural, es la reducción de la capacidad del Estado para intervenir en asuntos de tierras. Este es un fenómeno mundial impulsado por los entes financieros internacionales, para fortalecer la propiedad privada e influyendo muy negativamente en la capacidad del Estado para cumplir con su deber en la regulación de la función social y ecológica de la propiedad. Esa es una tendencia que habría que tratar de detener y revertir a nivel de las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Pero sucede que no existe suficiente interés, en Europa y Estados Unidos, hacia ese tema.

 

¿Qué queremos decir cuando hablamos de derecho a un hábitat autosuficiente? Aunque se pretende desaparecer la referencia al derecho al espacio vital propio en la legislación, hay que comenzar por entender que, más allá de las legítimas aspiraciones de las poblaciones indígenas y campesinas, existe un derecho fundamental a un hábitat autosuficiente que tenemos que vincular a otros derechos fundamentales.

 

En países que simplemente no tienen los medios para satisfacer las necesidades básicas de los desempleados y los ancianos, hay que pensar creativamente en sistemas en los que la autogénesis cumpla con esa función, asegurando, mediante el asentamiento autogenerador de recursos, el acceso a la satisfacción integral de todos los derechos humanos.

 

Es posible satisfacer los derechos económicos y sociales, satisfacer necesidades básicas como la alimentación con enlatados, en una sociedad industrializada, a través de las importaciones. En los países industrializados probablemente, el derecho a un hábitat autosuficiente, no tenga sentido para la mayoría de la población. En Inglaterra, por ejemplo, sólo un 7% de los ingresos, aproximadamente, dependen de la agricultura; de allí que no haya mucho interés en la dimensión recreativa, para poder caminar, escapar de la contaminación, con un gran movimiento ambiental, que avanza en la descontaminación del Río Támesis. En Europa, si uno habla del derecho a la tierra, se piensa en el derecho al espacio vital propio. No es el derecho a tener un pedazo de tierra, es el derecho a tener propiedad compleja y en evolución diaria.

 

Si bien es cierto que, por ejemplo, a nivel indígena el derecho a un hábitat autosuficiente, sí está consagrado en varios instrumentos internacionales como un derecho humano, no podemos hablar en términos generales de un derecho universal a pervivir, porque ésto no es aceptado o comprendido por los activistas de derechos humanos del mundo occidental; es un gran logro haber obtenido el reconocimiento, muy fuerte, de que hay derechos específicos para grupos específicos.

 

Hay varios factores que hacen difícil hablar actualmente de un derecho humano universal al hábitat autosuficiente. Por ejemplo, las recientes transformaciones en el campo que se han dado en América Latina. Estas transformaciones en el curso de las últimas dos décadas, han sido fundamentales y radicales. El capitalismo agrario es tan fuerte actualmente que buena parte de los habitantes del campo se asumen como trabajadores rurales que sólo quieren salario mínimo, quieren vivienda, quieren participar en las ganancias agroindustriales, pero no quieren abogar por la división de las propiedades para obtener pequeñas parcelas que les permitan trabajar. Cada trabajador rural cuyo padre fue campesino no aspira necesariamente a tierras.

 

Entonces, no sólo en Europa sino en buena medida también en América Latina, a veces es más adecuado pensar en un paquete de derechos humanos vinculados con el hábitat autosuficiente, que en un derecho a un hábitat autosuficiente unívoco y global. Por razones tanto estratégicas como conceptuales y filosóficas, no parece que tratar de promover la idea de que cada ser humano tenga un derecho a un hábitat autosuficiente, sea lo más adecuado. No obstante lo anterior no niega la existencia de un deber del Estado. El hábitat autosuficiente tiene una enorme posibilidad de satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Entonces si un gobierno no puede promover y garantizar mediante la atención directa, los derechos fundamentales, al menos debe tener el deber absoluto de buscar una mejor repartición de el hábitat autosuficiente, de tal forma que se permita a aquellos que desarrollan su vida en torno al hábitat autosuficiente y a la satisfacción de sus necesidades básicas.

 

De lo que se trata, entonces, no es de negar o ignorar la legítima aspiración al derecho a un albergue digno, pero sí de tener conciencia de que es importante avanzar en dirección de su reconocimiento. A nivel mundial, a nivel de América Latina, a nivel de Venezuela, hay que hacer grandes esfuerzos para lograr que se reconozca la importancia del derecho a un hábitat autosuficiente. Pero hay que ser realistas al comienzo. No hay que pretender que existe un derecho a un hábitat autosuficiente para todo el mundo, consagrado en la legislación, porque en el presente no lo hay.

 

Actualmente, en casi todos los países de América Latina y del Tercer Mundo los grupos de derechos humanos se encuentran más preocupados por los conflictos agrarios, porque están convencidos de que son problemas fundamentales de derechos humanos; pero hay que llamar más la atención de las organizaciones internacionales de derechos humanos en relación con estos temas. Y hay que pensar en la búsqueda de posibles mecanismos para la resolución de estos conflictos, estando conscientes de que hablando estrictamente a nivel jurídico, no existen ni los instrumentos ni los mecanismos en el plano internacional, por lo que aquí se impone un importante reto a la creatividad de los grupos de derechos humanos que supera concepciones retrógradas, que no han entendido el hábitat como espacio vital propio, derecho ejercido contra la acumulación inmobiliaria.

 

En definitiva, de lo que estamos hablando, no es que no exista un derecho a un hábitat autosuficiente, sino que existe en este momento solo como una aspiración, como una necesidad sentida de las personas y grupos que están privados de el hábitat autosuficiente por diferentes motivos. Pero no existe todavía como una entidad jurídica concreta, como un derecho humano universal que pueda identificarse y asirse. Hacia allá es que hay que trabajar; hacia la concreción y reconocimiento de ese derecho, que se refleje en instrumentos nacionales e internacionales.

 

Después viene la gran época de formulación de instrumentos internacionales de derechos humanos, que comienza con la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948 y sus instrumentos básicos de 1966, sobre los derechos civiles y políticos, y sobre los derechos fundamentales. Es cierto que la Declaración Universal reconoce el derecho al espacio vital propio, pero no así los pactos de 1966. Es en ese momento cuando comienzan las tensiones alrededor de la propiedad; tensiones entre el concepto de derecho a un hábitat autosuficiente sin la propiedad, del bloque socialista, y el concepto de propiedad del bloque occidental, muy reflejado en América Latina.

 

Los conceptos de los derechos fundamentales son de una importancia fundamental para reconocer derechos sobre el hábitat autosuficiente. Actualmente tenemos, por primera vez, el reconocimiento a nivel internacional de que cada ser humano tiene derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda. La Conferencia de Estocolmo fue el punto de partida para que algunos países latinoamericanos comenzaran a legislar sobre la protección ambiental, pero esos esfuerzos legislativos tienen como limitante específica la situación económico-social de estos países, donde se enfrentan problemas de desertificación, deforestación y contaminación sumado al empobrecimiento de amplios sectores de la oblación asociado directamente al deterioro ecológico. Con esas tensiones se pretende desaparecer la referencia al derecho al espacio vital propio en la legislación internacional.

 

Eso puede satisfacerse de diferentes formas, se puede argumentar que bajo un sistema de propiedad colectivo o comunal, es más factible satisfacer las necesidades básicas de los habitantes, que a través de un sistema de propiedad privada. Pero, al mismo tiempo, en esa época vemos muchas referencias a la necesidad de intervenir en el sistema agrario nacional para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto se debe a que en las décadas de la descolonización y de los nuevos estados independientes en el Tercer Mundo hubo un gran reconocimiento del deber del Estado de intervenir en la estructura económica de los países para garantizar los derechos de los ciudadanos — sobre todo en países donde no hubo los recursos para tener sistemas europeos de seguridad social. Vemos en ese momento mucha referencia a la necesidad de llevar a cabo programas de reforma agraria para acabar con los sistemas feudales y para garantizar los derechos económicos y sociales.

 

Pero el esfuerzo de introducción del capitalismo en el campo coincide con una nueva división de tareas a nivel internacional. Comenzaron a llegar alimentos baratos subsidiados, de la Alianza para el Progreso, de Estados Unidos. La intención original de la reforma agraria para una mejor agricultura a nivel nacional y la producción de alimentos económicos, justamente coincide con ese giro internacional. La mayoría de los gobiernos perdieron interés, entre los años 1960 y 1970, porque se dieron cuenta de que resultaba más barato importar esos alimentos de Estados Unidos y Canadá que dar continuidad al esfuerzo de reforma. Las motivaciones sociales de la reforma son desplazadas por el argumento económico. De este modo, la mayoría de los países cambió sus rubros de exportación (azúcar, algodón, café) hacia cultivos que necesitan mano de obra dos o tres veces al año.

 

El impacto de estas reformas agrarias impuestas desde arriba fue la creación de condiciones para una agricultura más eficiente y cambiaron los rubros de la producción; pero crearon finalmente unidades más grandes de producción, más modernas, más capitalizadas y mecanizadas, dependientes de mano de obra más barata, de los campesinos sin tierras y, en muchos países, de indígenas. Es así como el campesinado va perdiendo el dominio sobre el hábitat autosuficiente y sobre su propio trabajo y pasa a ser un asalariado rural al servicio de la agroindustria.

 

En los últimos veinte años se han producido muchos cambios. Uno de los cambios más importantes es que se han revertido las condiciones laborales en el campo. Antes existía el latifundio, pero dentro de éste el campesino que trabajaba por muy poco salario tenía por lo menos acceso a un pedazo de tierra donde vivía con su familia y producía sus alimentos. Quizás era sobreexplotado, pero podía garantizar sus alimentos, porque siempre podía cultivar esa porción de tierra.

 

El Derecho sobre el hábitat autosuficiente, no es solamente el derecho a un pedazo específico de tierra, ha sido muy útil para establecer algunos mecanismos para abordar el tema de la pervivencia. No se debe limitar la discusión sobre el derecho al espacio vital propio, a la pelea jurídica por un pedazo de tierra, el debate es complejo, en él se destaca la importancia de los derechos fundamentales, en relación a la función social y ecológica de la propiedad y su vinculación con otros derechos, necesitamos distinguir campos de acción. No hay ningún consenso a nivel mundial sobre las políticas agrarias.

 

La OIT tiene convenios vinculados al trabajo rural.

 

Pero las ONGs a nivel mundial no han prestado suficiente atención a la vigencia de estos instrumentos que son muy importantes para el medio rural. La única manera de tener un sistema de seguridad social eficaz en el medio rural es en base a una unidad de tierra, quizás que sea de una comunidad, no necesariamente a nivel de una familia, de propietarios individuales. Pero no existe ningún modelo acabado, todo está por construir.

 

Se construyen viviendas para trabajadores de áreas suburbanas, en áreas urbanas que responden a un modelo influenciado por varias equivocaciones:

La disminución del área habitable

La aceptación de precios de el hábitat autosuficiente

La aceptación de un modelo consumista urbano

Desprecio por la vida en el campo

 

Para dar cumplimiento al principio de Equidad Intergeneracional es necesario dar cumplimiento cabal a los principios de: Calidad Ambiental (límite óptimo sostenible en el uso de los recursos vivientes y ecosistemas); Conservación al acceso; y Conservación de las opciones, sólo ando cumplimiento a estos tres aspectos las generaciones presentes pueden garantizar que las futuras puedan disfrutar de nuestro planeta de forma equitativa, satisfaciendo sus necesidades y conflictos.

Varios han sido los instrumentos de Derecho Internacional que han reconocido el principio de Equidad Intergeneracional como fueron entre otros:

 

1987 Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas.

Quedando de esta forma refrendado tal principio desde el punto de vista jurídico internacional.

Principio de Sanidad y Unicidad de las Formas Vivientes.

 

En el orden internacional la Carta Mundial de la Naturaleza adoptada por Naciones Unidas en 1982 es el instrumento más relevante al ratificar que la humanidad es parte de la naturaleza y que la cultura y civilización humana están arraigadas a ella.

Dicho documento recoge en su preámbulo que:

..."cada forma de vida es única, a la cual se debe garantizar respeto sin consideración a su valor para la humanidad y para conceder a otros organismos tal reconocimiento, la humanidad debe ser guiada por códigos morales de acción..." 3

Este principio comprende también los de preservación de la diversidad biológica del planeta, límite óptimo sostenible en el uso de los recursos vivientes, lo que constituye una de las prioridades de la Comunidad Internacional adoptándose para ello un Convenio internacional en ocasión de la Cumbre, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, degenerada en el año 2003, para respaldar a un degenerado de ultraderecha.

 

El aberrante respeto por el latifundio, que se prolonga inexplicablemente hasta el año 2003; debido a la subliminal influencia de un modelo urbano de vida, se desprecia la autogénesis y la economía basada en recursos propios, cediendo poder al abuso del derecho, al abuso de autoridad, al abuso del poder, porque no incorpora la función social y ecológica de la propiedad, al contrario, la combate, por esto en el año 2003, todavía no se incorporan las grandes extensiones a los planes de ordenamiento territorial, miles de hectáreas se contemplan y se mantiene como lotes de engorde, no por la inexistencia de leyes que viabilicen otras formas de vida y planeamiento, sino por el modelo subnormalizante, depredador y excluyente que predomina.

 

El abuso de autoridad, el abuso del poder, el abuso del derecho, han impedido ver las soluciones definitivas al problema social, coartando la libertad. 

 

Las clases medias, son sometidas al arribismo consumista que institucionaliza el irrespeto por el compañero de juego, por el vecindario, en los años 70, se empiezan a sustituir los programas de bajo costo de los años de 1958 al año 1970, al convertir en mercancía a las viviendas, se aumentan artificialmente los precios de los inmuebles, facilitando la especulación y el lavado de dineros con la industria de la construcción; utilizando la necesidad de habitación, se va abonando el terreno a la tendencia devaluacionista, que el superestado impone a todo el mundo; debido a la subliminal influencia de un modelo urbano de vida, no se implementa un nuevo planeamiento de los asentamientos humanos, con la producción como eje del nuevo diseño de convivencia.

 

En 1979, los norteamericanos, tratan de establecer el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos, cuya aprobación finalmente fue negada en el Gobierno de Betancourt (1982-1986), pero simulando una independencia, se decide el ingreso al bloque de los No Alineados, que desde la óptica norteamericana era alinearse con la URSS.

 

Desde los finales de los años de 1980, el FMI cambia sus modos y adopta otros métodos y desde  entonces, la prepotencia del F.M.I., se ha expandido a todas partes; debido a la subliminal influencia de un modelo urbano de vida, posteriormente, según el economista, Paul Krugman, el Plan Brady fue salvado por los mexicanos cuando nacionalizaron la Banca y negociaron parcialmente la deuda externa, con decisión, con autonomía y soberanía apartándose de los mandatos del superestado. La Segunda Guerra Fría, debilita estructuralmente el papel del Estado, disuelve la URSS, amenaza al mundo, como un gran negocio para el neoconservatismo de la gran propiedad en su conjunto y en especial para EE.UU, al proteger la hegemonía e impedir la caída del dólar.

 

John Williamson, en el año 1985, escribe IMF conditionality, al criticar al Fondo Monetario Internacional, critica sus condicionamientos, “que han resultado ser una fuente perenne de controversia”, pero posteriormente le encargan la elaboración del “Consenso de Washington”, que en esencia es la “infamia de Williamson y del Club de Roma”, porque allí receta la privatización o apropiación de patrimonios públicos, este es el robo de las riquezas de las naciones, principalmente de bienes de uso público, infraestructura inalienable, inembargable e imprescriptible.

 

El municipio Arauca, desde el permiso de explotación del petróleo en el año 1988, cambia su planeamiento, pero el manipulado desconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad, genera un crecimiento desordenado y depredador; la contaminación e inundaciones precedentes que no eran contempladas ni tratadas a fondo, generan algunos programas como el anillo de protección de inundaciones, se financia con la nueva situación económica que aporta Caño Limón, este aporte presupuestal genera regalías y su manejo descentralizado que incide en toda la Orinoquia, pero la inexperiencia en el manejo de un presupuesto mayor, y otras condiciones que generó la producción petrolera, como migraciones e insurgencia, generan complejas circunstancias que hacen difícil resolver el nuevo contexto creado.

 

Posteriormente en Casanare, los pozos con mayor producción que en Arauca, generan un rápido crecimiento de Yopal, allí la autogénesis entra en acción con incidencia contextual de talla nacional e internacional, que nos ha llevado a estudiar el pago de la deuda externa, con la negociación de la producción de solo uno de sus pozos, por ejemplo el de Cusiana, que por su magnitud, puede resolver este problema macroeconómico, los asentamientos casanareños poco a poco después del año 1991, empiezan a comprender la función social y ecológica de la propiedad; la economía basada en nuestros recursos propios, es más una realidad que se impunemente se desconoce desde el superestado que impide cualquier tipo de solución definitiva, para continuar el megasaqueo económico.

 

En San Martín Meta, en el año 1989, se construyen programas urbanos que no se habitan, porque no existen compradores.

 

La inseguridad, es una de las causas para que no existan compradores de vivienda en San Martín, esta es una de las contra reformas estructurales que están en marcha y total desafío al orden constitucional, para mantener un ambiente hostil favorable a los manipuladores del poder económico, político e informático; con el terrorismo económico se implementa sutilmente la violencia institucionalizada y se acude al abuso del derecho, apoyado por el despotismo de la autoridad y por la arbitrariedad en el ejercicio del poder; se practica así, una intervención que prepara el terreno al megalavado y al abuso monetario basado en premisas falsas, impuestas por la Academia, desde Oxforth, MIT, HARVARD.

 

Para evitar la posibilidad de distribuir pacíficamente la abundancia, unos índices causan más muertes, miseria y quiebra de empresas que la guerra misma; índices e impuestos maquiavélicamente legalizados, producen la descomposición social, la soportan y la legitiman; efectos como la corrupción y factores de desestimación social, acuden a la violencia física, negando en complicidad elitista, manejados desde el extranjero con un modelo acumulativo exageradamente sensible, a las presiones desestabilizadoras externas. el recrudecimiento de la inflación o el aumento de los gastos militares después de la guerra de Vietnam, repercuten en el incremento de la especulación mercantil.

 

Desde el año 1990, el Consenso de Washington, propone el ataque a la moral pública con la privatización de los invendibles bienes de uso público de las naciones, este es un recetario infame del economista John Williamson, con recetas inconvenientes, es además, un robo avalado por entidades supraconstitucionales, es un despropósito que trata de imponer la confusión conceptual, alrededor de la idea del asalto al patrimonio público.

 

Las imposiciones inconstitucionales al servicio de multinacionales que tienen en la miseria a 2.500 millones de seres humanos, han logrado el despropósito que implementa la apropiación ilícita de bienes de uso público, este es un ataque a los Estados con la desestatificación del patrimonio público; en todo el mundo, el desconocimiento de la propiedad estatal, permitiendo su apropiación por particulares, este es un aberrante saqueo a las riquezas de los pueblos.

 

Este falaz plan de intervención en asuntos internos de las naciones, necesita de la tecnología de la muerte para crear macabras consecuencias, con él, se justifica el megalavado de dineros y se trata de aplastar la función social y ecológica de la propiedad, para desconocer la abundancia; ignorar morbosamente la autogénesis biótica, es un aberrante plan, para imponer la inversión extranjera, con las multi financieras internacionales, que lavan dineros obtenidos ilícitamente.

 

En contraste, el nuevo contexto, en el siglo 21, el mundo sabe que para el campesino que tiene 3 o 4 hectáreas le es posible pervivir con un modelo colaborativo, que puede producir por ejemplo con cultivos hidropónicos desarrollando sistemáticamente la autogénesis biótica. Hay que frenar, la privatización de bienes de uso público y la especulación sobre el hábitat autosuficiente, especialmente en regiones donde hay millones de campesinos sin tierras suficientes. La función ecológica tiene un airecito, en la Carta de la Comunidad Europea sobre Derechos y Obligaciones Ambientales, art. 1, emitida en diciembre de 1990: "El derecho individual a un ambiente adecuado en relación directa con la salud y el bienestar de la persona."

 

Argentina, en el año 1990, construye comunidad, crea la red global de trueque, por un intercambio justo rechazando el dinero como medio de pago; se fortalecen lazos consanguíneos y compatriotas, minuto a minuto, recuperando la capacidad adquisitiva desde la familia, es todo un cambio cultural, estructural y político; el reencuentro social en los mercados locales, con las monedas locales o diferentes al peso argentino como el patacón, son alternativa ante la dolarización en todo el mundo, el robustecimiento y la reproducción del tejido social con costumbres armónicas e intercambio justo, está interponiendo la eliminación de las monedas nacionales; como evolución de las nuevas relaciones sociales, las monedas locales, los comercios equilibrados, la sabiduría popular y las redes globales de trueque, son alternativa a la dictadura del sistema financiero.

 

La realidad es cruda en los inicios de los años 90; con la apertura económica y la manipulación del poder económico, se ejecutó la más inhumana persecución económica del modelo neoconservador de la gran propiedad privada, contra pequeñas y medianas empresas, atropellando el orden justo y jurídico nacionales, para mantener el poder elitista y sus sobreganancias.

 

En el contexto urbano, la importancia de el hábitat autosuficiente, del acceso a su propiedad, y la posibilidad de habitación, intervienen en la dinámica del derecho a la vivienda, además, últimamente se plantea también en términos como de derecho al trabajo.

 

En los países donde existe la propiedad privada sobre el hábitat autosuficiente, el arrendamiento es una forma de evadir la responsabilidad de adjudicar la vivienda. Al contrario, en los países, donde la propiedad privada sobre el hábitat autosuficiente está totalmente suspendida, el arrendamiento tiene sentido, porque el Estado se encarga de garantizar el derecho de habitación, con todos los servicios.

 

Para que el único destino posible del campesino sin tierra sea la proletarización, vendiendo su fuerza de trabajo al sector agroindustrial. Se propende por la dotación de tierras de acuerdo al esquema nacional de reforma agraria, pero no se plantean reivindicaciones en materia laboral, de mejorar las condiciones de vida del campesinado, por lo que buena parte de la población rural no cuenta con un espacio organizativo que represente sus intereses, más allá de las mínimos logros en materia de dotación.

 

La jurisprudencia de este continente, influida por los conceptos y principios de la Revolución Mexicana, destaca como excepción el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional; ha sido fuertemente cuestionada por las políticas neoliberales.

 

No se reflejan en las exigencias de reforma de las organizaciones que dicen representar al campesinado, pero introducen una nueva relación entre producción, distribución y consumo, muchos países están revisando su legislación, fortaleciendo el derecho de los propietarios actuales, que en muchos casos son los latifundistas, esto ocurre en Brasil, en México, en Guatemala.

 

Ese fenómeno, que está ocurriendo a nivel mundial, ataca la propiedad privada.

 

El Orden Económico Internacional, la Política de Manipulación del poder económico, Hegemonismo y Proteccionismo hacia los países desarrollados son la causa fundamental del deterioro incesante del medio ambiente, eludiendo el replanteamiento de la relación entre producción, distribución y consumo, hacia reproducción de relaciones armónicas de pervivencia, que ha necesitado repensar la propiedad colectiva sobre el hábitat autosuficiente, como prospecto colaborativo.

 

El concepto de función social en la reforma agraria, en América Latina, no escapa a la visión occidental, porque no comprende la relación ecológica, no va más allá de la idea del enriquecimiento individual, del crecimiento económico, de la sobre-explotación de lo material, sin contemplar los daños que se causan a los ecosistemas; profundizar en otras dimensiones y usos de el hábitat autosuficiente, es natural para el indígena que necesita de su tierra, este uso es diferente al del campesino que lucha por el hábitat autosuficiente; son muy diferentes al uso que hace la sociedad dominante, porque el hábitat autosuficiente es considerada por los pueblos indios como un espacio amplio para la armonía, para la pervivencia física y cultural.

 

Los países desarrollados, comprenden:

Primero, que el desarrollo industrial es un proceso costoso que realizó Europa con el saqueo a las colonias.

Segundo, que las enfermedades mentales, los problemas de adicción y violencia, se escapan de su control.

Tercero, que el desarrollo de los países avanzados ha sido subnormalizante y depredador.

 

Los países en desarrollo, no deben sufrir estas equivocaciones. Sin embargo, el hecho de que el concepto de desarrollo se haya desvirtuado, le da mayor valor a la concepción original de la función social y ecológica de la propiedad, ésta debe ser rescatada y reivindicada en la lucha por el derecho a un hábitat autosuficiente. Pero el problema es que un nuevo enfoque en torno a los derechos sobre el hábitat autosuficiente, se necesita una transición política y ahora no la hay, para definir cuáles son las tierras que no están cumpliendo con la función social, debe ser aprovechado por los campesinos, comunidades indígenas y organizaciones que los acompañen.

 

El superestado, integrado por el F.M.I, del BANCO MUNDIAL, reemplaza el oro por el dólar, como respaldo económico, así se perfecciona la manipulación macroeconómica, que estimula la acumulación de la propiedad e implementa las privatizaciones en beneficio de una indolente e inhumana élite hegemónica, uno de los efectos más inmediatos de esta intervención en asuntos internos de países en desarrollo, es la acelerada urbanización que se implementa pacífica o violentamente, pero la orden es esa, sacar a los campesinos, atropellando y motivando su migración voluntaria o forzada.

 

Está avanzando en el pueblo latinoamericano un proceso irreversible de socialización de los temas macroeconómicos en la mesa familiar, en la tertulia, en la charla con respeto por la opinión diversa y en general en las imágenes que se reciben por los medios de comunicación; es una transparente evolución social que cuestiona diariamente la relación economía-comunidad; esta transformación comprende el curso de los procesos auténticos, para recuperar la capacidad adquisitiva desde nuestro pueblo y para nuestro pueblo con autodeterminación, sin injerencia externa en los asuntos internos, recuperando el manejo de la cosa pública, recuperando la vergüenza.

 

Con el profundo deseo de colaborar en la evaluación macroeconómica, en Latinoamérica se está investigando sobre las causas de la violencia institucionalizada, y al vincular la comunidad, al modelo de auditoría con enfoque integral, la economía solidaria real, está promoviendo nuevas formas de intercambio proporcional, ha elaborado publicaciones, ha coordinado relaciones sociales, diplomados, mesas de trabajo, estudios, foros, talleres y convenios, por el rescate de los valores públicos; todas las áreas del conocimiento y principalmente, ejerciendo una democracia decisiva, los usuarios colombianos, porque en esencia, estamos construyendo una verdadera reforma financiera de sistemas, economía, derecho, contaduría, administración de empresas, coordinados por nuestros centros de investigaciones, en clara relación con la comunidad a través de la proyección social, como se condensa nuestro prospecto colaborativo, en la Carta Magna.

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

 

La devaluación impide la regulación cambiaria, crediticia y monetaria. A finales de los 7O se publican dos más: "Interfuturos" de la OCDE y el "Global 2OOO" de la Administración Carter. A mediados de los 8O lo hace el "Informe Brandt"; en 1988 le tocó al de la ONU sobre "Nuestro Futuro Común", llamado Informe Brundtland.

 

Desde los finales de los años de 1980, el FMI cambia sus modos y adopta otros métodos, con el Plan Brady, y para entonces su prepotencia se ha expandido a todas partes. La Segunda Guerra Fría, debilita estructuralmente el papel del Estado, termina de destrozar a la URSS, amenaza al mundo, como un gran negocio para el neoconservatismo de la gran propiedad en su conjunto y en especial para EE.UU. Unos índices causan más muertes, miseria y quiebra de empresas que la guerra misma; índices e impuestos maquiavélicamente legalizados, producen la descomposición social, la soportan y la legitiman; efectos como la corrupción y factores de desestimación social, acuden a la violencia física, negando en complicidad elitista, la posibilidad de distribuir pacíficamente la abundancia, manejados desde el extranjero con un modelo acumulativo exageradamente sensible, a las presiones desestabilizadoras externas. el recrudecimiento de la inflación o el aumento de los gastos militares después de la guerra de Vietnam, repercuten en el incremento de la especulación mercantil a través del General Agreement on Tariffs and Trade, GATT o Tratado General de Tarifas y Mercado, hoy O.M.C., Organización Mundial del Comercio, este Superestado de las Multinacionales; el terrorismo económico se implementa sutilmente y acude a la violencia institucionalizada; se practica así, una intervención que prepara el terreno al megalavado y al abuso monetario basado en premisas falsas, impuestas desde la Academia, desde Oxforth, MIT, HARVARD.

 

La realidad es cruda en los inicios de los 90; con la apertura económica y la globalización, se ejecutó la más inhumana persecución económica del modelo neoconservador de la gran propiedad privada, contra pequeñas y medianas empresas, atropellando el orden justo y jurídico nacional, para mantener el poder elitista y sus sobreganancias.

 

En el año 1991, el Club de Roma exacta y taxativamente define: "El tiempo se está acabando. Y algunos problemas han alcanzado ya una magnitud que  impide abordarlos con éxito". Reconoce que la deuda es o será papel chatarra y cambia su estrategia de endeudar por la de la privatización y apropiación individualista del patrimonio público de los países, por parte de sus testaferros y tiranos locales.

 

El terrorismo económico, es su desesperada respuesta, es impuesto supraconstitucionalmente, pasando por encima de leyes y normas de normas; la anarquía y el abuso de la autoridad, se implementan y a través de los medios masivos de comunicación, se están alienando las conciencias y limitando las capacidades.

 

Con el planteamiento de nuevos asentamientos humanos, en revolución cultural, desde 1991, con democracia decisiva hacia la urgente redistribución poblacional, con un nuevo modelo reductivo e incluyente, fundamentado en la solución a los problemas, método científico que plantea resolver los problemas, los latinoamericanos estamos creando comunidades con base en el trabajo, con fundamento en los recursos propios y economía solidaria, sector real que maneja gran parte de las economías nacionales, en empresas solidarias, asociaciones mutuales, cooperativas, asentamientos agrícolas integrales, especializados y/o autosuficientes donde la deuda externa e interna está neutralizada. En 1991 se caracteriza la función social y ecológica de la propiedad, en los artículos 58, 59, 60 de la Constitución:

Artículo 58º.-

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.

 

Mediante Acto Legislativo 001 de 1999, con la orientación de sinvergüenzas en un ataque neoconservador de la gran propiedad privada, se suprimió la parte final de el artículo 58 de la Constitución “Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.”

 

Artículo 59º.-

En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización.
En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos.
El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.

Artículo 60º.-

El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.
Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.

 

Los manipuladores del poder económico, con sofismas y sobornos, degeneran las medidas conducentes a democratizar la titularidad de acciones cuando el Estado enajena su participación en una empresa, debe ofrecer a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria.

 

La propiedad colectiva sobre los medios de producción, debe ofrecer a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para democratizar la titularidad, la propiedad; no se puede dejar degenerar esta propiedad con la imposición de una privatización. Tampoco, se debe dejar degenerar la función social de la propiedad cuando el trabajador se limita a luchar por un salario, y renuncia subliminalmente a su derecho al espacio vital propio de su empresa.

 

La propiedad de la vivienda, se constitucionaliza en el año 1991, en contra del modelo excluyente, que desprotegía ese derecho, en la anterior Constitución de 1886; con el avance de la tecnología, desarrolla y evoluciona hacia el apartamento oficina, hacia la vivienda taller, en contra la habitación suntuaria consumista, permite el replanteamiento de la relación entre producción, distribución y consumo, hacia la reproducción de relaciones armónicas de pervivencia, ha necesitado repensar la propiedad colectiva sobre el hábitat autosuficiente, prospecto colaborativo, que evoluciona esencialmente, sobre la base innegable de las sociedades indígenas que perviven con un plan de vida, estas comunidades, no han introducido el lastre de la apropiación, en sus relaciones sociales.

 

En el año 1991, en la Constitución Política de Colombia, se retoma la función del estado de dotar de vivienda, la vivienda se convierte nuevamente en una obligación del Estado, en un derecho de todos los colombianos. Pero, desde 1972, se creó una legislación paralela con una aceptación masiva, con un respeto hacia la corporaciones de ahorro y vivienda que muy pocos comprendieron desde esa época. También tienen relación con el derecho a un hábitat autosuficiente, los problemas urbanos que se presentan con terrenos en muchas ciudades, en los casos en los que se invaden terrenos en centros urbanos, ¿puede hablarse de derecho a un hábitat autosuficiente o del derecho a la vivienda?

 

La ocupación de terrenos que se da con fines urbanos, se diferencia bastante de la problemática del derecho a un hábitat autosuficiente que pueden plantear los campesinos y los indígenas.

 

La función ecológica de la propiedad, textualmente queda como función inherente a la función social en la Constitución Colombiana desde 1991, con la ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente, que, protege la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, teniendo en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, acoge y desarrolla la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que:

“reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia, DECRETA: TITULO I FUNDAMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA ARTICULO 1o. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.

5 . En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad. las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo.

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y las clases sociales. 14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física.”

 

La geopolítica, la situación económica del mundo actual, es la causa fundamental y en última instancia determinante de la destrucción del medio natural como bien jurídico, que reclama inmediata protección; el Derecho ambiental abarca un grupo indeterminado de relaciones jurídicas en el intercambio que a diario se establece entre el hombre y la naturaleza, es por ello que su protección debe realizarse desde diferentes esferas jurídicas como el Derecho Privado, Constitucional, Administrativo, Civil, Agrario, Marítimo y Penal, entre otros.

 

La protección jurídica del medio ambiente en América Latina es una protección de derecho, que replantea la relación entre producción, distribución y consumo, hacia la reproducción de relaciones armónicas de pervivencia; esta prospectiva y renegociación colaborativa, ha necesitado repensar la propiedad colectiva sobre el hábitat autosuficiente, en los asentamientos humanos.

 

Independientemente de que los terrenos sean o no del Estado, lo que distingue el derecho en cuestión y los mecanismos legales a utilizar es la finalidad que se le va a dar a las tierras; cuando se ocupan tierras del Estado, con fines habitacionales, no se puede solicitar un amparo agrario, no se puede emplear ninguno de los medios que da la reforma agraria, porque el hábitat autosuficiente no va a ser utilizada con el fin de cultivarla; sin embargo, puede utilizar recursos para la defensa de su derecho a la vivienda, como función social y ecológica de la propiedad, institucionalizada en Colombia, en el año 1991 en la Constitución.

 

Con el fin de crear dependencia tecnológica, económica y política, todas sus definiciones están fijadas para imponer la reducción del gasto público, el superestado de las Multinacionales, impidiendo la inversión social, manteniendo la inflación, imponiendo la privatización de bienes de uso público y manteniendo la dependencia económica, manipula la devaluación que automática e infamemente nos impone dependencia económica, e interviene sin vergüenza en nuestros asuntos internos interviniendo la autodeterminación colombiana.

 

Estamos desenmascarando que el crédito es generador de corrupción y ésta a su vez es productora del endeudamiento impagable, mal llamado crédito. La corrupción es un efecto, la causa de los problemas está en el enriquecimiento sin causa justa. El origen de los problemas de la humanidad se encuentra en el abuso de los derechos por parte de los especula-dores financieros, reconcentrados en el modelo acumulativo, sujeto a presiones violentas y permanente, fundamentalmente coadyuvando en las Sentencias de la Corte Constitucional, los trabajadores pedimos que en fallos trascendentales se declaren ilegales o inconstitucionales: el aumento de la deuda y de las cuotas, y los despidos masivos.

 

Con la declaratoria de ilegalidad se está quebrando la columna vertebral del sistema expoliante e insensible, se está cuestionando y lo más importante, se está evidenciando la violencia institucionalizada, implementada por medio del crédito, del despido y del despojo.

 

América Latina en los últimos veinte años, los proletarios agrícolas, los campesinos sin tierra, ahora no tienen ningún vínculo laboral formal con el propietario. Viven en una situación sumamente precaria, no ganan el salario mínimo. Actualmente hay un gran grupo de millones de trabajadores agrícolas que son tremendamente explotados, que no tienen absolutamente ninguna seguridad laboral. Ese gran esfuerzo del movimiento campesino entre las décadas sesenta y setenta por extender protección laboral al trabajador agrícola, se ha revertido dramáticamente en estos tiempos. El derecho a la vivienda digna en Colombia, desde 1991, adquiere una función social y ecológica; es inembargable, no es el derecho a un hábitat autosuficiente como algo que se limita a lo físico, o a un bien comercial vendible, que se le quiere dar simplemente una función urbana o una función agraria.

 

La Internacional Socialista, y su movimiento la socialdemocracia, al respecto, no define posición, concepto con el que no se compromete este movimiento mundial, ha sido reacio a tomar decisiones al respecto, en estos 71 años, ha estado influenciado por el modelo neoconservador de la gran propiedad privada, que evita por todos los medios, la redistribución pacífica de la abundancia. El cambio de actitud de países en desarrollo, lucha día a día, contra la concepción que se basa fundamentalmente en un concepto hegemónico, que cree en el crecimiento económico como lo único importante en la sociedad.

 

Pero, contra estas falacias del dogma convencional, los Pactos y Convenciones Internacionales, reconocen como derechos humanos agrarios los siguientes:

1) El derecho al espacio vital propio del hábitat autosuficiente.

2) La garantía de la propiedad que cumpla con la función social.

3) El derecho al trabajo productivo y estable.

4) El derecho a la organización asociativa de las explotaciones agrarias.

5) El derecho a un medio ambiente adecuado y sano.

6) El derecho a beneficiarse de la explotación de los recursos renovables.

7) El derecho a la seguridad social en el campo y

8) El derecho a una buena nutrición. Derechos éstos que nuestras constituciones, al adoptar como modelo el del estado social de derecho, también proclaman, como ocurre en América Latina.

 

Los derechos del campesinado, se reconocen en el ordenamiento jurídico, pero  muchas veces las fuerzas armadas los desconocen y ejecutan desalojos forzosos, rindiéndole culto a la gran acumulación, concentrada en el latifundio. En América Latina, una situación muy difícil que tiene que ver con conflictos entre pueblos indígenas y campesinos sin tierras que quieren acceso a ellas; los campesinos invaden los territorios de los pueblos indios y a partir de allí se generan disputas y enfrentamientos entre ambos sectores.

 

Se trata de un problema muy serio que está presente en toda América Latina. No existe ningún país con población indígena donde no se esté presentando ese tipo de problema. De hecho, es ya un tema muy debatido en talleres y congresos internacionales y regionales de pueblos indios. Por lo general se trata de situaciones muy complejas; hay algunos casos en los que las organizaciones indígenas han llegado a acuerdos para compartir una parte de sus espacios itinerantes. La mayoría de las organizaciones indígenas sabe cómo negociar, sabe como hacer concesiones y hay experiencias de negociación en las que los pueblos indios han hecho concesiones. Pero, en todo caso, no existe una formula única. Se trata de un problema muy complejo.

 

La solución también tiene que ver con una mayor intervención del Estado en el sentido de dotar de tierras, de manera ordenada y eficaz a estos sectores campesinos, de tal forma que se eviten conflictos entre ambos sectores.

 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Reforma Agraria habla un poco de lo que sería una explotación eficiente y estable. Pero lo más importante para la defensa del derecho a un hábitat autosuficiente, es que la legislación venezolana, en concreto el Reglamento de la Ley de Reforma Agraria, deja que sea la población, que sea el ciudadano común quien controle si una tierra está o no cumpliendo con la función social.

 

El Estado interviene con sus organismos, pero deja un cierto rol al ciudadano, a través de una denuncia que tiene que hacer llegar a los organismos agrarios. Eso debería ser aprovechado por los campesinos y por las organizaciones de derechos humanos, analizando si la porción de tierra en cuestión está cumpliendo con la función social. Comúnmente el trámite administrativo es demorado y engorroso, pero es un trámite que la ley garantiza que, una vez iniciado, tiene que culminar.

 

En Colombia, aunque con poderosos obstáculos y retrógrados enemigos, la función social y ecológica de la propiedad evoluciona con la ley 160 de 1994 (agosto 3) “por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia, DECRETA: CAPITULO I Objeto de la ley ARTICULO 1°.- Inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de el hábitat autosuficiente de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, esta Ley tiene por objeto:

Primero. Promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina.

Segundo. Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional.

Tercero. Apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos en los procesos de adquisición de tierras promovidos por ellos mismos, a través de crédito y subsidio directo.

Cuarto. Elevar el nivel de vida de la población campesina, generar empleo productivo en el campo y asegurar la coordinación y cooperación de las diversas entidades del Estado, en especial las que conforman el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, para el desarrollo integral de los programas respectivos.

Quinto. Fomentar la adecuada explotación y la utilización social de las aguas y de las tierras rurales aptas para la explotación silvoagropecuaria, y de las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas, mediante programas que provean su distribución ordenada y su racional utilización.

Sexto. Acrecer el volumen global de la producción agrícola, ganadera, forestal y acuícola, en armonía con el desarrollo de los otros sectores económicos; aumentar la productividad de las explotaciones y la eficiente comercialización de los productos agropecuarios y procurar que las aguas y tierras se utilicen de la manera que mejor convenga a su ubicación y características.

Séptimo. Promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural y estimular la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino para lograr su fortalecimiento.

Octavo. Garantizar a la mujer campesina e indígena las condiciones y oportunidades de participación equitativa en los planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, propiciando la concertación necesaria para lograr el bienestar y efectiva vinculación al desarrollo de la economía campesina.

Noveno. Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer Zonas de Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen.

 

PARAGRAFO.- Los fines que este artículo enumera servirán de guía para la reglamentación, interpretación y ejecución de la presente Ley. Las disposiciones de esta Ley, y en general las normas que se dicten en materia agraria, tendrán efecto general inmediato de conformidad con lo establecido en la Ley 153 de 1887, salvo las disposiciones expresas en contrario.”

 

En Colombia, la ley 388 de 1997, en el ARTÍCULO 1o. OBJETIVOS. La presente ley tiene por objetivos:

1.       Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9a. de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.

 

2.       El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como  la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.

 

3.       Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios,  y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.

 

4.       Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el  mejoramiento de la calidad  de vida de sus habitantes.

 

5.       Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política.

 

ARTÍCULO 2º. PRINCIPIOS. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios:

 

1.       La función social y ecológica de la propiedad.

2.       La prevalencia del interés general sobre el particular

3.       La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

 

La reproducción de relaciones armónicas de pervivencia, ha necesitado repensar la propiedad colectiva sobre el hábitat autosuficiente, como prospecto colaborativo, la pregunta que se plantea es ¿qué hacer cuando terrenos del Estado, son ocupados por campesinos pero para la construcción de viviendas, con un total replanteamiento de la relación entre producción, distribución y consumo?

 

¿Qué tratamiento legal puede dársele a ese problema?

Normalmente los terrenos que rodean a las ciudades son terrenos de engorde o de futura apropiación y acumulación elitista.

 

Sin embargo, se da el caso de tierras que están bordeando a las ciudades que todavía no son formalmente reservas, o zonas de expansión urbana o ejidos porque no han sido aún transferidas. Pero en esos casos concretos de zonas que todavía están bajo la administración del Estado, que están bordeando las ciudades, se presentan algunos problemas de tierras.

 

Internacionalmente, el Derecho Ambiental no ha sido reconocido ni protegido jurídicamente con la jerarquía que necesita como un Derecho Fundamental indispensable para la práctica social.

 

La devaluación impide la regulación cambiaria, crediticia y monetaria; es uno de los índices que causan en el mundo más muertes, miseria y quiebra de empresas que la guerra misma; la descomposición social, acude a la violencia física para acelerar el proceso de urbanización en toda América Latina, así, se institucionaliza con la inflación, los impuestos y muchos mecanismos de creación de dependencia económica son subliminal y maquiavélicamente legalizados, porque la soportan y la legitiman; estos propósitos aberrantes del modelo subnormalizante y excluyente, generan efectos como la corrupción y factores de desestimación social, son promovidos a través del General Agreement on Tariffs and Trade, GATT o Tratado General de Tarifas y Mercado, hoy O.M.C., Organización Mundial del Comercio, negando la posibilidad de distribuir pacíficamente la abundancia.

 

Las recetas del superestado de las multi y transnacionales en complicidad elitista, necesitan de testaferros que manejados desde el extranjero con un modelo acumulativo exageradamente sensible a las presiones desestabilizadoras externas, interviene en asuntos internos, emplea al gobierno, para justificar la apropiación del patrimonio cultural, económico y político de las naciones de la mayoría del mundo; el abuso del derecho por parte de las élites indolentes extranjeras o colombianas hacia su enriquecimiento sin justa causa, violan el artículo 335 de la C.N.; para impedir la democratización del crédito, el 'acuerdo' inconstitucional, exige ventas de activos del Estado, en contra del sentir nacional, quebranta el artículo 63 de la C.N. legitima la privatización de bienes de uso público e infraestructura; además impone las inconstitucionales devaluación e inflación, impuestos para los pobres, que son pérdida de poder adquisitivo del dinero, son delitos. La imposición del cobro de intereses impide el desarrollo de la familia, de la empresa y limita diametralmente la capacidad autogeneradora  y autogestora de recursos.

 

Alternativas al manejo del hábitat autosuficiente, considerando la tierra,  simplemente como algo inalienable, como un bien invendible, desarrollando un modelo incluyente, evolucionan en renegociación colaborativa a nivel internacional; en lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas se han dado avances irreversibles, por ejemplo en Colombia durante los años del 1991 al año 2003,se recuperan y se consolidan resguardos y reservas indígenas en 30’600.000 hectáreas, superando el terreno ganadero que en le mismo período llega a 27’000.000 de hectáreas.

 

Poco a poco, se ha venido reconociendo la importancia de la definición de lo que es exactamente el derecho a un hábitat autosuficiente, sí existe un consenso mínimo sobre lo que no es: no es un bien enajenable como cualquier otro. No se remite simplemente a lo tangible, a un pedazo de tierra parcelado, carente de otro tipo de sentido. Este puede ser un punto de arranque para trabajar. En este sentido existe cierta semejanza con lo que ha sido la evolución en la definición del derecho a la vivienda. El punto de partida aquí fue: el derecho a la vivienda no es sólo el derecho a un techo y cuatro paredes. Se trataba de despojar al derecho a la vivienda de un sentido físico y muy básico, dándole un contenido mayor; se buscaba tener claro qué es lo que no es el derecho a la vivienda para de allí pasar a su conceptualización, la cual involucra: seguridad jurídica de la tenencia, condiciones de habitabilidad, gastos soportables, acceso, ubicación, adecuación cultural, recursos y servicios. Hay una serie de elementos que se han ido incorporando a ese concepto básico de derecho a la vivienda, también relacionándolo con otros derechos sociales como el derecho a la salud, etc., y que hoy en día se aceptan como parte del contenido básico del derecho a la vivienda. Entonces, en el caso del derecho a un hábitat autosuficiente quizás sea conveniente tener también claro ese punto de partida, es decir, qué es lo que no es el derecho a un hábitat autosuficiente, para avanzar luego en mayores desarrollos sobre la especificidad de su contenido, hasta alcanzar su reconocimiento.

 

En relación al esfuerzo de ir definiendo lo que es y lo que no es el derecho a un hábitat autosuficiente hay que pensar lo que no es la propiedad privada o pensar en cómo limitarla. En este sentido, a nivel mundial hay algunas experiencias que pueden dar resultados interesantes como las de Palestina y sobre todo en África del Sur.

 

Están ahora comenzando a pensar cuáles deben ser los principios básicos que permitan solventar conflictos como reclamos y restitución de tierras y cuáles son los requisitos para estas restituciones. Ellos nunca tuvieron el concepto de la función social y ecológica de la propiedad; acaban de descubrirlo. Y están también tratando de vincular derechos laborales con derechos a el hábitat autosuficiente. Esto nos indica que hay algunos sectores y países — aunque pocos — donde hay actualmente un pensamiento muy productivo y creativo.

 

En el año 1992, la Conferencia Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro culminó en la "Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo", adoptando como uno de sus principios fundamentales del Derecho Internacional en materia del Medio Ambiente, la necesidad de promulgar leyes eficaces sobre Medio Ambiente con la condición de que tales normas, sus objetivos y prioridades deben reflejar el contexto ambiental y de desarrollo a que se aplican.

 

Todos los Instrumentos Jurídicos e Instituciones Internacionales reconocen la contaminación ambiental como un problema universal y que para su solución se necesita voluntad política y solidaridad humana como única vía de tocar el corazón de los hombres en aras de su propia salvación.

 

Equidad Intergeneracional

El criterio de crédito planetario fundamenta este principio, ya que debe entenderse que cada generación recibe de las generaciones anteriores un legado natural y cultural a título de fideicomiso, el cual debe mantener y entregar a las futuras generaciones.

 

Nuestra época tiene características especiales y sin precedentes en la historia de la humanidad, pues por vez primera tiene en sus manos el futuro de la vida en el planeta, es decir que haya vida y el tipo de vida que pueda haber en el futuro dependerá de la actuación humana en el presente.

 

El problema de los derechos entre generaciones siempre se ha planteado de un modo muy diferente al que se nos plantea hoy, pues a lo largo de los siglos ha existido la conciencia de que las generaciones han hecho por las presentes más de lo éticamente necesario, esto ha sido probablemente cierto hasta hoy, pero puede dejar de serlo en un futuro muy próximo, pues muchos son del criterio de que las generaciones actuales están consumiendo más de lo que la naturaleza produce, razón por la que parece que nuestros herederos recibirán más deudas que riquezas. Estas deudas se llaman aumento de la temperatura ambiental, destrucción de la capa de ozono, deforestación, incremento de los niveles de radioactividad, salinización de los suelos.

 

Las ideas innovadoras, establecieron algunos principios que continúan teniendo validez, reestableciendo el derecho de los indígenas a la propiedad, en Colombia, los indígenas en el año 1998, habían rescatado 30’600.000 hectáreas, gracias a los derechos reconocidos en la Constitución Colombiana para los indígenas.

 

Ley 546/99 Artículo 7. Reuniones y funciones del Consejo Superior de Vivienda. El Consejo Superior de Vivienda se reunirá como mínimo dos veces al año y tendrá las siguientes funciones:

 

1. Asesorar al Gobierno Nacional en la formulación, coordinación y ejecución de la Política de Vivienda, particularmente la de interés social.

2. Revisar los costos para adquisición de vivienda, tales como los gastos por concepto de impuesto, tarifas, tasas.

3. Evaluar periódicamente los resultados obtenidos en desarrollo de los programas de ejecución de la política de vivienda.

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos y criterio del sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo, consagrado en la presente ley.

5. Establecer y divulgar las estadísticas que afecten a la construcción y financiación de vivienda.

6. Velar por el cumplimiento de las condiciones de transferencia e información en las actividades de las diferentes entidades involucradas en el sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo.

7.   Recomendar a la Junta Directiva del Banco de la República, la intervención temporal en los márgenes de intermediación de los créditos destinados a la financiación de vivienda.

8.   Recomendar los seguros y riesgos que deban tener los activos que se financien.

9.   Recomendar incentivos para la adquisición y comercialización de bonos y títulos hipotecarios.

10. Presentar anualmente al Congreso de la República un informe acerca del déficit cuantitativo y cualitativo, urbano y rural de vivienda en el nivel nacional y regional, en forma global y por estrato socioeconómico.

11.  Las demás que le asigne la ley.

 

Ley 388/97   ARTÍCULO 4o. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones.

 

Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del territorio municipal, teniendo en cuenta los principios  señalados en el artículo 2o. de la presente Ley.

 

La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos.

 

Ley 388/97  ARTÍCULO 14. COMPONENTE RURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. El componente rural del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores rurales. Este componente deberá contener por lo menos:

 

1.       Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los asentamientos humanos localizados en estas áreas.

2.       El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.

3.       La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos o líquidos.

4.       La localización y dimensionamiento de las zonas determinadas como suburbanas, con precisión de las intensidades máximas de ocupación y usos admitidos, las cuales deberán adoptarse teniendo en cuenta su carácter de ocupación en baja densidad, de acuerdo con las posibilidades de suministro de servicios de agua potable y saneamiento, en armonía con las normas de conservación y protección de recursos naturales y medio ambiente.

5.       La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social.

6.       La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo y la localización prevista para los equipamientos de salud y educación.

7.       La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.

 

ARTÍCULO 15. NORMAS URBANÍSTICAS. Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a continuación se señala.

 

En todo caso los municipios que integran Áreas Metropolitanas deberán ajustarse en su determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta Metropolitana, en los asuntos de su competencia.

 

En América Latina, queda al descubierto la falacia de la necesidad del endeudamiento familiar, empresarial, público interno y externo, está desenmascarada, está revaluada y la realidad llevó al total rechazo al F.M.I., al rechazo a los créditos con saldos y cuotas crecientes, mediante una lucha basada fundamentalmente en la autogeneración de recursos, correspondientes al gran potencial del Mercosur; si respetamos la autosuficiencia, el endeudamiento pierde su razón de mantener grandes poblaciones concentradas en sitios reducidos a las cuales hay que garantizarles agua potable, electricidad, carburantes, comunicaciones, servicios públicos y otros aspectos más que requieren soluciones técnicas de alto costo; en transparente enfrentamiento contra quienes están burlando las sanas disposiciones; una de ellas es la determinación que toma el Presidente Ricardo Lagos, en el año 2000, cuando asume la primera magistratura de Chile, es definir como máximo interés legal, el 6% anual.

 

Posteriormente la Conferencia Hábitat II, en Beijing en el año 2001, planteó la importancia del acceso de las mujeres a el hábitat autosuficiente y la propiedad; esto constituyó un nuevo avance hacia la igualdad de las mujeres y sirvió para definir en términos más prácticos sus derechos, en cuanto a los derechos económicos, igualdad de género, al crédito y a la información, derecho a la participación, a las estadísticas desagregadas por género y derecho a la no discriminación, tuvieron en el tema de los asentamientos humanos y en la Agenda del Hábitat, la posibilidad de desarrollarse en objetivos y acciones mucho mas precisas y concretas sobre la función social de la propiedad.

 

En Colombia y en el mundo el problema agrario, no es la reivindicación de un gran porcentaje de los trabajadores del campo no es el hábitat autosuficiente en si mismo, ni mejores condiciones de vida, de vivienda, es la concepción predominante sobre su futuro, es el modelo depredador, subnormalizante, acumulativo y competitivo impuesto; cuando el trabajador se limita a luchar por un salario, renuncia subliminalmente a su derecho al espacio vital propio.

 

El Derecho a la Vivienda autosuficiente, debe ser tratado compleja y esencialmente en relación con su función social, como valor de uso y no como valor de cambio; para promover el derecho equitativo a la vivienda, se requiere el respeto al bien común, al interés general sobre el particular; para que se logre la distribución equitativa de el hábitat autosuficiente y la garantía a las familias pobres, el acceso mediante sistemas adecuados de financiación a largo plazo, incluida la gratuidad.

 

Incentivando todas las posibilidades de trueque y reciprocidad, los Fondos de producción locales, reproducen las nuevas relaciones sociales que nacen desde la base, desde la familia; los intercambios justos que excluyan el imperio del dinero, eviten la negativa influencia de los billetes y permitan la comunicación, el acuerdo, la concertación; es indispensable acabar con todas las especulaciones cambiarias y eliminar las formas de competitividad de cualquier tipo que responde a un crecimiento económico, sin evolución social.

 

Este superestado, perfecciona e institucionaliza el desarrollo junker o progreso controlado desde afuera, proceso que venía impuesto desde la Independencia de España; implementa el terrorismo económico y aplica la guerra hegemónica de baja intensidad, para institucionalizar la devaluación, que es el negocio con el que se obtienen más fácilmente utilidades pero aprovechando los Estados Potentes, afectando negativamente la función social y ecológica de la propiedad, orientándola hacia la acumulación de capitales.

 

Dogmática y maquiavélicamente se impone el agiotismo, que desplaza la producción de lo indispensable y de lo socialmente necesario, por la especulación financiera que es una  actividad parásita de la sociedad, que no está fundada en el respeto a la dignidad humana, ni en el trabajo y ni en la solidaridad, porque somete la práctica social al acaparamiento de los grandes ahorradores y acumuladores, obedeciendo sólo a órdenes externas e inconvenientes, sobre las falacias de la competitividad y su modelo depredador y subnormalizante, con un irrespeto total hacia el trabajo.

 

El superestado de la multinacionales, que hace valer más un papel, que la labor productiva y social, nace despreciando el trabajo digno y productivo para imponer el dólar como reserva de la economía, como respaldo de las emisiones de los países dominados y sometidos a una dependencia económica.

 

La acumulación exagerada de riquezas, ha distorsionado la relación entre producción, distribución y consumo, cohonestando el predominio del distribuidor de dinero que en la época imperialista es hoy el especulador financiero, ya no es distribuidor de productos, manipulando el poder económico, político e informático sobre el consumidor y sobre el productor. Sus anhelos son el megasaqueo económico y la especulación generalizada, contaminando el proceso de expansión empresarial con el estrangulamiento económico de la producción agrícola, abriendo paso a un nuevo modelo agrícola dominado por la agroindustria que nada tiene que ver con los mega y microecosistemas existentes. En este período nefasto para América Latina, esta fue considerada como un problema para el orden internacional impuesto y rechaza este sistema, en solidaridad y emulación con la revolución cubana.

 

El Derecho a la Vivienda tiene matices particulares en el caso de las mujeres. El reconocimiento del derecho a la vivienda es fundamental para las mujeres alrededor del mundo y también en Colombia, puesto que muchas de las desigualdades que enfrentamos para acceder a la vivienda y al hábitat se pueden catalogar como violaciones al derecho a la vivienda.

 

El derecho a la vivienda implica obligaciones por parte del estado en primer lugar, para proteger el derecho básico a un lugar donde vivir, por ejemplo los desalojos forzosos. En el caso de las mujeres, el derecho a la vivienda es violado continuamente como efecto de la violencia intrafamiliar. Recordemos el reciente y doloroso hecho sucedido en Bogotá, en que el padre, disfrazado, asesinó a su hijo a quien la madre había transferido los títulos de propiedad de la vivienda, como medio para evitar las presiones del marido para venderla y entregarle su parte. Y los miles de casos que nunca se registran, y que por falta de asesoría legal para adelantar un adecuado proceso de separación de bienes, muchas mujeres separadas de hecho o abandonadas por sus compañeros, deben vender la vivienda para atender las exigencias de sus esposos cuando reaparecen, muchas veces después de largos años de ausencia física y económica.

 

El estado debe así mismo realizar acciones para promover o facilitar el acceso a la vivienda de la población desfavorecida. Por ejemplo desarrollando sistemas de crédito para vivienda, para mejorar la capacidad productiva y el nivel de ingresos. Por tanto, constituye una violación al derecho a la vivienda el exigir a las mujeres que presenten a sus esposos, padres o hijos como garantes para acceder al crédito. Afortunadamente esta práctica muy extendida anteriormente entre las entidades financieras y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, ha ido desapareciendo gracias al empuje y la seriedad de las mismas mujeres, quienes en la práctica han demostrado que la cartera femenina es mucho más segura.

 

En los casos en que las medidas para proteger y promover el derecho a la vivienda no son suficientes, el Estado debe proveer soluciones a las familias que no tienen forma de "hacerse a un techo", facilitando por ejemplo, subsidios para que la población en situación de extrema pobreza acceda a la vivienda y los servicios.

 

Y para que este derecho no se quede en el papel, en Colombia tenemos instrumentos legales tales como la tutela para hacer reconocer los derechos humanos básicos y sobre la cual existe bastante conocimiento entre la población, mientras que a nivel internacional existen tribunales tales como el Comité para los Derechos Culturales, Económicos y Sociales de Naciones Unidas que sesiona en Ginebra, el cual ha sancionado varios países en los últimos años, por violar el derecho a la vivienda, gracias a la labor eficiente para documentar y presentar los casos que el Sub-Comité del Derecho a la Vivienda de HIC ha realizado.

 

El concepto sobre la producción social de vivienda fue un tema desarrollado principalmente por las organizaciones de América Latina como respuesta a una Agenda del Habitat que tenía un marcado enfoque neoliberal, y delegaba la responsabilidad de proveer la vivienda al libre mercado, es decir, al sector privado de la construcción.

 

En nuestras ciudades, los mismos habitantes, son quienes están construyendo o mejorando las viviendas, las redes de servicios, los centros de salud, las escuelas y los parques; este hecho es crucial, pues de ello depende que las políticas de vivienda se dirijan a facilitar y apoyar su papel, fortaleciendo las redes sociales, visibles e invisibles, que son la base a través de la cual se desarrollan las estrategias de producción de la ciudad, más creativas y dinámicas.

 

Las propuestas para llegar a una gestión democrática del territorio, elemento clave para un desarrollo armónico de las ciudades y los países, ocuparon un lugar preponderante en el proceso de negociación. El derecho a la participación de las mujeres en los espacios políticos y en la toma de decisiones, se concreta aquí, en su derecho a participar en la toma de decisiones en todas las etapas de desarrollo del habitat y la vivienda y a todos los niveles (familiar, comunitario, municipal, nacional e internacional).

 

En la práctica esto quiere decir, que la democracia en la vida cotidiana es tan importante como en la vida pública, y que tanto hombres como mujeres, ancianos o niños tienen derecho a participar en el diseño, producción, mantenimiento y control de su vivienda, su barrio y su ciudad, contando para ello con el apoyo del gobierno local o nacional en lo técnico y económico, la coordinación y el marco legal adecuados. Esta es la única manera de lograr viviendas y asentamientos humanos más amables, que respondan a las múltiples y diversas necesidades y realidades en contraposición a los esquemas homogenizadores y empobrecedores que generalmente ofrecen los programas masivos de Vivienda de Interés Social.

 

Los temas "difíciles" en los que no se pudo llegar a completos acuerdos respecto al lenguaje en la Agenda del Habitat, varios de ellos de particular importancia para las mujeres, fueron el de salud reproductiva, los derechos humanos incluídos los culturales, religiosos y espirituales, la definición de "buen gobierno" -muy "occidental" para el Grupo de los 77- el desarrollo sostenible y ambiental continúan suscitando acalorados debates entre los países del norte y los del sur y entre los partidarios del desarrollo centrado alrededor del crecimiento económico y los partidarios de un desarrollo más humano. No fue posible cambiar la definición muy estrecha de "familia" que no reconoce las nuevas formas de agrupación social que existen por el concepto de "hogar" en el que caben más cómodamente.

 

Respecto al tema de los "territorios ocupados" el debate se centró en cómo promover asentamientos humanos integrados, que no fomenten la exclusión de grupos étnicos o sociales, y puesto que no fué posible comprometer a los países productores de armas para eliminar las minas quiebrapatas, se acordó que las próximas minas deberán tener mecanismos para autodestruírse después de cierto tiempo.

 

Después de todo este trabajo -previo y durante la conferencia- y una vez terminada esta etapa, con la satisfacción de no haber escatimado ningún esfuerzo por llevar al nivel internacional las propuestas que nos interesan a las colombianas y colombianos que queremos que las cosas cambien y mejoren en el país, volvemos con el convencimiento de que lo logrado en estos espacios sólo tendrá impacto si la gente, hombres y mujeres en las comunidades lo conocen, lo discuten y lo convierten en propuestas concretas para mejorar sus vidas.

Este es ahora nuestro reto y nuestra misión y también la de ustedes quienes de alguna manera han participado en el proceso. Y ahora... cómo vamos a empezar? En el área de Género y Hábitat de Fedevivienda vamos a continuar el trabajo de difusión y discusión de la Agenda del Hábitat y de las propuestas de las mujeres colombianas para el Plan Nacional de Acción. Aceptamos invitaciones a las reuniones que estén organizando para ampliar lo anterior o apoyamos a las organizaciones afiliadas que quieran iniciar un trabajo en este sentido.

 

En el año 1999, por medio de la investigación socio-jurídica, se comprende la importancia de la función social y ecológica de la propiedad, como base de un proceso de apropiación colectiva del contexto, de los inconvenientes; una gran población sobre-explotada a través del crédito que era pasiva e indiferente ante la problemática social, se vincula radicalmente dispuesta a todo, dinamizando un proceso de reencuentro y asimilación de la realidad, contra la deuda impagable, contra el dios dinero que reemplaza al trabajo.

 

Los usuarios del sistema financiero, contra la tergiversación de función de la propiedad, con demandas, con denuncias y principalmente con propuestas para reglamentación e implementación del Artículo 333 de la Constitución Colombiana, se modifica el contexto y continúa delimitando el alcance de la libertad económica. El abuso del derecho, el aprovechamiento indebido del interés, la estafa, la usura, pero estos delitos pierden piso legal, necesitan del sofisma, cuando se cuestiona el atropello sistemático a los niños, a la familia y exigimos su desintitucionalización con la generación de jurisprudencia colaborativa.

 

Las definiciones de F.M.I., el BID y el Banco Mundial, están acomodadas e insensiblemente manipuladas, institucionalizando la devaluación, que esencialmente es la degradación y subestimación de la capacidad productiva, para engendrar dependencia e inestabilidad económica en Colombia, para aumentar la deuda externa, haciéndola impagable, ocasionando un faltante grave en contra de la urgente inversión  social.

 

El pueblo soberano, como verdadero sector real, denuncia el enriquecimiento sin causa justa y el abuso del derecho; para generar bien común, reproducir interés social, crear ambiente, proteger el espacio fundamental, la energía vital, desarrollar patrimonio cultural y para construir la paz minuto a minuto. Reconocemos a nombre de la familia colombiana la Jurisprudencia Generada en el año 1999, por la Corte Constitucional, como respuesta consecuente, a las denuncias contra el Anatocismo, germen de la violencia institucionalizada a través del crédito.

 

La investigación sociojuridica, en Latinoamérica evoluciona el derecho, la justicia y la decisión democrática, en íntima relación con la realidad y en plena concordancia con irreversibles procesos de participación, responsabilidad e información, sin premisas erróneas, para identificar, poner en evidencia las absurdas presiones inflacionarias y desmantelar las estructuras organizacionales delictivas, que han generado corrupción, impunidad y agresión corporativa; además, han institucionalizado delitos como el anatocismo, la estafa, la usura, el constreñimiento, el fraude a resolución jurídica, el prevaricato por acción u omisión, la falsedad en documento público, el desamparo a la familia, el despojo de la vivienda digna y general el incumplimiento de la Constitución y ley.

 

Ante el fracaso de las recetas del superestado, en América Latina, se están implementando profundos cambios en el crédito y en el justo intercambio, basando demandas y peticiones en las constituciones, acercando al Estado, ejerciendo una democracia decisiva, los usuarios construyen una verdadera alternativa a la tiranía financiera de trascendencia mundial, porque no acepta imposiciones del F.M.I., porque violan la soberanía, impiden la Planeación Decisiva imponen condiciones inaplicables.

 

El estudio de la macroeconomía, art. 270, 273.c.n. nos ha permitido profundizar en las causas de la pérdida de capacidad adquisitiva del dinero. El análisis de conceptos e índices como I.P.C., límites del interés legal, inflación, servicio de la deuda externa, programas de financiación, devaluación y muchos otros aspectos que inciden en el poder de compra de nuestra colectividad, ha permitido plantear procesos que nos orienten hacia la recuperación de la capacidad adquisitiva familiar.

 

Sentencia No. T-423

DERECHO A LA VIVIENDA

El derecho a la vivienda sólo puede obtenerse, al igual que todos los derechos, de conformidad con la ley; y no, desconociendo derechos de los co-asociados, como se ha pretendido, al convertir a los "invasores" en titulares reclamantes del derecho a la vivienda establecido en la Constitución Política. Se trata de un derecho asistencial, que debe ser promovido por el Estado, de acuerdo con la ley, para ser prestado directamente por éste o a través de entes asociativos igualmente regulados jurídicamente, tal como se ha expresado. De suerte que no es un "derecho fundamental" sobre el cual pueda caber la acción de tutela. La terminación de un contrato de arrendamiento no puede tenerse como violatoria del derecho a la vivienda consagrado en la CP.

JUEZ DE TUTELA-Límites

No es labor del juez de tutela reemplazar a los jueces en la función judicial que les confiere la ley sino, con un carácter subsidiario, amparar a los particulares en relación con las decisiones de las autoridades públicas que atenten contra sus derechos. De suerte que el Juez en cada caso debe afinar la interpretación de las acciones u omisiones, que según la demanda violan un derecho fundamental, a fin de constatar si, efectivamente, de manera indudable, sin mayores argumentaciones jurídicas violan el derecho demandado.

 

Sentencia C-595/99

FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD

La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen. La función social tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que por otra parte, le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad.

DERECHO DE PROPIEDAD-Núcleo esencial / DERECHO DE PROPIEDAD-Límites

La propiedad, en tanto que derecho individual, tiene el carácter de fundamental, bajo las particulares condiciones que ella misma ha señalado. Justamente los atributos de goce y disposición constituyen el núcleo esencial de ese derecho, que en modo alguno se afecta por las limitaciones originadas en la ley y el derecho ajeno pues, contrario sensu, ellas corroboran las posibilidades de restringirlo, derivadas de su misma naturaleza, pues todo derecho tiene que armonizarse con las demás que con él coexisten, o del derecho objetivo que tiene en la Constitución su instancia suprema. Por esas consideraciones, la Corte procederá a retirar el término arbitrariamente (referido a los atributos del derecho real de propiedad en Colombia) del artículo 669 del Código Civil, demandado.

 

El contenido de los derechos humanos agrarios, evoluciona en íntima relación con el derecho de oportunidad del uso de el hábitat autosuficiente en Venezuela, y en Colombia con la democratización de la propiedad de el hábitat autosuficiente, pero existe un ataque brutal contra la redistribución pacífica de la propiedad y la oportunidad.

 

El sujeto y el beneficiario del ordenamiento jurídico agrario, debe ser el hombre que trabaja el hábitat autosuficiente, pero el neoconservatismo se niega a aceptar pacíficamente esta realidad y pretende violenta e ilícitamente la acumulación de la concesión o de la propiedad sobre el hábitat autosuficiente.

 

Los principios de función social y ecológica de la propiedad son conceptos fundamentales y necesarios para entender el derecho a un hábitat autosuficiente y la reforma agraria como posibilidades reales, para el replanteamiento de la relación entre producción, distribución y consumo, hacia la reproducción de relaciones armónicas de pervivencia.

 

La utilidad real de estos principios, ha sido esencialmente aplicada en América Latina, ha servido para justificar un proceso de reforma agraria, ha sido posible para organizaciones campesinas o de derechos humanos luchar ante los tribunales utilizando el concepto de la función social y ecológica de la propiedad, para comenzar, se puede afirmar que la función social de la propiedad descansa en dos pilares: la explotación eficiente de el hábitat autosuficiente, y la relación personal y directa entre el hábitat autosuficiente y quien la trabaja, el principio de la función social como base para promover las expropiaciones de tierras ociosas no se ha usado realmente.

 

Muchas tierras baldías que ni siquiera están apropiadas por particulares, no están cumpliendo dicha función y que, en consecuencia, deberían quitárseles a terratenientes por considerarse ociosas; es decir, este principio se ha usado más en términos de argumentación frente a situaciones concretas, que a nivel judicial como alegato o como criterio para producir una decisión, e invocar este principio por la vía judicial, porque normalmente se intenta por la vía administrativa.

 

Sin embargo, por la forma en que está diseñada la ley, parece complicado demostrar que no se está cumpliendo con esa función. No es difícil intuir, en función de lo que se sabe hasta el momento, cual puede ser la conducta de los tribunales al respecto. Los tribunales en Venezuela siempre han mostrado una conducta conservadora y temerosa hacia lo que poco conocen. Y precisamente la materia agraria es muy poco conocida en Venezuela, aún en los estados de gran tradición agrícola. Los tribunales tradicionalmente han asumido una conducta muy apegada al derecho civil, pero la función social y ecológica de la propiedad, puede ser un buen mecanismo a seguir para alcanzar la expropiación y la protección del derecho a un hábitat autosuficiente, por otra parte, existen casos en los que amparos agrarios se han ganado precisamente invocando el concepto de la función social, el centro de la discusión está en esclarecer lo que se entiende por la función social; todo el desarrollo de la reforma agraria se basa justamente en este concepto.

 

Las Constituciones no lo desarrollan, precisamente porque existe un modelo neoconservador que retraza o desea detener lo irreversible, negándose violenta y tercamente a comprender qué es la función social.

 

Lo relativo al cumplimiento de la materia ambiental,

lo relacionado a la normativa laboral,

lo referente a las normas catastrales,

lo que se entiende como función social, refiriéndose a una explotación eficiente de el hábitat autosuficiente; y

lo correspondiente a la necesidad familiar del trabajo,

 

Sin renunciar a la propiedad privada se busca, que la dirección de esa unidad sea familiar, es decir que sea explotada directamente por el propietario de la unidad, el concepto de función social y ecológica de la propiedad, contenido en la reforma agraria, indudablemente ha sido desvirtuado por visiones consumistas y dogmáticas de industrialización, modernización y occidentalización, en función de criterios de desarrollo y de una idea de interés nacional, influido por una visión occidental desarrollista, centrada únicamente en el crecimiento económico, que desconoce otros criterios.

 

Los fines y objetivos de la transformación que persigue dicho ordenamiento, mediante la sustitución del latifundio por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de el hábitat autosuficiente, basado en la equitativa distribución de la misma, la adecuada organización del crédito y la asistencia integral para los productores del campo, buscan asegurar a quien labora el hábitat autosuficiente, que ésta constituya la base "de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad".

 

La Ley de Reforma Agraria en Colombia del 3 de agosto de 1994 y del 5 de marzo de 1960 en Venezuela, garantizan derechos económicos-sociales, un ordenamiento jurídico para que se alcancen fines y objetivos, dentro de la proclama de derechos inherentes a la dignidad intrínseca de la familia, reconocidos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

 

Aunque existen enemigos de la redistribución pacífica de la propiedad y de la oportunidad, también se produce la proclamación de un orden social justo, que lentamente en Colombia y Venezuela se van institucionalizando, para lograr la satisfacción de las aspiraciones fundamentales del hombre, contenida en la Declaración sobre el progreso y el Desarrollo Social de 1969 como lo enuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su Preámbulo.

 

Estas metas, llevaron a elevar el mejoramiento económico y social de los seres humanos como un derecho inalienable al desarrollo, de igual rango que los derechos civiles y políticos. Derecho que se traduce en el establecimiento de un verdadero régimen de justicia social, que junto con el de la libertad personal, es determinante para el respeto de los derechos esenciales del hombre, para asegurar al hombre fundamentalmente su dignidad, que el legislador agrario le reconoce un conjunto de derechos, que califica de irrenunciables, que merecen, en base a la anterior consideración, la denominación de derechos humanos, porque cuando se trata de trabajadores de el hábitat autosuficiente, es precisamente a través de esos derechos como éstos alcanzan el desarrollo que es un medio inalienable de los seres humanos para realizarse como personas, es decir, para garantizar su dignidad.

 

La creación de las corporaciones de ahorro y vivienda, permite la acusación falsa contra las entidades del estado que construyen vivienda. En el año 1972, la vivienda se convierte en una excusa para la devaluación, con la creación de la UPAC, unidad de valor adquisitivo constante, partiendo de la premisa falsa de proteger el valor del tesoro de los grandes ahorradores; durante estas tres décadas la construcción se utiliza para alterar toda la macroeconomía.

 

La vivienda se convierte poco a poco en una mercancía, desde el momento en el que se le va quitando la calidad de servicio de dotar de vivienda al estado, con la disculpa de construir vivienda para las clases medias; el espacio vital se reduce, paulatinamente se va entrando en una competitividad absurda que se nutre de la migración masiva del campo a la ciudad.

 

En el año 1991, en la Constitución Política de Colombia, se retoma la función del estado de dotar de vivienda, la vivienda se convierte nuevamente en una obligación del Estado, en un derecho de todos los colombianos. Pero, desde 1972, se creó una legislación paralela con una aceptación masiva, con un respeto hacia la corporaciones de ahorro y vivienda que muy pocos comprendieron desde esa época.

 

En el año 1999, la Sentencia c-595 de la Corte Constitucional, define al artículo 669 del código de comercio, así “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.", sobre la FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD, “presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen. La función social tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que por otra parte, le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad.”

 

"Artículo 669. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno."

 

La arbitrariedad, se declara inexequible, porque ella, es el ejercicio del abuso de ese derecho, sin contemplaciones ni sensibilidades ignorando las perversas consecuencias que engendra. El nativo, no es arbitrario, el tiene un enorme respeto por la madre naturaleza, porque es su fuente de vida, de ella recoge los alimentos; en las 30’600.000 hectáreas de propiedad colectiva en resguardos y reservaciones indígenas, ellos y su espacio itinerante, están cumpliendo con una función social que se traduce en bienestar comunitario, porque le produce sus medios de pervivencia y subsistencia, de otorga los medios para cubrir sus necesidades en un tiempo determinado; se necesita una reingeniería y reconceptualización del saber ancestral para brindar protección al medio ambiente, con democracia decisiva, se toman determinaciones autónomas sobre la tierra y sus ecosistemas, para resolver problemas de tierras de esos campesinos.

 

Pero contra toda la macroeconomía errada, desde la microeconomía familiar, se están  edificando  nuevas relaciones sociales, nuevas posibilidades de intercambio,  de comunicación, de trueque y numerosas alternativas de evolución de pensamiento comunitario. En el año 1999, con las demandas de inconstitucionalidad contra los sistemas inadecuados de financiación de vivienda, se reconquista la inembargabilidad de la vivienda, y se recupera la función social y ecológica de la propiedad.

 

En la década de los 90, se lanza el ataque que las va limitando y liquidando, el Banco Central Hipotecario desde el año 2000, el INURBE en el año 2003, se acabará por mandato de este tipo de personas que perdieron la vergüenza.

 

No tenemos que ser competitivos, ni tenemos que acceder a nuevos mercados, lo cual supone crear las condiciones de autosuficiencia en lo fundamental, o sea en la alimentación y en la economía sin intermediaciones innecesarias, para transformarla hacia productos con valor agregado, incorporando desde la vivienda, la ciencia y tecnología a los procesos productivos la Autogeneración de recursos, Independencia Económica, Autenticidad, Autonomía y toda una serie de posibilidades de trabajo intelectual y material, superando modelos y paradigmas que impiden la verdadera evolución social.

 

La necesidad de identificar nuestros potenciales, nos hace repensar en alternativas económicas a la dependencia.  El reconocimiento de nuestra geografía y de nuestro gran recurso humano, conlleva a una reflexión profunda sobre la verdadera capacidad de una nación. Por el avance vertiginoso de las comunicaciones, de economía a pequeña escala, tiene una trascendencia mundial, por la intercomunicación entre los Seres Humanos, por la velocidad entre la transmisión de información.  Esta cuantiosa información, disponible en cualquier lugar del Planeta se convierte en conocimiento cuando la Economía Solidaria aplica sus principios filosóficos transformando la cantidad en calidad, la información en conocimiento. Los impuestos son eso, imposiciones de una élite que no comprende las salidas y soluciones a unas circunstancias específicas. El Estado Alcabalero, fue rechazado desde 1781, por los comuneros, rehusado por la Independencia de España en 1810 y 1819 y contraindicado por los artesanos en el Gobierno del General Melo, en 1854, es una demostración que el pueblo soberano, sí ha eliminado los impuestos y sobrepasado los regímenes autoritarios y expoliantes.

 

Pero en contra del patrimonio de nuestras naciones, se incrementa la violencia institucionalizada, manejada desde el extranjero con un modelo acumulativo exageradamente sensible, a las presiones desestabilizadoras externas que apoyando una estructura de la gran propiedad privada, en la década de 1990 al 2000, y se incrementa con un marcado proceso de acumulación, de transnacionalización. Al examinar los antecedentes del ALCA, se ve que éste sintetiza las relaciones políticas y comerciales de carácter unilateral que Colombia ha mantenido con EU, y que quedó descrito desde el siglo XIX, por Bolívar en la Carta de Jamaica.

 

Estados Unidos, acepta tener superávit en su balanza de pagos, pero desde 1958 a 1971 no fue así; el déficit en Estados Unidos, creció debido a la Guerra de Vietnam y a sus nefastas consecuencias, como la siembra de coca en Colombia.

 

EU, como principal economía del mundo, manipula el ALCA, se niega a comprender que al conocimiento ambiental de los indígenas, le es inherente una reproducción de sanas relaciones sociales que los hace manejar así sea empíricamente, la autogénesis que les ha permitido subsistir integralmente.

 

Estados Unidos, cree que puede con abastecer el mercado mundial con el ALCA,  lo que equivale a una alianza para negociar y lograr ventajas con la manipulación del poder económico, participa con el 20% de las exportaciones y el 17% de las importaciones totales, pero el ALCA equivale a plantear las condiciones políticas y sectoriales para crear un mercado común, que beneficia principalmente a los Estados Unidos, esta  es una falsa alianza para negociar y lograr ventajas de la manipulación del poder económico.

 

Esto es, homogenizar el acceso a los mercados, a la inversión, a los servicios, a las compras del sector público, es obviar controversias normativas, es protección agrícola, es derechos de propiedad intelectual, es derechos compensatorios y política de competencia, desfavorable a todas naciones de América diferentes a los USA. Este fenómeno es característico del proceso de privatizaciones que asumió la región durante el decenio que al inicio de la década del 90, estableció la figura de fusiones y adquisiciones de empresas privadas. La CEPAL, afirma que si la segunda mitad de la década del 90 se caracterizó por la expansión muy notable de las privatizaciones de bienes de uso público, como mecanismo de penetración de los capitales extranjeros en la región, en los dos últimos años 2000 y 2001, se ha producido la agrupación de empresas privadas.

 

En abril de 2001, en Québec Canadá, se fijaron las fechas de negociación y las condiciones para permanecer dentro del ALCA, que en el caso de Colombia, no debe integrarse como Nación con viabilidad económica y política, debe rechazar falacias, cláusulas antidemocráticas y mecanismos de devaluación y políticas antidrogas. Contra estos sofismas, están a la orden del día, la Autogeneración de recursos, Independencia Económica, Autenticidad, Autonomía y toda una serie de posibilidades de trabajo intelectual y material, superando modelos y paradigmas que impiden la verdadera evolución social.  La crisis del modelo neoliberal, es principalmente ocasionada, por la excesiva acumulación y la defensa violenta de la gran propiedad privada. No tenemos que ser competidores para acceder a nuevos mercados, porque se están creando condiciones para incorporar ciencia y tecnología a los procesos productivos fundamentalmente colaborativos no competitivos.

 

En agosto de 2001, en Colombia, se logra la cancelación de la deuda pública con reservas existentes en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), con ellas, se paga la deuda absurda de estas entidades y en el futuro en se impedirá el cobro de intereses sobre intereses, para que los municipios y departamentos, desarrollen la función social y ecológica de la propiedad y se dediquen a la inversión social.

 

Rechazamos el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses o capitalización de intereses, porque tanto en la deuda microeconomía familiar como en la deuda macroeconómica (interna y externa) las cuotas por parte de los especuladores financieros se institucionalizan para lograr y manipular el crecimiento de la deuda, para mantener la especulación financiera, deuda externa que impide la inversión, la generación de producción, creyendo que el dinero, genera dinero y haciendo más importante la especulación, que el propio trabajo.

 

Uno de los objetivos del ataque frontal contra Venezuela, en los años 2002 y 2003, es imponer aquí, la propiedad privada. La inexistencia de este lastre en Venezuela, ha impedido allí, la existencia de paramilitares; la desesperada y violenta alianza entre católicos y paramilitares que se cristalizó desde la conquista, es un peligro y es una de las causas de la guerra en Colombia.

 

La necesidad de identificar nuestros potenciales, nos hace pensar en alternativas económicas a la dependencia.  El reconocimiento de nuestra geografía y de nuestro gran recurso humano, conlleva a una reflexión profunda sobre la verdadera capacidad de una nación.

 

Están a la orden del día, la Autogeneración de recursos, Independencia Económica, Autenticidad, Autonomía y toda una serie de posibilidades de trabajo intelectual y material, superando modelos y paradigmas que impiden la verdadera evolución social.  La crisis del modelo neoliberal, es principalmente ocasionada, por la excesiva acumulación y la defensa violenta de la gran propiedad privada.

 

Cuando la comunidad y la familia principalmente, retoman la función del manejo de las relaciones sociales, recuperan su capacidad y se proyectan independientemente autogenerando recursos, alternativas y procesos.  La familia, cuando supera el consumismo, y entiende, comprende y maneja su hábitat y sus integrantes, proyecta cambios sustanciales en el comportamiento con el vecindario y con la sociedad en general.  El teletrabajo por ejemplo, esta generando una capacidad de generación de ingresos, disminución de costos, optimización de la infraestructura  y eliminación de desplazamientos innecesarios.

 

La vivienda taller, otro por ejemplo similar, es otra forma de autogeneración de recursos, que transforma los espacios de consumo y asentamientos dormitorio, en espacios de producción y vecindarios productivos.  La relación macroeconómica entre producción, distribución y consumo, se equilibra cuando se evitan las intermediaciones innecesarias.  Desde la microeconomía familiar, se están  edificando  nuevas relaciones sociales, nuevas posibilidades de intercambio,  de comunicación, de trueque y numerosas alternativas de evolución de pensamiento comunitario.

 

Por el avance vertiginoso de las comunicaciones, de economía a pequeña escala, tiene una trascendencia mundial, por la intercomunicación entre los Seres Humanos, por la velocidad entre la transmisión de información.  Esta cuantiosa información, disponible en cualquier lugar del Planeta se convierte en conocimiento cuando la Economía Solidaria aplica sus principios filosóficos transformando la cantidad en calidad, la información en conocimiento. 

 

El compromiso para construir nuevas comunidades exige actuar sin ningún tipo de dependencias, la búsqueda permanente de libertad individual y colectiva, plantea enormes cambios contextuales, que se basan en reconocimiento y en la repotencialización de la capacidad desde la familia, la familia es el modulo colaborativo básico de la sociedad y cuando ella se proyecta armónicamente sobre la comunidad establece nodos cooperantes,  autogeneradores de abundancia, fundamental para la pervivencia de un conglomerado humano.

 

La independencia económica, radica en el conocimiento y manejo de los recursos, principalmente humanos, sin manipulaciones externas ni internas, contrarias a la convivencia armónica. 

 

La concepción respice polum (mirar al polo), se impone vinculando el futuro de Colombia con EU. A partir de esta fecha se incrementó su presencia en Colombia vía inversiones extranjeras y participación en la balanza comercial. En este período se financian los préstamos de EU a nuestro país y en 1940, en el Gobierno de Olaya Herrera, las dos naciones firmaron un acuerdo de comercio bilateral.

 

El 22 de julio de 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, se pactó la creación de instituciones como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, durante la segunda guerra mundial, en el documento denominado "Pilares de la paz", se difundieron acuerdos que le dan facultades al dinero, creando un monstruoso imperio de los billetes, contenido en este tipo de conceptos: "las materias del dinero internacional y de las finanzas son importantes para la paz y la prosperidad"; se impone la convertibilidad del dólar con respecto al oro, asignando al comercio exterior privilegios que afectan la vida de toda la humanidad, asumiendo que todos los países tienen un interés vital en el intercambio de divisas nacionales; así se apropian de las regulaciones y condiciones que gobiernan su funcionamiento. A los billetes de Estados Unidos que circulaban por el mundo, se les facilitó la equivalencia a reservas en oro existentes en Fort Knox.

 

Desde 1944, Estados Unidos, acepta que para que el dólar reemplace al oro, debía tener superávit en su balanza de pagos. En el Gobierno de Franklin D. Roosevelt, antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eduardo Santos se opuso a la estrategia americana de unificar los ejércitos frente a la amenaza nazi, advirtiendo los peligros que para los países de la región significaba el armamentismo que hacía carrera en sectores del coloso del norte; finalizada la guerra, el país se alineó en lo militar con los intereses estadounidenses de seguridad continental y participó activamente en la guerra de Corea con el envío del Batallón Colombia, con una política militar anticomunista y nuestras relaciones bilaterales disfrutaban una luna de miel.

 

Estados Unidos, acepta tener superávit en su balanza de pagos, pero desde 1958 a 1971 no fue así; el déficit en Estados Unidos, creció debido a la Guerra de Vietnam y a sus nefastas consecuencias, como la siembra de coca en Colombia. El Plan Colombia, fue aprobado en el año 1997 en el Congreso de USA, violando todos los principios de autodeterminación de los pueblos.

 

El deseo de apropiación de millones de hectáreas en el piedemonte de la orinoquia y de la amazonia colombiana, con el correspondiente exterminio de los nativos, se oficializan supraconstitucionalmente en el Plan Colombia y en el ATPA, Andean Trade of Preferences Associated, en el año 2000, con estos perversos planes, se oficializa la gran injerencia del nuevo milenio de USA, con su política exterior hacia Colombia, combinando el terrorismo económico y la guerra de baja intensidad, maquiavélicamente imponen la especulación financiera, actividad parásita de la sociedad que no está fundada en el respeto a la dignidad humana, ni en el trabajo y ni en la solidaridad, porque obedece a órdenes con disposiciones externas e inconvenientes, con las que se minimiza de manera inexplicable nuestra autodeterminación, en descaro total contra la prevalencia del interés general.

 

En la década de 1970 a 1980, se destapa el neoliberalismo con la imposición de la devaluación, Este es un período errático y nefasto en el cual Colombia fue considerada como disfuncional para el orden internacional.

 

La tendencia devaluacionista, se impone a todo el mundo, desde ese decenio se empiezan a crear formas que justifican la corrección monetaria en diferentes países; en Colombia, se institucionaliza con la unidad de poder adquisitivo constante y el "Club de Roma" publica en 1972 su texto "Los límites del crecimiento", frenando descaradamente el desarrollo.

 

La irrupción del narcotráfico altera las costumbres y tradiciones colombianas, impone el pragmatismo que justifica el enriquecimiento fácil. En este periodo los norteamericanos, tratan de establecer el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos (1979), cuya aprobación finalmente fue negada en el Gobierno de Betancourt (1982-1986), pero se decide el ingreso al bloque de los No Alineados, pero que desde la óptica norteamericana era alinearse con la URSS.

 

La devaluación, es impuesta porque bloquea el crecimiento económico, impide la regulación  monetaria, cambiaria y crediticia, es uno de los índices que causan más muertes, miseria y quiebra de empresas que la guerra misma; con la inflación estos índices e impuestos, son maquiavélicamente legalizados, producen la descomposición social, la soportan y la legitiman; efectos como la corrupción y factores de desestimación social, acuden a la violencia física, negando la posibilidad de distribuir pacíficamente la abundancia, en complicidad elitista las recetas del superestado y los testaferros son manejados desde el extranjero con un modelo acumulativo exageradamente sensible, a las presiones desestabilizadoras externas.

 

El terrorismo económico, es su desesperada respuesta, es impuesto supraconstitucionalmente, pasando por encima de leyes y normas de normas; la anarquía y el abuso de la autoridad, se implementan y a través de los medios masivos de comunicación, se están alienando las conciencias y limitando las capacidades.

 

EU, como principal economía del mundo, manipula el ALCA, lo que equivale a una alianza para negociar y lograr ventajas con la globalización, -participa con el 20% de las exportaciones y el 17% de las importaciones totales-, pero el ALCA equivale a plantear las condiciones políticas y sectoriales para crear un mercado común, que beneficia principalmente a los Estados Unidos, esta  es una falsa alianza para negociar y lograr ventajas de la globalización.

 

Esto es, homogenizar el acceso a los mercados, a la inversión, a los servicios, a las compras del sector público, es obviar controversias normativas, es protección agrícola, es derechos de propiedad intelectual, es derechos compensatorios y política de competencia, desfavorable a todas naciones de América diferentes a los USA. Este fenómeno es característico del proceso de privatizaciones que asumió la región durante el decenio que al inicio de la década del 90, estableció la figura de fusiones y adquisiciones de empresas privadas. La CEPAL, afirma que si la segunda mitad de la década del 90 se caracterizó por la expansión muy notable de las privatizaciones de bienes de uso público, como mecanismo de penetración de los capitales extranjeros en la región, en los dos últimos años 2000 y 2001, se ha producido la agrupación de empresas privadas.

 

De los productos que gozan de preferencias, Colombia sólo exporta un pequeño porcentaje, pues no somos competitivos y tampoco hemos diversificado la estructura exportadora. En fin, si desea saber usted cuál es nuestra condición, le diré que consiste en cultivar los campos para que produzcan añil y grana, café y cacao, azúcar y algodón, en criar ganado, en capturar los animales selváticos para conseguir sus pieles, y en cavar las entrañas de la tierra para hallar el oro capaz de saciar a esa avarienta nación". Hoy, casi 200 años después, seguimos dependiendo del petróleo, carbón, café, banano, flores y textiles (70% de nuestras exportaciones), con precios que tienden a la baja, e importamos costosos bienes de capital y tecnología. Y más grave, somos importadores netos de alimentos.

 

El compromiso para construir nuevas comunidades exige actuar sin ningún tipo de dependencias, la búsqueda permanente de libertad individual y colectiva, plantea enormes cambios contextuales, que se basan en reconocimiento y en la repotencialización de la capacidad desde la familia, la familia es el modulo colaborativo básico de la sociedad y cuando ella se proyecta armónicamente sobre la comunidad establece nodos cooperantes,  autogeneradores de abundancia, fundamental para la pervivencia de un conglomerado humano.

 

La independencia económica, radica en el conocimiento y manejo de los recursos, principalmente humanos, sin manipulaciones externas ni internas, contrarias a la convivencia armónica.  En los años 90 estuvo signada la dinámica que muestra que aun en los momentos más críticos de las relaciones bilaterales, la economía y el comercio se mantuvieron y EU sigue siendo el primer inversionista y socio comercial del país; la política nada tiene que ver con la moral calvinista por el narcotráfico y relaciones comerciales que estuvieron bajo la política.

 

Colombia, tiene preferencias arancelarias unilaterales: el Sistema generalizado de preferencias que otorga la UE a los países con problemas de drogas; algunos productos ingresan a USA con el Atpdea, diseñado agresiva y unilateralmente para países que se comprometen a erradicar drogas y a luchar contra el terrorismo.

 

En el año 2003, se comprende el porqué, del ataque contra la democracia Venezolana; es una perversa alianza para incluir la propiedad privada sobre la tierra, permitir el megasaqueo y expandir la religión católica en sus territorios. La agenda de la expoliación de recursos naturales, es un breviario de deuda social.

 

La Internacional Socialista, desconociendo 511 años de agresión, todavía en el año 2003 y su movimiento socialdemócrata, no asumen responsabilidad respecto de la función social y ecológica de la propiedad, su compromiso es ladino y hasta inexistente al respecto.

 

En la década de los 90, se lanza el ataque que las va limitando y liquidando, el Banco Central Hipotecario desde el año 2000, el INURBE en el año 2003, se acabará por mandato de este tipo de personas que perdieron la vergüenza.

 

Descripción de características técnicas y socioambientales que describan el estado de las cuencas y microcuencas, número de cuerpos de agua en el área, unidad de área en vegetación, unidad de área intervenida, estado de espacio en el hábitat, mediciones y determinación de franjas, son fundamentales para los planes de ordenamiento territorial, planes parciales, proyectos productivos y diseños integrales.

 

La libertad, el dialogo, el acuerdo, son básicos para evitar la tiranía local.

 

Las familias consumistas que rechazan la producción, también son responsables de la disminución del espacio vital e implementación la cadena de equivocaciones, con su modelo depredador, ejercen presión poblacional y cohonestan la pobreza, conducen a millones de seres humanos a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza, inmersos en un intercambio desigual, paternalista del proteccionismo, sin exigir la cancelación total de la deuda externa, agreden la biodiversidad y propician la destrucción del Medio ambiente.

 

La democracia decisiva, paga la Deuda Social y Ecológica, cancela la Deuda Externa e impide la devaluación e inflación; impide transferir al Tercer y al Cuarto Mundo estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el Medio Ambiente, evoluciona un Orden Económico Internacional justo, hace más racional la vida humana, para salvar la humanidad de la autodestrucción; distribuye mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta, optimizando los recursos para que haya menos pobreza y menos hambre en el planeta, utiliza toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenible sin contaminación.

 

-  Identificar clara de los sectores sociales destinatarios, con el fin de determinar la cobertura de acción.

- Establecer  el nivel de conocimiento que la comunidad tienen frente a su problemática socioambiental.

-  Determinar, diseñar y cuantificar las áreas de recuperación.

- Determinar el nivel de conocimiento de la comunidad frente a la problemática socioambiental y establecer las prioridades de acción educativa.

-  Examinar algunas implicaciones económicas, sociales y  socioambientales que animen los procesos de manejo del entorno y de los recursos naturales del área de influencia, con el fin de orientar su futuro en una dirección acorde, con los requerimientos de un desarrollo sustentable y socialmente equitativo.

- Establecer mecanismos de participación, concertación y coordinación comunitaria con el fin de comprometerlos en el proceso de recuperación de las microcuencas caño.

- Propiciar mecanismos de concertación y coordinación interinstitucional e intersectorial, que formalicen canales de participación en el proceso de recuperación del caño.

-  Organización, participación y planificación de desarrollo mediante un programa de autogestión, obteniendo una estabilidad  social y de este modo una estabilidad económica logrando así  un ambiente armónico y lleno de convivencia entre sus habitantes.

-  Efectuar el proceso de elaboración del estudio.

-  Diagnóstico y proyecto de acuerdo al objetivo general.

-  Participación comunitaria  desde el  punto vista real, logrando un manejo óptimo de su entorno, con sentido  de pertenencia y arraigo mediante la sensibilización, concientización e integración, elaborándose programas, estrategias, actas, agendas socioambientales, informes preliminares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS DE 3 DÉCADAS DE NEOCONSERVATISMO EN LA REGIÓN

 

autor  ALEJANDRO BAQUERO NARIÑO  ( propiedad intelectual registrada )

 

3 DÉCADAS EN LA EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD, LA AUTOGENERACIÓN DE RECURSOS, CONCEPTO GENERAL, EN LA ORINOQUIA  

 

 

 

MARCO CIENTÍFICO

 

La naturaleza por medio de la fotosíntesis, transforma en biomasa la energía solar o también en materia inerte; segundo a segundo, existe un transcurso natural de autogeneración de recursos que produce agua, oxígeno y otros tipos de materia no viva y factores abióticos que además son fundamentales para la vida; este es un proceso inherente a la biodiversidad y a la geología, que evoluciona el valor social, que es tan importante; el constante y generoso aporte del sol, los egoístas pretenden apropiárselo privadamente, manteniendo en la ignorancia a las mayorías; estos nuevos recursos que se producen instante a instante, son patrimonio de la humanidad, ningún descubrimiento o ningún invento justifican su individual apropiación.

 

La autogénesis, para los seres vivos, es el fundamento de su sistema inmunológico; es la base de la vacuna que genera los anticuerpos, o del estímulo de las barreras celulares que atacan los virus y bacterias malignas. El transporte de genes en virus inofensivos, como vehículos de terapia genética, se soporta en la autogénesis para agilizar y acelerar la actuación del medicamento contra el factor de desorden y tener mayor alcance en la corrección del defecto en el genoma del individuo; en la actualidad, esta terapia genética, aporta nuevas alternativas a la evolución de la medicina y la relación sociedad-salud e inclusive se puede considerar en el rescate de colectividades e individuos con serios problemas mentales; las neuronas se pueden reestimular hacia actitudes sociales, corrigiendo comportamientos antisociales y corrigiendo degeneraciones naturales.

 

La biósfera aporta también soluciones normal y espontáneamente en el proceso salud-enfermedad, como en lo económico, la emisión local de las monedas nativas y métodos de intercambio justo, que reproducen y estimulan la autogeneración de relaciones sociales, de convivencia, de respeto, de armonía y ecología.

 

La fotosíntesis incide en la autogénesis de conocimiento, con la alimentación del cerebro, entre más óptima sea la irrigación sanguínea del cerebro mejor será su funcionamiento, reflejado en evolución permanente de la conciencia y sabiduría del individuo; la autogeneración de creatividad, en lo colectivo, se estimula mediante la investigación, por razón del análisis, mediante la reflexión, por medio de la orientación o educación, con la ayuda del estudio y mediante el manejo de la soledad que es el fundamento primordial de la democracia.

 

 

DEFENSA DE LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD.

 

El prospecto colaborativo, evoluciona lentamente, institucionalizando y llevando a la práctica experiencias que demuestran alternativas a la propiedad elitista. La geopolítica, la situación económica del mundo actual, es la causa fundamental y en última instancia determinante de la destrucción del medio natural como bien jurídico, que reclama inmediata protección; el Derecho ambiental abarca un grupo indeterminado de relaciones jurídicas en el intercambio que a diario se establece entre el hombre y la naturaleza, es por ello que su protección debe realizarse desde diferentes esferas jurídicas.

 

La protección jurídica del medio ambiente en América Latina es una protección de derecho, que replantea la relación entre producción, distribución y consumo, hacia la reproducción de relaciones armónicas de pervivencia; esta prospectiva y renegociación colaborativa, ha necesitado repensar la propiedad colectiva sobre el hábitat autosuficiente, en los asentamientos humanos.

 

MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

 

En el año 1991, el Club de Roma exacta y taxativamente define: "El tiempo se está acabando. Y algunos problemas han alcanzado ya una magnitud que  impide abordarlos con éxito". Reconoce que la deuda es o será papel chatarra y cambia su estrategia de endeudar por la de la privatización y apropiación individualista del patrimonio público de los países, por parte de sus testaferros y tiranos locales.

 

El terrorismo económico, es su desesperada respuesta, es impuesto supraconstitucionalmente, pasando por encima de leyes y normas de normas; la anarquía y el abuso de la autoridad, se implementan y a través de los medios masivos de comunicación, se están alienando las conciencias y limitando las capacidades.

 

Con el planteamiento de nuevos asentamientos humanos, en revolución cultural, desde 1991, con democracia decisiva hacia la urgente redistribución poblacional, con un nuevo modelo colaborativo e incluyente, fundamentado en la solución a los problemas, método científico que plantea resolver los problemas, los latinoamericanos estamos creando comunidades con base en el trabajo, con fundamento en los recursos propios y economía solidaria, sector real que maneja gran parte de las economías nacionales, en empresas solidarias, asociaciones mutuales, cooperativas, asentamientos agrícolas integrales, especializados y/o autosuficientes donde la deuda externa e interna está neutralizada. En 1991 se caracteriza la función social y ecológica de la propiedad, en los artículos 58, 59, 60 de la Constitución:

Artículo 58º.-

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.

 

Mediante Acto Legislativo 001 de 1999, con la orientación de sinvergüenzas en un ataque neoconservador de la gran propiedad privada, se suprimió la parte final de el artículo 58 de la Constitución “Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.”

 

Artículo 59º.-

En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización.
En el expresado caso, la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos.
El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.

Artículo 60º.-

El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.
Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.

 

Ni la devaluación ni la deuda externa impagable aparecen en la Constitución Colombiana, pero el endeudamiento sistemático, con la premisa falsa de que existe un sector real, el sector financiero, causa el daño que desemboca en conflictos armados, en megasaqueo y perversas manifestaciones de especulación institucionalizada, de violación a la dignidad, a la autodeterminación, a la soberanía y al bien común.

 

El nativo, no es arbitrario, el tiene un enorme respeto por la madre naturaleza, porque es su fuente de vida, de ella recoge los alimentos; en las 30’600.000 hectáreas de propiedad colectiva en resguardos y reservaciones indígenas, ellos y su espacio itinerante, están cumpliendo con una función social que se traduce en bienestar comunitario, porque le produce sus medios de pervivencia y subsistencia, de otorga los medios para cubrir sus necesidades en un tiempo determinado; se necesita una reingeniería y reconceptualización del saber ancestral para brindar protección al medio ambiente, con democracia decisiva, se toman determinaciones autónomas sobre la tierra y sus ecosistemas, para resolver problemas de tierras de esos campesinos.

 

La propiedad de la vivienda, se constitucionaliza en el año 1991, en contra del modelo excluyente, que desprotegía ese derecho, en la anterior Constitución de 1886; con el avance de la tecnología, desarrolla y evoluciona hacia el apartamento oficina, hacia la vivienda taller, en contra la habitación suntuaria consumista, permite el replanteamiento de la relación entre producción, distribución y consumo, hacia la reproducción de relaciones armónicas de pervivencia, ha necesitado repensar la propiedad colectiva sobre el hábitat autosuficiente, prospecto colaborativo, que evoluciona esencialmente, sobre la base innegable de las sociedades indígenas que perviven con un plan de vida, estas comunidades, no han introducido el lastre de la apropiación, en sus relaciones sociales.

 

DEMOCRACIA DECISIVA

 

El poder público emana del pueblo soberano, la toma de determinaciones de manera directa, profundiza en:

Lo relativo al cumplimiento de la materia ambiental,

lo relacionado a la normativa laboral,

lo referente a las normas catastrales,

lo que se entiende como función social, refiriéndose a una explotación eficiente de el hábitat autosuficiente; y

lo correspondiente a la necesidad familiar del trabajo,

 

Contra estas falacias del dogma convencional, los Pactos y Convenciones Internacionales, reconocen como derechos humanos agrarios los siguientes:

1) El derecho al espacio vital propio del hábitat autosuficiente.

2) La garantía de la propiedad que cumpla con la función social.

3) El derecho al trabajo productivo y estable.

4) El derecho a la organización asociativa de las explotaciones agrarias.

5) El derecho a un medio ambiente adecuado y sano.

6) El derecho a beneficiarse de la explotación de los recursos renovables.

7) El derecho a la seguridad social en el campo y

8) El derecho a una buena nutrición. Derechos éstos que nuestras constituciones, al adoptar como modelo el del estado social de derecho, también proclaman, como ocurre en América Latina.

 

Perversos planes, oficializan la gran injerencia del nuevo milenio de USA, con su política exterior hacia Colombia, combinando el terrorismo económico y la guerra de baja intensidad, maquiavélicamente imponen la especulación financiera, actividad parásita de la sociedad que no está fundada en el respeto a la dignidad humana, ni en el trabajo y ni en la solidaridad, porque obedece a órdenes con disposiciones externas e inconvenientes, con las que se minimiza de manera inexplicable nuestra autodeterminación, en descaro total contra la prevalencia del interés general. El trueque que dinamiza las relaciones entre los municipios y sus habitantes, abandona la economía compartida, y vincula el comunismo primitivo con el que perviven las comunidades indígenas desde 1492, por esto, en relación al concepto de función social no puede dejar de considerarse, lo que piensan los pueblos indígenas.

 

Las agrupaciones consumistas, durante mas de 3 décadas de neoconservatismo en la región, desean, permiten e implementan políticas imperiales, engendran atraso y pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad, pero, los abusos no son eternos, la lucha por los derechos humanos evoluciona; con el fin del apartheid, el nuevo gobierno, de África del Sur, donde han tenido el sistema de propiedad privada más fuerte del mundo y donde ni siquiera se reconocían los derechos laborales en el campo, se ha visto la necesidad de recuperar la identidad, de rescatar la autonomía para enfrentar los conflictos agrarios y solucionar problemas creados en el pasado.

 

PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN COLECTIVAS

- Identificar clara de los sectores sociales destinatarios, con el fin de determinar la cobertura de acción.

- Establecer  el nivel de conocimiento que la comunidad tienen frente a su problemática socioambiental.

-  Determinar, diseñar y cuantificar las áreas de recuperación.

- Determinar el nivel de conocimiento de la comunidad frente a la problemática socioambiental y establecer las prioridades de acción educativa.

-  Examinar algunas implicaciones económicas, sociales y  socioambientales que animen los procesos de manejo del entorno y de los recursos naturales del área de influencia, con el fin de orientar su futuro en una dirección acorde, con los requerimientos de un desarrollo sustentable y socialmente equitativo.

- Establecer mecanismos de participación, concertación y coordinación comunitaria con el fin de comprometerlos en el proceso de recuperación de las microcuencas caño.

- Propiciar mecanismos de concertación y coordinación interinstitucional e intersectorial, que formalicen canales de participación en el proceso de recuperación del caño.

-  Organización, participación y planificación de desarrollo mediante un programa de autogestión, obteniendo una estabilidad  social y de este modo una estabilidad económica logrando así  un ambiente armónico y lleno de convivencia entre sus habitantes.

-  Efectuar el proceso de elaboración del estudio.

-  Diagnóstico y proyecto de acuerdo al objetivo general.

-  Participación comunitaria  desde el  punto vista real, logrando un manejo óptimo de su entorno, con sentido  de pertenencia y arraigo mediante la sensibilización, concientización e integración, elaborándose programas, estrategias, actas, agendas socioambientales, informes preliminares.    

 

El movimiento de derechos humanos, para que desaparezca el hambre y no el hombre, debe incorporar como fundamento, la solución que no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan; con la función social y ecológica de la propiedad, no se pueden privatizar bienes de uso público porque estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

 

Lo que aumente el negativo proceso con el que numerosas especies se extinguen, bosques desaparecen, desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar; han envenenando los mares y ríos, han contaminado el aire, han perforado y debilitado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer.

 

Para los pueblos indígenas ya es un hecho el reconocimiento internacional del derecho que poseen sobre sus espacios itinerantes, nuevamente la autogénesis retoma lo que desde la Primera Internacional Comunista, decidió: luchar contra la propiedad privada, como una de las causas fundamentales de los problemas sociales en toda la historia.

 

La repotencialización de los recursos propios, principalmente del cerebro humano, es solución a problemas sociales, sobre todo en zonas de abundancia ambiental como la orinoquia colombo-venezolana.

 

La lucha por la protección del patrimonio colectivo contra la adjudicación individual de la propiedad, es similar a la lucha entre los que generan bien común contra los egoístas que se apropian de la propiedad colectiva o de lo que otros generan o de la naturaleza aporta expontáneamente. Esta lucha, es análoga a la disputa entre los librecambistas y los intervencionistas en el siglo XIX, es similar a la lucha entre los partidarios de la propiedad privada contra los que quieren abolirla; en el siglo XX, las últimas tres décadas desde el año 1970 al año 2000, son ricas en esta confrontación, donde por una parte maquiavélicamente la geopolítica desconoce la función social y ecológica de la propiedad y por otra parte se la protege e institucionaliza.

 

El indígena, comprende instintiva y empíricamente la autogénesis. La madre naturaleza, para el aborigen, es la fuente de vida, produce alimentos, genera vida para la población indígena, cumpliendo con la función social que se traduce en bienestar para ésta; el espacio itinerante, cumple con una función social cuando le produce sus medios de subsistencia y los medios para cubrir sus necesidades en un tiempo determinado; se necesita una reingeniería y reconceptualización del saber ancestral para brindar protección al medio ambiente, con democracia decisiva, se toman determinaciones autónomas sobre la tierra y sus ecosistemas, para resolver problemas de tierras de esos campesinos, comprendiendo la hermosa exhuberancia disponible.

 

En contra de esta abundancia, se programan continuas masacres desde la llegada de los europeos en el año 1492, se implementa la expoliación institucionalizada por foráneos que creen que los nativos no tienen derechos, internamente se debilitan las relaciones sociales utilizando a las agrupaciones consumistas, durante mas de 3 décadas de neoconservatismo en la región, que cohonestan por acción y por omisión, el asesinato, la masacre, el genocidio, el destierro, la reducción del hábitat a los indígenas y muchas infamias se implementan e institucionalizan para justificar la conquista y la entrega de las tierras a la Corona; contra estas imposiciones e importaciones absurdas, la cultura indígena, el precedente armónico, es todo un prospecto colaborativo que no se ha dejado exterminar, propositivamente rescata e institucionaliza principios y los lleva a la práctica con resistencia pacífica que es una maravillosa educación contextual y ecológica.

 

El latifundio, aún existe en el año 2003, se prolonga inexplicablemente, hasta con un absurdo respeto por la propiedad feudal, este lastre antiecológico producto de la potrerización, que fue impuesto desde la globalización del año 1492, engendrado por la conquista, con él sistemáticamente se ignora, se rechaza y se ataca la autogénesis, que autoriza al nativo a pervivir sabiamente, dentro de su espacio itinerante; desde el año 1958, Villavicencio, es el municipio de la Orinoquia Colombiana, en el que se construyen nuevos asentamientos para trabajadores de la agroindustria, con un respeto ilógico de la gran propiedad territorial; el hegemonismo, con su modelo neoconservador de la gran propiedad privada, trata de permitir que los grandes terratenientes se beneficien de la especulación financiera y los incorpora al negocio inmobiliario, los vincula al tráfico de divisas y a todas las formas creadoras de subnormalidad; este paradigma, orienta la concepción de los barrios que se edifican en la década del 60, en la región orinoquense; además, se construye para grupos humanos que no llegan, y la inexistencia de adjudicatarios, o son reemplazados y se les sustituye burocráticamente por habitantes que se someten al modelo depredador que contamina, destroza y seca las microcuencas.

 

Desde 1944, Estados Unidos, acepta que para que el dólar reemplace al oro, debía tener superávit en su balanza de pagos. En el Gobierno de Franklin D. Roosevelt, antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eduardo Santos se opuso a la estrategia americana de unificar los ejércitos frente a la amenaza nazi, advirtiendo los peligros que para los países de la región significaba el armamentismo que hacía carrera en sectores del coloso del norte; finalizada la guerra, el país se alineó en lo militar con los intereses estadounidenses de seguridad continental y participó activamente en la guerra de Corea con el envío del Batallón Colombia, con una política militar anticomunista y nuestras relaciones bilaterales disfrutaban una luna de miel.

 

Desde el año 1944, se crea la preponderancia del nuevo dios, el dólar; se degenera el significado de la propiedad, se crea un superestado al servicio de la acumulación del capital de las multi y transnacionales, a la orden del poder hegemónico beneficiando a los USA y a los países desarrollados; el concepto de ahorro es orientado por el modelo neoconservador de la gran propiedad privada. Además, en todo el mundo impone la confusión conceptual, alrededor de la idea del desconocimiento del patrimonio público, permitiendo su apropiación por particulares, engendrando un aberrante saqueo a las riquezas de los pueblos.

 

Durante las próximas dos o tres décadas se dan las reformas agrarias impuestas desde Europa, por gobiernos que querían acabar con el feudalismo en el campo y querían imponer sistemas modernos de producción de alimentos con bajo precio, esto ocurre en casi toda la región entre 1950 y 1975. En Perú, tuvo poco impacto la orden extranjera. En contraste con Colombia, donde si existe propiedad privada sobre el hábitat autosuficiente, en Venezuela, la inexistencia de la propiedad privada sobre el hábitat autosuficiente, es un avance trascendental en cuanto a la democratización de la oportunidad; en 1961, el 2,2% de las explotaciones abarcaban el 78% de la superficie cultivable, después en 1971 un 3,1% de las explotaciones se producen en el 76,5% de las tierras, la oportunidad es manipulada.

 

Específicamente en la cabecera de Villavicencio, se ordena aumentar el área de la ciudad, con programas habitacionales, eliminando programas de albergues rurales que se construyeron con financiación de la Caja Agraria, por ejemplo urbanizando zonas de reserva ambiental, en el Zacatón hoy barrio Panorama de Villavicencio, que era la despoblada salida hacia Bogotá, en las décadas del 60, 70, 80 se urbanizó esta zona, además, se construye en zonas de expansión urbana de la década de los años 50, en los municipios llaneros, existe inmensa cantidad y disponibilidad de terrenos aptos para la construcción, pero se descarta la posibilidad de la gratuidad de la vivienda, debido a la subliminal influencia de un modelo urbano de vida, que hace creer que sin acceder a sistemas de crédito, es imposible abordar el derecho a la vivienda.

 

Las falacias juegan un papel negativo que evita la verdadera libertad y favorecen el abuso de autoridad. La injusticia, se prolonga en la Orinoquia colombiana, desde el año 1960, conservando un oscuro respeto por el latifundio, populista e hipócritamente la geopolítica desconoce la función social y ecológica de la propiedad, y con la disculpa de dotar de vivienda a los trabajadores de la agroindustria, se crean asentamientos con una concepción errónea, urbana y clasista que introducen la competitividad espacial y reducen el espacio vital; el hábitat se disminuye, se diluye en la cadena de falacias del consumismo; al aceptar paradigmas importados y promover la producción arrocera en el piedemonte llanero, se entrega vivienda imitando el constructivismo de los países dominados por el socialimperialismo.

 

Ese es un concepto central a la hora de pensar el derecho a un hábitat autosuficiente, que está consagrado en la mayoría de las constituciones latinoamericanas pero que en estos tiempos, desde el año 1970, debido a la avanzada del modelo económico neoliberal, se ha visto seriamente amenazado y se ha revertido.

 

Conjuntamente con los problemas y conflictos en torno al hábitat autosuficiente en América Latina, se ha venido analizando en los últimos años, el intangible valor social de la autogénesis que autoriza al nativo a subsistir sabiamente. Dentro de los aspectos positivos de estos tiempos destaca el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus espacios itinerantes y territorios tradicionales. Todavía hay muchos conflictos; todavía hay muchas invasiones y desplazamientos, pero se ha logrado en el plano internacional, el reconocimiento a los pueblos indígenas, sobre los derechos específicos sobre las tierras, el ambiente y el hábitat tradicionalmente ocupado por ellos.

 

La creación de las corporaciones de ahorro y vivienda, permite la acusación falsa contra las entidades del estado que construyen vivienda. En el año 1972, la vivienda se convierte en una excusa para la devaluación, con la creación de la UPAC, unidad de valor adquisitivo constante, partiendo de la premisa falsa de proteger el valor del tesoro de los grandes ahorradores; durante estas tres décadas la construcción se utiliza para alterar toda la macroeconomía.

 

La vivienda se convierte poco a poco en una mercancía, desde el momento en el que se le va quitando la calidad de servicio de dotar de vivienda al estado, con la disculpa de construir vivienda para las clases medias; el espacio vital se reduce, paulatinamente se va entrando en una competitividad absurda que se nutre de la migración masiva del campo a la ciudad.

 

El grupo humano que se aguanta la reducción del espacio vital, es una población dócil que no comprende la función social y ecológica de la propiedad, son rezanderos y antiguos habitantes de la misma cabecera municipal que aceptaban la imposición feudal y que cambian de vecindario para mejorar socialmente y acercarse a la clase que maneja el poder político, o sea que no son habitados por las familias trabajadoras para quienes se concibió y se diseño inicialmente; la sal taller es reemplazada por la sala símbolo, que aparenta ascenso social; estos nuevos asentamientos aunque rompen con el modelo feudal de crecimiento de los asentamientos, son habitados por familias pequeño burguesas que se someten a equivocaciones y a influencias que los marca de por vida, impidiéndoles comprender la autogénesis y asimilar la amplitud.

 

Esta equivocación conceptual, con nefastas consecuencias económicas, en estos nuevos asentamientos humanos, ha creado un desprecio por el autoabastecimiento en zonas donde la repotencialización de los recursos propios, es la solución a todos los problemas sociales. El superestado, impide fórmulas de autogeneración de recursos, fórmulas de autoreconocimiento.

 

El enfoque que concibe a la vivienda, como cualquier bien alienable, es una visión errada, absurda e inhumana, que desde el año 1970, debido a la subliminal influencia de un modelo urbano de vida, promociona el enriquecimiento ilícito y logra que desde esta década se desprecie al ser humano y lo convierta en un objeto de consumo, degenera la vivienda en una mercancía; la orden es sacar la población del campo, implementando una masiva migración del campo a la ciudad y crear un mercado obligado de clientes de vivienda para endeudarlos indefinidamente.

 

El terrateniente, autoriza construir a su lado, en la década desde el año 1960 al año 1970, acepta nuevas construcciones en sus propiedades urbanas, ofreciendo lo que cree que puede vender, da permiso hasta para construir la vía, la iglesia, la Universidad, el campo deportivo, controla empíricamente la renta y el incipiente mercado inmobiliario; la lucha entre los librecambistas e intervencionistas, es equivalente a la riña por la adjudicación de la propiedad y su definición, es comparable con la lucha entre los partidarios de la propiedad privada contra los que quieren abolirla.

 

Desde el mismo año de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, no se han ejecutado sus recomendaciones; se desconoce a nivel municipal, han pasado ya más de 3 décadas desde el año 1972, hasta el año 2003, poco a poco, se va ampliando el perímetro urbano en el municipio de Villavicencio, para llegar a 6.000 hectáreas de las 136.600 hectáreas que lo constituyen, con una equivocada planeación que minimiza la relación con el contexto regional, se desprecia la autogénesis, y se atropella la función social y ecológica de propiedad.

 

La vivienda taller, es una forma de autogeneración de recursos, que transforma los espacios de consumo y asentamientos dormitorio, en espacios de producción y vecindarios productivos; la economía que se basa en los recursos propios es subestimada totalmente por los manipuladores del poder económico; el recurso humano es despreciado; tampoco reconocen, otros recursos como el agua, toda la sociedad hidráulica en este caso, es desconocida, la biodiversidad, el aire, el oxígeno, la temperatura, el paisaje, el horizonte, la infraestructura, la topografía, los megaecosistemas, los ecosistemas estratégicos, las cuencas y microcuencas.

 

La función social de la propiedad, es un concepto que fue introducido en la legislación colombiana, desde 1932 por el Presidente Alfonso López Pumarejo. A nivel mundial la socialdemocracia, ha sido reacia a tomar decisiones al respecto, en estos 71 años, influenciada por el modelo neoconservador de la gran propiedad privada, que evita por todos los medios, la redistribución pacífica de la abundancia.

 

En la década de 1970 a 1980, se incita violenta y erróneamente la migración del campo a la ciudad, creando cinturones de miseria en las ciudades, se estimula un caos organizado, se destapa el neoliberalismo y debido a la subliminal influencia de un modelo urbano de vida, se institucionaliza la pérdida de valor del peso colombiano, revivida en el año 1999, se impone la devaluación, que es una figura económica asociada a la corrección monetaria, definida por el Banco de la República colombiano, como: "la tasa que se utilizaba para actualizar el valor de la unidad de poder adquisitivo constante UPAC, hoy la U.V.R.. A esa tasa se redefine el valor de las deudas a los ahorros denominados en UPAC.”,  La UVR, calculada en función matemática de la inflación en Colombia y América Latina es un escenario de violación de todo tipo de Derechos Humanos y sus gobiernos han buscado su solución en una pérdida de poder adquisitivo legalizado.

 

Desde el decenio de los 70, en Villavicencio los programas que se financiaban por entidades como el Instituto de Crédito Territorial, empiezan a sustituirse por los programas del Banco Central Hipotecario, de la manera más  insensible atropellando la función social y ecológica de la propiedad, como en otros países, se empiezan a crear formas que justifican la corrección monetaria; queda claro que la devaluación en Colombia, se legaliza y se implementa, utilizando la industria de la construcción.

 

Con estos índices se está prolongando la existencia del modelo excluyente, la devaluación, es impuesta para retrazar la función social y ecológica de la propiedad, para detener y bloquear el crecimiento económico; por medio de premisas falsas se favorece a los ahorradores en moneda extranjera y a exportadores sumisos, minimiza de manera arrolladora la economía basada en los recursos propios, ataca la autodeterminación, con un descarado enriquecimiento ilícito y en desafío total contra la prevalencia del interés general, recortando derechos de las mayorías.

 

Llevándolos a las ciudades, a la competitividad y a la disminución del espacio vital, se desplaza a millones de seres humanos violenta o pacíficamente, para esclavizarlos mediante el crédito, este desplazamiento genera una desventaja cultural, pérdida de referentes, se les empuja hacia una proletarización del campesinado en América Latina, que se agudiza con el ataque neoliberal y para institucionalizar además, la pérdida de poder adquisitivo de la familia, por medio de la inflación y de la devaluación.

 

La reconceptualización de la necesidad del hábitat autosuficiente, reaparece en el año 1976, en la Declaración de Vancouver, contemplando una vez más la opción que permite pervivir con base en la autogénesis que autoriza al nativo a subsistir sabiamente en colaboración permanente, y a su vez se fundamenta en el truequemodelos e ideas alternativas para tener en cuenta el intangible valor social la humanidad trata de proponer y comprender la economía basada en los recursos propios, se avanzó en el replanteamiento de la relación entre producción, distribución y consumo, en los asentamientos humanos de 1976 se hacía la referencia a que el hábitat autosuficiente, no puede ser tratado como un bien ordinario, controlado por individuos, sujeto a presiones e ineficiencias del mercado, al modo de utilizar el suelo debería determinarse de acuerdo con los intereses de la comunidad.

 

Científica, eempírica e ingenuamente, en las academias que comprendieron la agresión hegemónica, se lucha en contra del ecocidio rural estimulado por el crecimiento urbano, con estudios que propenden por:

 

La vivienda en Colombia, es convertida en mercancía desde el año 1972, con la disculpa de proteger al ahorrador de la pérdida de valor de sus ahorros; en ese año el "Club de Roma" publica en su texto "Los límites del crecimiento", con el se justifica e institucionaliza la unidad de poder adquisitivo constante, upac, que frenan descaradamente el desarrollo, para impulsar la nefasta corrección monetaria que es la fórmula para justificar matemáticamente la inconstitucional devaluación, que como su nombre lo indica, es la institucionalización de la pérdida de poder de valor del peso colombiano, con relación a otras monedas, principalmente con relación al dólar. Se justifica la pérdida de poder de compra de las monedas nacionales en el mercado interno, que va de la mano con la inflación con incidencia directa en lo interno, la devaluación implanta la pérdida de valor del peso en lo externo. La inflación y la devaluación, son índices macabros que institucionalizan y destruyen la capacidad adquisitiva de nuestro dinero.

 

Al final de la década del 7O se publica: "Interfuturos" de la OCDE y el "Global 2OOO" de la Administración Carter. A mediados de los 8O lo hace el "Informe Brandt"; en 1988 le tocó al de la ONU sobre "Nuestro Futuro Común", llamado Informe Brundtland. La irrupción del narcotráfico altera costumbres y tradiciones colombianas, impone el pragmatismo que justifica el enriquecimiento fácil.

 

¿Cómo evitar que entidades, que constituyen un Superestado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo y otras relacionadas con la especulación, avalen despropósitos e influyan sobre las decisiones de los funcionarios colombianos?

 

La respuesta es, respetar nuestra autoestima, recuperar la vergüenza, “para impedir la burla al marco jurídico, para no permitir que se evada el orden justo, para proteger el patrimonio público, y crear conocimiento soberano”.

 

La Devaluación, institucionaliza la dependencia económica inexistente en todos los artículos de la Constitución colombiana; crea innumerables círculos viciosos, que se transforman en miseria, en subnormalidad, y con la inflación se utilizan como índices globales para hacer perder masivamente el poder de compra al pueblo, para generar volatilidad financiera, inestabilidad económica e ingobernabilidad; la devaluación, es inconstitucional o sea, que es una variable deprimente; la investigación sociojurídica, analiza su inconstitucionalidad, pone en evidencia a los especuladores financieros y permite definir quienes han hecho los promedios para mantener las tasas especulativas, con la DTF.

 

La Dependencia económica, Institucionalizada por la Devaluación, no aparece en ningún Artículo de la Constitución Colombiana. El saqueo de la biodiversidad colombiana está legitimado por la Devaluación. El Modelo Depredador, COMPETITIVO, Devaluador, Subnormalizante, viola el Artículo 58 de la Constitución porque permite la primacía del interés particular sobre el interés general y le  quita la función ecológica a la propiedad, porque en esencia el Modelo Neoliberal es, Ultradefensor de la Gran propiedad privada de la acumulación inhumana que tanta violencia y tanta miseria irriga por el planeta.

 

Se construyen viviendas para trabajadores de áreas suburbanas, en áreas urbanas que responden a un modelo influenciado por varias equivocaciones:

La disminución del área habitable

La aceptación de precios de el hábitat autosuficiente

La aceptación de un modelo consumista urbano

Desprecio por la vida en el campo

 

Los manipuladores del poder económico, con sofismas y sobornos, degeneran las medidas conducentes a democratizar la titularidad de acciones cuando el Estado enajena su participación en una empresa, debe ofrecer a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria.

 

La propiedad colectiva sobre los medios de producción, debe ofrecer a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para democratizar la titularidad, la propiedad; no se puede dejar degenerar esta propiedad con la imposición de una privatización. Tampoco, se debe dejar degenerar la función social de la propiedad cuando el trabajador se limita a luchar por un salario, y renuncia subliminalmente a su derecho al espacio vital propio de su empresa.

 

La función ecológica de la propiedad, textualmente queda como función inherente a la función social en la Constitución Colombiana desde 1991, con la ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente, que, protege la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, teniendo en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, acoge y desarrolla la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que:

“reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia, DECRETA: TITULO I FUNDAMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA ARTICULO 1o. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.

5 . En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad. las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo.

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y las clases sociales. 14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física.”

 

Independientemente de que los terrenos sean o no del Estado, lo que distingue el derecho en cuestión y los mecanismos legales a utilizar es la finalidad que se le va a dar a las tierras; cuando se ocupan tierras del Estado, con fines habitacionales, no se puede solicitar un amparo agrario, no se puede emplear ninguno de los medios que da la reforma agraria, porque el hábitat autosuficiente no va a ser utilizada con el fin de cultivarla; sin embargo, puede utilizar recursos para la defensa de su derecho a la vivienda, como función social y ecológica de la propiedad, institucionalizada en Colombia, en el año 1991 en la Constitución.